La España de las autonomías avanza a golpe de investiduras inciertas desde hace 30 años

El Estado de las autonomías avanza desde hace 30 años a golpe de investiduras inciertas. En España, las comunidades han mejorado su financiación, han asumido más competencias y han reforzado su autogobierno gracias en parte a cesiones de los gobiernos centrales de PSOE y PP en etapas donde no tenían mayoría absoluta en las Cortes. Cuando los dos partidos mayoritarios han precisado de los votos de nacionalistas vascos o catalanes, estas fuerzas políticas has puesto un precio a su apoyo imprescindible y logrado avances ...

El Estado de las autonomías avanza desde hace 30 años a golpe de investiduras inciertas. En España, las comunidades han mejorado su financiación, han asumido más competencias y han reforzado su autogobierno gracias en parte a cesiones de los gobiernos centrales de PSOE y PP en etapas donde no tenían mayoría absoluta en las Cortes. Cuando los dos partidos mayoritarios han precisado de los votos de nacionalistas vascos o catalanes, estas fuerzas políticas has puesto un precio a su apoyo imprescindible y logrado avances para Cataluña, Euskadi y el resto de las autonomías.

Ahora se repite la historia. Los 25 diputados de dos partidos independentistas vascos ―PNV (5) y EH Bildu (6)― y dos catalanes ―ERC (7) y Junts (7)― decidirán con su voto el futuro político de España. De ellos depende la continuidad del actual Gobierno de coalición (PSOE-Unidas Podemos/Sumar) o la repetición electoral. Portavoces de las cuatro formaciones nacionalistas han rechazado ya la otra opción posible: la investidura de Alberto Núñez Feijóo (PP).

Estos cuatro partidos separatistas pretenden obligar al candidato socialista, Pedro Sánchez, a garantizar una serie de reformas legales para mejorar la situación de esas dos autonomías y de algunos dirigentes de los partidos que las gobiernan. Aceptar una parte de las reivindicaciones de las formaciones nacionalistas catalanas ―referéndum de autodeterminación o ley de amnistía― supondría incumplir la Constitución; otras peticiones son asumibles por cualquiera de los candidatos a la investidura.

La enrevesada situación parlamentaria se complica porque Carles Puigdemont, expresidente catalán y líder de Junts, está imputado por los delitos de desobediencia y malversación por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Además, el jefe de Junts, partido clave para la investidura de Sánchez, es un prófugo, algo que nunca había ocurrido en la reciente etapa democrática. Si el PSOE quiere revalidar el poder tiene que negociar con Puigdemont, un político cuyo futuro, si regresa a España, está más cerca de la cárcel que del Parlamento.

Desde hace 30 años, nacionalistas vascos y catalanes utilizan su poder en las votaciones para arañar competencias, dinero o inversiones para sus territorios. En muchos casos, esos avances o mejoras beneficiaron también al resto de las autonomías. Lo que sigue resume las tres últimas décadas de negociaciones con gobiernos de PSOE y PP. En todas esas conversaciones para facilitar investiduras, los partidos nacionalistas lograron cobrar parte del precio que pusieron a su apoyo.

Julio 1993. La cesión del 15% del IRPF a las autonomías que reclamó Pujol

El PSOE de Felipe González consiguió en 1993 una victoria electoral insuficiente. Se quedó a 17 diputados de la mayoría absoluta lograda en las tres elecciones generales anteriores (1982, 1986 y 1989). El presidente fue investido aquel año gracias a los votos afirmativos de CiU (17 diputados) y PNV (5). Unos meses antes, Jordi Pujol había reclamado una reforma legal para ceder a Cataluña la gestión del 15% del IRPF.

Durante la sesión de investidura, el portavoz parlamentario de CiU, Miquel Roca, justificó su rápido apoyo a González en la necesidad de dar estabilidad al Gobierno en momentos de crisis y negó que hubiera obtenido contraprestación alguna del Ejecutivo socialista. Sin embargo, el Ejecutivo socialista anunció solo un mes después de la investidura que los presupuestos de 1994 incluirían la cesión del 15% del IRPF a todas las comunidades. El ministro de Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, comunicó antes la decisión al presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, en una cita de agosto.

