Abascal trata de morder en el feudo gallego de Feijóo frente a un PP que lo ningunea

Cuando se pregunta al presidente de Galicia y candidato a la reelección, el popular Alfonso Rueda, si está dispuesto a pactar con Vox para continuar en el Pazo de Raxoi, sede de la Xunta, siempre contesta lo mismo: “No se va a dar esa circunstancia porque Vox no va a tener representación en el Parlamento gallego” tras las elecciones del 18 de febrero. Es una forma de escurrir el bulto, pero también un aviso a los electores: según el PP, los votos a Vox son votos tirados a la basura porque no se traducirán en escaños. Aún peor: pueden abrir la puerta de la presidencia de la Xunta al Bloque Nacionalista Galego (BNG), al privar al candidato popular del apoyo necesario para reeditar su mayoría absoluta.

Frente a una estrategia que pretende laminarlos, los ultras se defienden con uñas y dientes. “Feijóo hizo la campaña del 23-J contra Vox. Un error gravísimo que pagan hoy todos los españoles. Y ahora, cuando Sánchez perpetra un golpe contra el Estado de derecho, Feijóo-Rueda siguen en campaña contra Vox”, ha escrito Santiago Abascal en la red social X. Tras haber pactado en seis comunidades autónomas —formando gobiernos de coalición en cinco de ellas— y más de un centenar de ayuntamientos, Feijóo y Abascal se enfrentan ahora en Galicia a cara de perro. Ambos se juegan mucho. El primero, demostrar que su partido se las basta por sí solo para desbancar a Sánchez; el segundo, obligar al PP a ir de su brazo si quiere tocar poder.

Vox lo tiene muy difícil para entrar en el Parlamento gallego, el único que todavía se le resiste. El partido ultra obtuvo casi 80.000 votos en Galicia en las elecciones generales del pasado 23 de julio, pero no sacó ningún diputado y solo en la provincia de A Coruña superó, por los pelos, el 5% de los sufragios. Ese es el listón que hay que sobrepasar para tener representación en el Parlamento gallego, según la ley autonómica. El PP asegura que los votos que se llevó el partido de Abascal en las generales lo privaron, al menos, de un escaño por Pontevedra, que fue a parar a manos del PSOE. Un argumento con el que machacarán en las próximas semanas.

El adelanto electoral ha pillado a Vox con el pie cambiado. Es la única de las grandes formaciones políticas que aún no tiene candidato para el 18-F. A falta de un parlamentario nativo, el exjuez José María Sánchez, que ocupa un escaño en el Congreso por Alicante, ejerce como “diputado padrino”, el encargado de defender sus intereses en las Cortes, y se ha paseado por la comunidad autónoma durante estas primeras semanas de precampaña electoral.

Sin embargo, el nombre que en medios de Vox se baraja como candidato es el de Manuel Fraga Pedroche, nieto del exministro franquista, fundador de Alianza Popular (marca original del PP) y presidente de la Xunta entre 1990 y 2005 Manuel Fraga Iribarne. Su nieto es asesor del secretariado del ECR (Reformistas y Conservadores Europeos), el grupo del Parlamento Europeo en el que se encuadra Vox, junto a los eurodiputados de Fratelli d’Italia de Meloni o los polacos de Ley y Justicia. Manuel Fraga Pedroche empezó como asistente y luego asesor del Partido Popular Europeo (EPP) en 2012, pero en 2019, sin moverse de Estrasburgo, se pasó al grupo ultra.

Incluso con un Fraga como candidato, Vox lo tiene muy difícil para morder en el feudo electoral del PP. “En Galicia, Vox no está ni se le espera”, afirma rotundo un exdirigente de la formación de Abascal. Para empezar, Vox Galicia no existe. En coherencia con su rechazo a unas comunidades autónomas que quiere suprimir, el partido ultra carece de estructura regional. Ante la convocatoria de los comicios, ha tenido que cambiarle el nombre a la cuenta del comité provincial de A Coruña en la red social X y rebautizarla como ”VoxGalicia#18F”, para lanzar sus mensajes. En esta provincia gallega, en la que tiene mayor implantación, ha pasado sucesivas crisis internas: en octubre de 2022 dimitió su cabeza de lista en las autonómicas de 2020, Ricardo Morado, tras denunciar el abandono por parte de la dirección nacional del partido; y hace poco más de dos meses cesaba el presidente provincial, alegando motivos personales. Vox carece de implantación territorial en Galicia (solo tiene una concejal en el municipio de Avión, Ourense) y, al no tener representación en el Parlamento disuelto, se le ha excluido de los debates televisivos, lo que le deja en desventaja respecto a sus competidores.

Pese a ello, Abascal no tira la toalla y está dispuesto a llevar a Galicia la batalla lingüística contra la supuesta discriminación del castellano, de la que ha hecho bandera en la Comunidad Valenciana y Baleares. Mientras el PP sostiene que no existe un problema con la lengua en la comunidad gallega y habla de un “bilingüismo armónico”, Vox asegura que el castellano está discriminado en la escuela, la administración o la cultura y pone en la diana al secretario general de Política Lingüística de la Xunta y coordinador del programa electoral del PP para el 18-F, Valentín García, al que acusa de coquetear con el nacionalismo y propiciar el ascenso del BNG.

En las últimas semanas, Vox ha anunciado que propondrá la derogación de la recién aprobada ley de la Xunta sobre igualdad efectiva entre hombres y mujeres, se ha sumado a la campaña contra el aborto que promueven foros ultraconservadores de América Latina y se ha opuesto al pacto entre PSOE y PP para cambiar el término “disminuidos” por “personas con discapacidad” en la Constitución. Trata así de marcar perfil propio y poner el acento en los asuntos que más le separan del PP para intentar frenar la marea del voto útil. En las elecciones autonómicas de julio de 2020 no le sirvió de mucho: sacó el 2% de los votos al Parlamento de Galicia, frente al 7,9% que había obtenido en las generales solo ocho meses antes.