Un correo electrónico a nombre de San Chin Choon respalda la versión de los comisionistas Medina y Luceño: “La operación es correcta”

San Chin Choon vuelve a escena. El juez Adolfo Carretero, que investiga a Luis Medina y Alberto Luceño por una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid durante la pandemia, ha informado que la pasada semana recibió un correo electrónico enviado, “al parecer”, por este empresario malasio, que suministró a los investigados el material sanitario vendido al Consistorio y que les permitió embolsarse casi seis millones de euros en comisiones. En dicho mensaje, al que tuvo acceso EL PAÍS, el supuesto Choon respalda la versión de los imputados: “La operación es correcta y se hizo sin ninguna irregularidad [...] En ningún momento se me comunicó un problema de calidad”, reza el escrito adjudicado al responsable de la compañía asiática Leno Sdn Bhd.

España ya intentó en 2021 contactar con San Chin Choon para recabar su versión y pidió la colaboración de las autoridades malasias, habitualmente reacias a cooperar. Según informó entonces el país asiático, habían localizado al empresario, pero este se negó a declarar. En su correo electrónico, el representante de Leno asegura que en 2022 movió ficha para prestar testimonio y que este nunca se envió al juzgado. Choon defiende que el 18 de abril de este año, una vez que la Fiscalía Anticorrupción ya había presentado su querella contra los comisionistas, Luceño lo avisó de la investigación, por lo que acudió a “realizar una declaración jurada, certificando que la operación fue correcta y certificando los documentos”. Según su versión, el 19 de julio volvió a sentarse ante otro “comisario de juramentos” para responder a las preguntas que en su día le envió el ministerio público.

Esas supuestas declaraciones nunca han llegado por vía oficial al juez Carretero, que se mostró muy escéptico sobre la posibilidad de recabar su versión. De hecho, al informar el lunes a las partes del correo, recalca que el remitente sería Choon —“al parecer”, subraya en su escrito—, pero no le concede el 100% de credibilidad. Hasta ahora, la única referencia que se tenía era a través de una entrevista concedida a la agencia Efe, donde el representante de Leno insistía en que la operación fue “limpia”.

Ahora, en el documento adjunto al correo enviado al juzgado, el presunto Choon amplía esa tesis. Dice que hace negocios con Luceño desde “hace unos años”. Y añade: “Lo conocí en una reunión en China para operaciones comerciales, principalmente de pollo y soja. Me lo presentó un agente comercial que colaboraba con él desde hacía tiempo en relaciones comerciales internacionales”. Sobre Luis Medina, hermano del actual duque de Feria, afirma que nunca ha tenido trato personal con él, ni tampoco ha mantenido ningún tipo de comunicación.

A lo largo de ocho páginas, el supuesto Choon se esfuerza en validar las comisiones y los documentos aportados por los imputados para justificar el dinero que se embolsaron. Unos papeles que Anticorrupción considera que fueron falsificados. En esa línea, la Cámara de Comercio Internacional (ICC) ya confirmó que usaron “modelos falsos”, con “antiguos logotipos”, para presentarse como “agentes exclusivos” de Leno. Sin embargo, según el correo electrónico se ha producido un “error” con las fechas. Una versión que el ministerio público no cree.

La Fiscalía señala numerosas inconsistencias en los documentos facilitados por los comisionistas para justificarse. Por ejemplo, los papeles que los acreditaban como “agentes exclusivos” de Leno se encuentran fechados el “jueves, 12 de septiembre de 2018”, cuando ese día era miércoles. Se rubricaron aparentemente dos años antes de la operación bajo sospecha, pese a que Medina aseguró que nunca había tenido relación con esa empresa antes de intermediar en la venta al Ayuntamiento. En la cabecera, además de los datos de la Cámara de Comercio Internacional, Luceño incorporó también las señas del FBI y la Interpol. Y el que envió Medina a su banco y el que remitió Luceño al suyo son exactamente iguales, excepto por un detalle: el del hermano del duque de Feria incluye a los dos como agentes, mientras que el de Luceño lo presentaba a él y a un tal Chan Beng Kay.

El supuesto San Chin Choon mantiene que, pese a no haber tratado nunca con Medina, lo nombró su agente exclusivo. Y añade que el “error en las fechas” responde a que trabajaban con “borradores” y a “todos” se les “olvidó actualizar” ese dato. El empresario defiende el papel jugado por los dos comisionistas para colocar el material —guantes, mascarillas y test— al Ayuntamiento. “[Sin ellos], no habría podido venderlos por varias razones. En ese momento no era posible contactar directamente con empresas privadas, sino que había que hacerlo a través de empresas gubernamentales autorizadas o gobiernos. Y para eso necesitaba a los agentes: para que pudiera servir la mercadería. Los agentes con los que he firmado acuerdos aportan experiencia en el mercado internacional. Sin esta experiencia no hubiera sido posible cerrar ninguna operación internacional”.

El presunto Choon también respalda la comisión que se llevaron y asegura que forma parte del coste total que pagó el Ayuntamiento. “El precio de los productos hubiera sido el mismo. No vendes a un precio más alto porque tienes agentes. Sin ellos no hay operación”. Además, el correo justifica que Luceño se llevara comisiones más altas: “No puede tener el mismo margen un agente que aporta experiencia y trabaja la operación, ya que él hace todo el trabajo, que uno que solo envía un número de teléfono de un posible comprador”. La Fiscalía cree que Luceño manejó el importe de las comisiones a su antojo y que, incluso, le quitó parte a Medina tras fallar una de las ventas.

El juez mantiene imputados a Medina y Luceño por delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental —al primero, además, le atribuye alzamiento de bienes—. La Fiscalía denunció que los dos empresarios engañaron al Ayuntamiento con tres operaciones de compra de mascarillas, guantes y test. “Estos tres contratos, en los que intervinieron Luceño y Medina, constituyen un negocio jurídico criminalizado”, recalcó el instructor en una resolución: “Luceño, en connivencia total con Medina, ocultó con engaño y ánimo de lucro al Ayuntamiento que el precio de las mascarillas se había elevado un 60%, el de los guantes en un 81% y el de los test en un 71%, como consecuencia de las comisiones que habían pactado”.