Mayo de 1996. Pacto del Majestic. Competencias y otras ventajas para Cataluña a cambio de votar a Aznar

El PP de José María Aznar ganó las elecciones generales de marzo de 1996, pero se quedó a 20 diputados de la mayoría absoluta. Logró el apoyo a su investidura gracias a los diputados de CiU y PNV, quienes tres años antes habían respaldado con su voto al socialista Felipe González en una situación parecida.

Para conseguir el apoyo de los convergentes, Aznar pactó el precio a pagar en las conversaciones del hotel Majestic: aceptó la eliminación de la figura del gobernador civil, la cesión de competencias sobre tráfico, el traspaso de la gestión de los puertos de interés general a las autonomías y la reforma de las leyes del suelo y de costas. El portavoz parlamentario de CiU, Joaquim Molins, recordó durante la sesión de investidura que España era “un Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüístico” y que Cataluña consideraba que su lengua y cultura era “distinta y empezó a formarse hace mil años”. A continuación, el diputado convergente agradeció a Aznar la supresión de la figura de los gobernadores civiles y el resto de los acuerdos: “Nunca hasta ahora nadie se había atrevido a llevar a la práctica desde el poder esa medida. Lo felicito, señor Aznar, por ello”.

El líder del PP replicó que los acuerdos con CiU eran todavía “más positivos” porque, “salvo en los factores diferenciales”, eran “acuerdos generalizables” al resto de las autonomías. “Creo que eso, desde la posición política de su señoría, y de la mía, es un acierto de los acuerdos que conviene resaltar”.

Diciembre de 2001. El PP aprueba el nuevo modelo de financiación autonómica. El “mejor sistema que hemos tenido nunca”, según CiU

En 2001, el Ejecutivo de José María Aznar (PP) gozaba de mayoría absoluta en el Congreso tras las elecciones generales celebradas un año antes. El PP pactó con CiU un nuevo modelo de financiación que trasladaba a las comunidades 1.800 millones de euros más de lo que recibían entonces, con cesión de un porcentaje de determinados impuestos estatales. El cambio fue bendecido por los nacionalistas catalanes: “Es sin duda un paso adelante, es el mejor modelo que hemos tenido nunca, con una mejora cualitativa y cuantitativa porque aporta más recursos al sistema de financiación autonómica en sentido global, y en el caso particular de mi grupo, en Cataluña”, afirmó en el pleno del Congreso el diputado de CiU Heribert Padrol i Munté.

El nuevo sistema permitió a las comunidades financiarse mediante la recaudación de tributos cedidos sobre Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones y Donaciones, sobre el Juego, sobre Determinados Medios de Transporte, sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos; una tarifa autonómica del IRPF; la cesión del 35% de la recaudación por IVA; la cesión del 40% del Impuesto sobre la cerveza, vino y bebidas fermentadas; la cesión del 40% del impuesto sobre hidrocarburos; la cesión del 40% del impuesto sobre labores del tabaco, y la cesión del 100% del impuesto sobre la electricidad además de la creación de un Fondo de Suficiencia.

Ese mismo año, Aznar se reunió con el presidente navarro, Miguel Sanz (UPN), y le prometió traspasar a esa comunidad las competencias de tráfico. El compromiso del presidente del PP lo cumplió el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, 22 años después. En marzo se hizo efectivo el traspaso a Navarra de esas competencias de tráfico ante las críticas del PP.

