La Audiencia juzga a Camps por un “arsenal de indicios de corrupción”

La Audiencia Nacional juzga a partir de este lunes la etapa de Gobierno de Francisco Camps (PP) al frente de la Comunidad Valenciana (2003-2011). La Fiscalía pide para él dos años y medio de cárcel por fraude y prevaricación. El juez instructor apreció un “arsenal de indicios” de corrupción en la adjudicación de contratos a favor de Orange Market, empresa de la trama Gürtel.

El expresidente valenciano se ha librado en los últimos años de los procesos penales abiertos a numerosos miembros de su Gobierno, muchos de ellos condenados por cometer delitos con el dinero público que administraron. El propio Camps salió absuelto en 2012 del llamado caso de los trajes, que investigó supuestos regalos de la trama Gürtel a cambio de contratos. El expresidente nunca pudo demostrar que los había pagado de su bolsillo, pero un jurado le declaró inocente. En esa causa fueron condenados por los mismos hechos dos de sus altos cargos, el exvicepresidente Víctor Campos y el exjefe de gabinete de la consejería de Turismo, Rafael Betoret, quienes, tras un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, reconocieron haber recibido regalos de la trama corrupta.

Ahora será la primera vez desde que estalló el caso Gürtel, en febrero de 2009, en que Camps deberá responder por las numerosas adjudicaciones a dedo que su Gobierno hizo a favor de Orange Market.

En el banquillo se sentarán, junto a Camps, otros tres consejeros de su Ejecutivo y una decena de técnicos de la administración valenciana, además de los principales miembros de la trama corrupta: Francisco Correa, el jefe; su lugarteniente, Pablo Crespo; y su delegado en Valencia, Álvaro Pérez, quien logró los contratos a dedo para Orange Market por su amistad con Camps, según las conclusiones de la investigación y las intervenciones telefónicas que así lo acreditan.

La empresa Orange Market, sucursal valenciana de la trama corrupta Gürtel, hizo numerosos negocios con distintos departamentos de la Generalitat Valenciana gracias a la influencia de Francisco Camps, según las pruebas que ha reunido la investigación y según el testimonio de alguno de los principales implicados en la causa.

Deuda por mítines

Orange Market también organizó en aquel tiempo todos los actos electorales del PP de Francisco Camps por los que la formación conservadora llegó a adeudar hasta 800.000 euros a la trama corrupta.

Esa deuda se saldó mediante un doble sistema: con dinero donado al partido por distintas empresas nunca declarado a Hacienda, y a través de facturas falsas remitidas por Orange Market a otros contratistas del Gobierno valenciano que se hacían cargo de esos gastos, según los indicios recabados por el juez. “Constan evidencias”, escribió el instructor de la Audiencia Nacional, “de que Camps decidió la adjudicación a Orange Market y que dio las instrucciones oportunas para que se produjera tal resultado”.

Al menos la mitad de los procesados por este caso que hoy empieza a juzgarse en la Audiencia Nacional ha reconocido su culpa y llegado a acuerdos de conformidad con la Fiscalía para reducir sus condenas. Muchos de esos testimonios inculpatorios señalan a Francisco Camps como la persona que ordenó las adjudicaciones ilegales a favor de Orange Market.

El presidente de esa empresa, Álvaro Pérez, ha admitido en escritos dirigidos al tribunal que le va a juzgar su amistad con el expresidente valenciano y todos los favores a Orange Market así como el sistema ilegal que Camps autorizó para que se pagaran las deudas contraídas con la red Gürtel por los actos electorales del PP valenciano.

Empleados de la trama corrupta también han confesado que Camps fue la autoridad que ordenó la adjudicación de distintos contratos para Orange Market, desde el montaje del pabellón de Valencia en Fitur durante varios años, hasta campañas de comunicación de distintas consejerías.

Técnicos y cargos intermedios de la Generalitat valenciana también han reconocido antes de comenzar el juicio su participación en esas adjudicaciones irregulares, y algunos de ellos han apuntado a Camps como la persona que ordenó beneficiar a Orange Market.

Sin pruebas suficientes

El expresidente valenciano ha recordado al juez instructor que no existen en la causa ni intervenciones telefónicas, ni correos electrónicos, ni expedientes con su firma que acrediten las acusaciones de todas esas personas que le atribuyen la máxima responsabilidad en las adjudicaciones irregulares a Orange Market. Camps ha pedido que esas acusaciones, incluidas en los acuerdos de conformidad de los procesados con la Fiscalía, no se tengan en cuenta durante el juicio como prueba de su culpabilidad.

El magistrado instructor, José de la Mata, explicó en su auto de procesamiento que eran numerosas las evidencias que apuntaban la responsabilidad de Camps en la adjudicación irregular de contratos: “No estamos ante una declaración aislada e inconexa de unas personas investigadas cuyo testimonio, como invoca la defensa de Francisco Camps, por el hecho de serlo o por oscuros intereses personales resulta inverosímil. En realidad, estamos ante un arsenal de indicios, muy consistentes, que permite afirmar que Camps participó en el direccionamiento del contrato de grandes eventos de Fitur 2009 a favor de Orange Market. Y que lo hizo para favorecer a Orange Market, como venía haciendo desde 2005, a cambio de su paciencia y resignación ante el impago de la multimillonaria deuda que el PP de la Comunidad Valenciana tenía con Orange Market y su ‘colaboración’ al aceptar las ilegales fórmulas de pago que el PP utilizaba para ir cancelando la indicada deuda”.

Francisco Correa, cabecilla de la red Gürtel, escribió desde la cárcel una carta a la Fiscalía Anticorrupción en la que confesaba que Camps, a través de sus colaboradores, había favorecido con contratos públicos a Orange Market. Álvaro Pérez, el supuesto amigo de Camps y jefe de la trama corrupta en Valencia, también redactó un escrito detallando su amistad íntima con el expresidente y todas las adjudicaciones de contratos que logró gracias al exlíder del PP valenciano. Camps ha intentado retrasar el comienzo del juicio, que no se celebrase y que no se tuvieran en cuenta las manifestaciones sobre su persona de los arrepentidos.