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La Fiscalía de Ceuta archiva la única causa contra las devoluciones en caliente de menores durante la crisis de mayo

El ministerio público duda de la minoría de edad del chico que dijo tener 16 años y no logra identificar a los autores y ejecutores de la orden de expulsión

María Martín

La Fiscalía de Ceuta ha archivado la única causa abierta por las devoluciones en caliente de menores durante la crisis fronteriza que se desencadenó en Ceuta entre el 17 y el 19 de mayo, según ha adelantado la Cadena Ser. Los rechazos exprés en la frontera —ilegales en el caso de los menores y aún en cuestión en el caso de los adultos— fueron retransmitidos en directo durante esos días, pero solo uno llegó al Ministerio Público. Se trataba de la devolución de Aschraf, un chico marroquí que contó a EL PAÍS que tenía 16 años y que en su intento de llegar a Ceuta los militares lo expulsaron no solo una, sino dos veces. La secuencia de una de esas expulsiones fue publicada en vídeo por la agencia Reuters. En su escrito, la Fiscalía mantiene, sin embargo, que no se ha podido “acreditar pericialmente” la minoría de edad del chico y que tampoco se ha logrado identificar a los dos militares que lo conducen al otro lado de la frontera. El fiscal tampoco consigue certificar la existencia de órdenes acerca de la devolución de los inmigrantes durante la crisis. Basándose en esas tres premisas, la Fiscalía decide archivar la causa por falta de indicios suficientes de la comisión de un delito de prevaricación así como por la falta de un autor a quien imputárselo.

La decisión del fiscal da carpetazo a una de las denuncias más graves de aquellos días en los que 10.000 migrantes atravesaron los espigones que separan la ciudad autónoma de Marruecos. El ministerio público no niega que existiesen las devoluciones en caliente de menores, pero investiga un solo caso y muy concreto —el único que se ha denunciado— en el que se topa con dos obstáculos: por un lado, el chico del que se cuestiona ahora la edad llegó indocumentado y ahora está en Marruecos ilocalizable; y, por el otro, no se ha podido probar ni quién dio la supuesta orden ni, tampoco, quién la ejecutó. La denunciante, la ONG Coordinadora de Barrios, puede aún llevar su denuncia a un juzgado de instrucción.

Sobre la minoría de edad el fiscal mantiene que el chico no aportó o exhibió ningún documento de carácter oficial con el que poder acreditar y corroborar los años que tenía. “Por la experiencia profesional en esta propia Fiscalía de Área, en la que se realizan numerosas determinaciones de edad de extranjeros indocumentados, es un hecho incontestable que los inmigrantes con frecuencia alegan falsamente su condición de menores de edad con la clara finalidad de obtener un mejor trato e impedir la prosecución de los expedientes de devolución y entrega a su país”, afirma el fiscal. El ministerio público colige, entonces —sin pruebas en un sentido ni en otro— que Aschraf es mayor de edad y añade: “Y así fue apreciado por el personal de las Fuerzas Armadas que realizó su rechazo sumario”. El “hecho central” de la denuncia, mantiene la Fiscalía, descansa en un “presupuesto que no se ha podido acreditar pericialmente”.

El escrito detalla las pesquisas realizadas y los requerimientos de información a las autoridades para identificar si hubo una orden para devolver de forma sumaria a todo el que entraba. Las autoridades responden, en general, de forma sucinta o se niegan a contestar.

Para saber quiénes eran los dos soldados de entre los 2.700 efectivos que movilizaron las Fuerzas Armadas y que actuaron con cascos y mascarillas, el fiscal pidió a la Comandancia General de Ceuta (COMGECE) la identidad de los militares que aparecen en las imágenes, pero la respuesta fue “negativa”. También solicitó a la COMGECE que informase sobre las “órdenes, instrucciones y notas de servicio emitidas en relación a la devolución de personas extranjeras y al modo de actuación en el perímetro fronterizo” y la respuesta fue que los militares se limitaron a una “función auxiliar bajo el auspicio de la Policía Nacional y Guardia Civil”.

También se preguntó a la Delegación del Gobierno, a la Jefatura Superior de la Policía Nacional y a la Guardia Civil sobre la existencia de esas órdenes. La Delegación de Gobierno negó la existencia de ningún tipo de instrucción; la Policía apuntó que las únicas instrucciones velaban por “mantener la seguridad del perímetro y el orden público en toda la ciudad”; mientras que la Guardia Civil se escudó en la confidencialidad de las órdenes dadas esos días para negarse a responder. “Sin órdenes y sin autor no se puede identificar al responsable y no hay caso”, explica una fuente conocedora del proceso.

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Aschraf volvió a Casablanca tras su devolución. Desde el barrio de chabolas donde vivía con su segunda madre adoptiva contó a EL PAÍS que nunca conoció a sus padres biológicos. El chico se marchó de su casa el pasado mes de febrero y pasó cuatro meses en la calle antes de intentar llegar a Ceuta. “Quería ganar dinero y enviárselo a mi familia para que vivan bien”, dijo.

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Sobre la firma

María Martín
Periodista especializada en la cobertura del fenómeno migratorio en España. Empezó su carrera en EL PAÍS como reportera de información local, pasó por El Mundo y se marchó a Brasil. Allí trabajó en la Folha de S. Paulo, fue parte del equipo fundador de la edición en portugués de EL PAÍS y fue corresponsal desde Río de Janeiro.

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