La ONU indaga en México los asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad

El relator de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias, Christof Heyns, tiene sus ojos puestos sobre México. Los casos de homicidios arbitrarios y sin razón aparente por parte de los cuerpos de seguridad se amontonan en la memoria de las familias de las víctimas en cualquier rincón del país. Desde los años 70, durante la guerra sucia, hasta estos días, con la guerra contra el narcotráfico, las denuncias se siguen derivando a una justicia que no llega. Heyns está recorriendo ahora el país –Estados de Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Distrito Federal- para entrevistarse con políticos, asociaciones civiles e instituciones oficiales, con cuyos relatos elaborará un informe.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal entregó un documento al relator en el que detalla que los únicos registros de ejecuciones extrajudiciales que existen en México son el la ONG Human Rigths Watch (HRW), que documentó 24 casos, y el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que cuenta 68 personas asesinadas por agentes del Estado entre 2007 y 2011.

Esos registros solo incluyen aquellos sucesos denunciados y probados por las organizaciones, pero se presume que hay cientos. El informe presentado por HRW el pasado mes de febrero contabilizó hasta 149 desapariciones de personas en las que se probó la intervención de las fuerzas de seguridad durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón.

La Comisión de Derechos Humanos en el DF ha documentado desde el año 2006 al 2013 hasta 36 casos de ejecuciones extrajudiciales. En estos casos, asegura, “la autoridad asesinó a la víctima sin causa aparente”. El 36% de estas muertes se dieron durante la comisión de un delito y en el 30% las personas fueron asesinadas cuando intentaban escapar de la policía, en ocasiones “solo por temor o desconfianza”. La mayoría de las muertes fueron por disparos con armas de fuego y en seis casos se debió a traumatismos por golpes.

“Las narraciones de hechos apuntan a probables detenciones arbitrarias en donde las autoridades policiales, sin justificación alguna, golpearon a las víctimas a tal grado que les ocasionaron la muerte”, dice el documento de la Comisión sobre algunas de estos asesinatos, entre ellos el de una hombre que vivía en la calle o el de un emigrante africano. La Comisión también destaca como “preocupante” el hecho de que en ocasiones los familiares de las víctimas reciben amenazas por parte de los agentes involucrados en los asesinatos para no denunciar los hechos.

Julio Mata, secretario ejecutivo de la asociación de familiares de víctimas Afadem, estuvo presente en una de las reuniones con el relator en el DF. “Se plantearon los problemas estructurales y el tema de la impunidad”, explica por teléfono. Mata tiene confianza en que el informe que presente la ONU contribuya a acabar con estos hechos y dé justicia a las víctimas. “Tenemos confianza en el sentido de que al Estado mexicano le interesa mucho su imagen en el exterior”, apunta.

La visita a México fue una petición del propio relator del organismo internacional que fue aceptada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto. En sus once días en el país, que finalizarán este jueves, Heyns se reunirá con cerca de 100 funcionarios públicos, entre ellos el secretario de Marina y el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam.