EE UU castiga a México por no certificar su respeto a los DD HH

Estados Unidos ha bloqueado parte de la ayuda que destina a apoyar a México en el combate al narcotráfico mediante la Iniciativa Mérida. No es mucho el monto retenido, solo una partida del 15% del presupuesto total anual. Pero el gesto es significativo. Ese 15% depende de que el Congreso estadounidense reciba una certificación del Departamento de Estado acerca de que México respeta los derechos humanos. A un año de la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala y de la masacre de Tlatlaya, Washington ha decidido no emitir ese informe. El mensaje al Gobierno de Enrique Peña Nieto es claro.

“Este año, no hemos sido capaces de confirmar que México cumple totalmente con los criterios especificados”, explicó la decisión una fuente del Departamento de Estado, bajo condición de anonimato, consultada por EL PAÍS.

No es la primera vez desde que se lanzó la Iniciativa Mérida en 2008 que EE UU frena esa partida vinculada a derechos humanos, recuerda The Washington Post, el primer medio que adelantó el bloqueo de los fondos. Lo que es distinto esta vez, según el rotativo, es que México puede dar por perdido al menos parte del dinero que en otras ocasiones sí acabó fluyendo.

De los 148 millones de dólares reservados este año para la Iniciativa Mérida, cinco han sido “reprogramados” y destinados al “apoyo de erradicación de coca en Perú”, confirmó la fuente oficial, según la cual ello no cambia la voluntad de Washington de seguir “apoyando los esfuerzos del Gobierno de México para proteger y promover los derechos humanos y el Estado de derecho”.

Para Maureen Meyer, especialista en México de ONG Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), "la decisión del Departamento del Estado de no entregar el informe y perder los fondos para México rompe con los esfuerzos que han hecho en años anteriores para justificar que ha habido avances en los derechos humanos en México". Ello, comentó a este periódico, "refleja claramente la gravedad de la situación en el país y su frustración (de Washington) ante la falta de voluntad del Gobierno mexicano de investigar y sancionar a los responsables por violaciones a los derechos humanos".

Aunque Washington ha intentado ser muy comedido en sus declaraciones sobre la situación de derechos humanos en México desde la llegada al poder de Peña Nieto, en los últimos meses ha dado crecientes muestras de inquietud.

Ya lo hizo en junio, con la publicación del informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado. En el capítulo mexicano, el Gobierno de Barack Obama destacó su preocupación con los “significativos” problemas en la materia en México, especialmente la persistente “impunidad” y la “implicación de la policía y el Ejército en graves abusos”. Tlatlaya, donde se ha confirmado la implicación de militares en el asesinato a sangre fría de al menos 15 civiles, e Iguala, donde persisten demasiadas sombras en torno a la desaparición de 43 estudiantes, están mencionados también en lo más alto del reporte, que fue desestimado por México como “ejercicio unilateral”. Pero tal como demuestran cables desclasificados en los últimos meses, esos dos casos llevan haciendo sonar las alarmas en Washington desde hace al menos un año.

Poco después de conocerse el informe del Departamento de Estado, 82 legisladores estadounidenses firmaron una carta manifestando su preocupación por la situación de derechos humanos en México e instando al secretario de Estado, John Kerry, a que “haga de la defensa de los derechos humanos una parte fundamental de la agenda bilateral con México”.

Unos días más tarde, a comienzos de julio, ocho organizaciones de derechos humanos de EE UU y México dieron un paso más allá y pidieron formalmente al Gobierno de Obama que no emitiera este año la certificación de cumplimiento de derechos humanos para México y que, de este modo, retuviera el 15 % de los fondos, tal como ha sucedido ahora.

Según destacó en ese momento WOLA, que fue una de las organizaciones peticionarias, ese gesto “enviaría un claro mensaje de que EE UU condena las graves violaciones de derechos humanos cometidas en México”.

La decisión del Departamento de Estado se conoce en un momento delicado. Esta semana, el martes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizará en Washington el caso de Iguala y revisará las conclusiones preliminares del grupo de expertos internacionales (GIEI), que han puesto en duda la versión oficial de los hechos. De lo que transpire en esa audiencia dependerá en buena parte si la CIDH decide prolongar el mandato de los expertos, tal como quieren tanto los familiares de los desaparecidos como el Gobierno mexicano. Según ha dejado claro, su decisión tendrá en cuenta el grado de compromiso del ejecutivo para cumplir con las recomendaciones que ha recibido sobre la forma de investigar el caso que desde hace un año tiene en vilo a todo el país.