2006. Nuevo Estatuto de Cataluña pactado entre Artur Mas y José Luis Rodríguez Zapatero

El PSOE recuperó en 2004 el poder perdido en 1996. José Luis Rodríguez Zapatero fue investido presidente con los 164 escaños que logró el PSOE en las elecciones generales y gracias al apoyo de IU (5), ERC (8), Coalición Canaria (3), BNG (2) y Chunta Aragonesista (1). Unos meses antes, en un mitin celebrado en Barcelona, Zapatero prometió aprobar el nuevo Estatuto que saliera del Parlamento catalán. “El debate entonces era si íbamos a apoyar un nuevo Estatuto catalán o no. No era sobre el contenido de ese Estatuto”, explicó años después Zapatero a EL PAÍS. “La frase literal es cierto que podía haberla matizado mejor. Pero el sentido era evidente. Pascual Maragall proponía una reforma del Estatut y el PSOE tenía que tomar posición. Lo que pasa es que luego la frase ha ido transmutándose y ya todo el mundo piensa que dije que apoyaría cualquier Estatuto. No. Es verdad que el tenor literal que utilicé da lugar a que se pueda interpretar así. Es evidente que hay que medir cada coma de lo que se dice en los mítines… Pero el sentido es que yo sí estaba por la reforma del Estatuto, obviamente dentro de la Constitución”.

El Parlamento catalán aprobó en 2006 su nuevo Estatuto de Autonomía. El Ejecutivo tripartito de izquierdas (PSC, ICV y ERC), presidido por Pascual Maragall, sacó adelante la norma tras un acuerdo in extremis entre José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, y Artur Mas, líder de CiU y entonces jefe de la oposición en Cataluña.

El Estatuto de 2006 fue ratificado en referéndum con el 73,9% de los votos a favor y una participación del 48,9% de los catalanes. El texto recogía en su preámbulo que el Parlamento autónomo consideraba a Cataluña una nación y se remitía en muchos de sus artículos a la Constitución española. El PP sacó urnas a la calle contra ese Estatuto y lo recurrió ante el Tribunal Constitucional. Este organismo, muy dividido, estimó parcialmente el recurso al considerar inconstitucionales 14 artículos e imponer una interpretación determinada a otros 27. La sentencia declaró “sin eficacia jurídica interpretativa la referencia del preámbulo a Cataluña como nación”, que se mantuvo. “La Constitución”, señalaba el fallo, “no conoce otra que la nación española”. El tribunal consideró inconstitucional la parte del artículo 6 que señalaba que el catalán es la lengua de uso normal y preferente de las administraciones públicas y los medios de comunicación públicos de Cataluña. La palabra “preferente” fue eliminada del texto por la sentencia. Además, en uno de sus fundamentos jurídicos, establecían que el Estatuto no podía establecer el deber de conocimiento de la lengua catalana, y en otro recordaba que las lenguas reconocidas como vehiculares en la enseñanza eran el castellano y el catalán, y no solo el catalán.

Julio de 2009. Zapatero aprueba el nuevo sistema de financiación. El Gobierno catalán aplaude: “Estamos federalizando el Estado con liderazgo desde Cataluña”

Con un Gobierno tripartito en Cataluña (PSC, ERC e ICV), el Congreso aprobó en 2009 una nueva Ley de Financiación Autonómica que mejoraba en 11.000 millones de euros los recursos que llegaban a las comunidades y aumentaba el porcentaje de los impuestos cedidos. El PP se opuso al nuevo modelo porque era “un traje a la medida de Cataluña”. ERC e ICV alabaron en el Congreso el cambio legislativo: “Lo que estamos haciendo con el nuevo modelo es federalizar el Estado con liderazgo desde Cataluña”, señaló el portavoz de ICV, Joan Herrera.

Marzo de 2012. Indulto de dos militantes de Unió, uno de ellos ex alto cargo de la Generalitat de Cataluña.

Mariano Rajoy (PP) logró mayoría absoluta a finales de 2011 y no necesitó a los partidos nacionalistas para su investidura. CiU y ERC votaron en contra y el PNV se abstuvo.

El PP ayudó con su abstención en marzo de 2012 al Gobierno de Artur Mas (CiU) a aprobar sus presupuestos autonómicos. Ese mismo mes, el Consejo de Ministros presidido por Rajoy aprobó el indulto de un ex alto cargo de la Generalitat de Cataluña y de un empresario, ambos militantes de Unió Democrática, condenados por prevaricación y malversación de fondos públicos a penas de cuatro años y medio y dos años y tres meses de cárcel.

