Ayuso premia con un puesto en su gobierno a la diputada del PP que investigó el ‘caso Begoña Gómez’

El consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso (PP), ha nombrado este miércoles como nueva viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia a Mercedes Zarzalejo, hasta ahora diputada del partido conservador en la Asamblea regional. Esta doctora en derecho se había convertido en la mano de hierro de Ayuso en el Parlamento autonómico. A ella se le encargó la portavocía del PP en la comisión orquestada por orden de la presidenta para investigar el presunto trato de favor recibido por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su relación laboral con la Universidad Complutense (UCM). También se le dio otra misión de gran alcance político: redactar el pliego de cargos que derivó en una sanción contra Rocío Monasterio, entonces portavoz de Vox, por votar dos veces en una misma iniciativa, suplantando a un diputado ausente. ¿Su nueva misión? Previsiblemente, ayudar a desencallar la polémica nueva ley de universidades de Ayuso mientras cobra un sueldo anual de 99.719,16 euros brutos.

“Se ha producido el nombramiento de Mercedes Zarzalejo como viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia. Agradecemos los servicios prestados a la anterior viceconsejera”, ha dicho este miércoles el portavoz gubernamental, Miguel Ángel García Martín, durante la rueda de prensa que todas las semanas sigue a la reunión del consejo de Gobierno. “No hay que verlo más que como un relevo natural”, ha añadido. “Se incorpora una persona con amplia experiencia en la gestión, que conoce muy bien el ámbito de la universidad y que creemos que va a ser un refuerzo muy importante para abordar los retos de la consejería y, en particular, de la universidad”.

Zarzalejo es conocida por su dureza. Así recibió a Begoña Gómez cuando la mujer del presidente fue convocada a la comisión de investigación de la Asamblea, en la que se acogió a su derecho a no declarar.

“La hemos traído aquí porque queremos saber cómo ejerció de profesor universitario sin serlo, cómo consiguió ser directora de una cátedra sin titulación ni méritos para ello, cómo logró dirigir unos másteres de los que no habría podido ser alumna, cómo consiguió financiar una cátedra de nueva creación con unos fondos muy superiores al del resto, por qué parece ser que se apropió de un software”, dijo entonces Zarzalejo, en una intervención llena de críticas e insinuaciones. “En definitiva, abusó de su posición como esposa del presidente del Gobierno para fabricarse una carrera profesional que hasta entonces nunca había tenido”.

Gómez comenzó su relación con la UCM en 2012, cuando Sánchez aún no era ni secretario general del PSOE, como directora de un curso de captación de fondos. Dos años después, cuando Sánchez ya lideraba a los socialistas, ese curso evolucionó a un máster. En ese momento, se puso al frente de otro: el Máster de Transformación Social Competitiva. La relación profesional de Gómez con el centro educativo acabó en 2024, cuando la universidad canceló tanto la cátedra como el máster que impartía la esposa de Sánchez.

Para poder fiscalizar esa relación en la Asamblea, el PP se agarró a que afectaba al prestigio del centro educativo público. Y le encargó a Zarzalejo que actuara con la máxima dureza posible. Sin embargo, la investigación parlamentaria languideció desde que Gómez compareció en la comisión en noviembre de 2024, acogiéndose a su derecho a no declarar. Tras una veintena de testimonios, el asunto se cerró sin novedades de calado, y con unas conclusiones que solo reforzaron la posición previa de cada partido.

Con ese bagaje, Zarzalejo salta de la Asamblea al Gobierno, sin que el Ejecutivo haya aclarado aun si compaginará su nueva cartera con el acta. Al asumir la viceconsejería de Universidades, Investigación y Ciencia, la todavía diputada hereda un reto mayúsculo: sacar adelante la ley de universidades prometida por la presidenta, que siempre va a presentarse pasado mañana y luego se posterga. Con el proyecto cada vez más cerca de ver la luz, las resistencias de la comunidad educativa al borrador del texto han sido totales, hasta el punto de que los rectores de las universidades públicas regionales se hayan unido para reclamar una mejor financiación. También ha provocado polémica la idea de multar escraches y “atentados contra la libertad de expresión”.

De hecho, el Gobierno regional acaba de rectificar y rebajar la pena a los estudiantes por atentar contra la libertad de expresión de un millón de euros a 300.000 euros en el borrador de la ley de educación superior (Lesuc) que prepara. Por contra, se mantiene la condena de hasta 15.000 euros por poner una pancarta o la “falta de decoro institucional” y hasta 100.000 por participar en escraches o manifestarse sin autorización (en realidad no hay que pedir permiso, es un derecho fundamental garantizado en la Constitución).

Finalmente, el aterrizaje de Zarzalejo en la consejería de Educación prolonga la ristra de continuos cambios en el área desde que el consejero Emilio Viciana está a los mandos. Así, desde 2023, el titular de esta cartera ha prescindido de la Directora General de Educación Infantil, Primaria y Especial; de la Directora de Área Territorial de Madrid-Este; del viceconsejero de Política Educativa; de la Directora General de Investigación e Innovación Tecnológica; y ahora de la Viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia. A esto se unen los cinco ceses decididos nada más llegar al cargo, en julio de 2023, explicables en el contexto de la renovación total del ejecutivo que decidió la presidenta.