Solo unos meses después, la buena relación entre CiU y PP saltó hecha añicos. Sucedió cuando el entonces presidente catalán, Artur Mas, acosado por la crisis económica que situó a la Generalitat al borde de la quiebra, pidió a Rajoy un pacto fiscal para mejorar la financiación de Cataluña y el jefe del Gobierno central se lo negó. Sin pacto fiscal, Artur Mas convocó unas elecciones anticipadas, envuelto en la bandera soberanista. Allí comenzó la deriva independentista del Gobierno catalán que aún hoy sigue viva.

Abril de 2018. El PP aprueba los Presupuestos con el voto del PNV a cambio de subir las pensiones un 1,6%

Mariano Rajoy revalidó el poder en 2016 gracias a una tormentosa investidura que fracturó al PSOE entre quienes se abstuvieron, obedeciendo el mandato de su Comité Federal, y quienes votaron en contra. “Una cosa es la investidura y otra muy distinta es gobernar”, contó después Rajoy para referirse a un mandato (2016-2018) donde apenas pudo aprobar leyes. El PP logró sacar adelante el presupuesto de 2018 gracias al voto a favor del PNV, quien exigió a cambio subir las pensiones de acuerdo al IPC de aquel año. Solo unos meses después de aprobar los Presupuestos, Rajoy salió del Gobierno por la fuerza de una moción de censura presentada por el PSOE, la primera que prosperó en democracia, gracias en parte al apoyo del PNV.

2020-2023. Gobierno de PSOE-Podemos. Traspaso de prisiones a Euskadi; indultos a ocho condenados del ‘procés’; se deroga la sedición y se reforma la malversación

Pedro Sánchez llegó al Gobierno gracias al apoyo de Unidas Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís, EH Bildu, Nueva Canaria y PNV a la moción de censura presentada contra Mariano Rajoy, presidente de un partido, el PP, que había sido condenado unas semanas antes por corrupción. Sánchez se mantuvo en el Gobierno tras las elecciones de 2019 gracias al apoyo del PNV y la abstención de ERC y Bildu.

El Ejecutivo de coalición traspasó en octubre de 2021 al Gobierno vasco las competencias sobre la gestión de las prisiones. PP, Ciudadanos y Vox se opusieron a esta medida porque serviría para “sacar a la calle a los terroristas”. En noviembre, el Gobierno central firmó un acuerdo para traspasar la competencia de Tráfico a Navarra, un compromiso antiguo del Gobierno de José María Aznar (PP).

El Consejo de Ministros del 22 de junio de 2021 aprobó “por utilidad pública” nueve indultos parciales para los presos del procés, dirigentes independentistas de ERC y Junts. “Merece mucho la pena intentarlo. Queremos cerrar de una vez por todas la división y el enfrentamiento. La sociedad española demuestra hoy su grandeza. Es el momento de volver a la política”, declaró el presidente Sánchez para justificar su decisión.

Los indultos no resolvieron el problema a todos los encausados por el procés. Algunos seguían huidos, como el expresidente Carles Puigdemont, y otros pendientes de juicio en Cataluña. El Gobierno aceptó una propuesta de ERC para reformar el Código Penal con dos medidas tendentes a aliviar la situación de los independentistas catalanes imputados en causas relacionadas con el desafío del 1 de octubre: la derogación de la sedición y la reforma de la malversación para abaratar la pena a quienes no se hubieran lucrado personalmente con el desvío de dinero público. La reforma legal apenas tuvo consecuencias porque el Tribunal Supremo interpretó que los nuevos modos de malversación creados no encajaban en los hechos por los que fueron condenados los independentistas. Por otro lado, la derogación del delito de sedición permitirá a Puigdemont librarse de esa acusación si regresa a España. Solo podrá ser juzgado por los delitos de malversación y desobediencia.