El Gobierno aplaza el plan para facilitar papeles a menores migrantes

La principal medida en materia migratoria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está en un cajón hasta nuevo aviso. El real decreto para facilitar los papeles de los jóvenes que emigran solos —tanto cuando son menores como cuando alcanzan la mayoría de edad— debía ir al Consejo de Ministros del próximo 24 de agosto, pero se ha caído del orden del día y aún no hay nueva fecha para recuperarlo. Migraciones no ha dado explicaciones sobre el retraso de una medida que contaba con aprobar cuanto antes. Solo afirma que confía en que saldrá adelante aunque no sabe concretar cuándo. Fuentes conocedoras de la negociación apuntan, por otro lado, que Interior está lastrando la iniciativa.

La medida, que implica modificar el Reglamento de Extranjería, pretende despejar algunas de las barreras que dificultan la integración de los jóvenes inmigrantes en el mundo laboral. A los menores que llegan solos a España, en patera o en los bajos de un camión, no se les considera irregulares y deben ser acogidos, tutelados y documentados por ley, pero hay muchas trabas que en la práctica les impiden tener sus papeles en regla y es muy difícil que puedan trabajar.

Las exigencias se multiplican cuando cumplen los 18 años y son solo unos cuantos privilegiados los que logran tener un permiso de residencia y trabajo. Uno de los requisitos para que jóvenes extutelados renueven sus permisos a los 19 años es que demuestren ingresos propios mensuales de más de 2.000 euros. Aun cuando reúnen las condiciones, la autorización que se les otorga es a título no lucrativo —como las que suele concederse a las parejas de expatriados— y no les permite trabajar. Para transformar ese permiso y optar a un empleo necesitan que una empresa, sin deudas con la Seguridad Social ni Hacienda, les ofrezca un contrato de trabajo de un año a tiempo completo. Más de 8.000 menores y otros 8.000 jóvenes de 18 a 23 años, que ya están en España, se beneficiarían de la medida.

La iniciativa parecía encarrilada. El texto, que se abrió a consulta pública en abril, ya había sido discutido por los diferentes ministerios implicados, el Consejo de Estado lo había estudiado por vía de urgencia y se habían incluido las modificaciones requeridas. El lunes estaba en el orden del día de la comisión de secretarios y subsecretarios de Estado que prepara los asuntos que se elevarán al próximo Consejo de Ministros del 24 de agosto. “Nada parecía indicar que no fuese a salir adelante”, indican fuentes que han seguido el proceso. Pero no salió.

Las razones que han dado los portavoces de los tres ministerios más implicados en la reforma (Migraciones, Interior y Exteriores) no explican su aplazamiento. Migraciones solo dice que se mantiene a la espera de que su medida se incluya en la agenda del Consejo de Ministros; Interior aduce que Presidencia quiere un parecer global de Exteriores sobre el conjunto de la reforma; Exteriores afirma que comparte “algunas de las preocupaciones manifestadas por Interior por el impacto de la reforma”, pero asegura que “mantiene una postura constructiva”. En ese sentido, añaden, ya han transmitido “propuestas de redacción” y permanecen “abiertos a negociar el texto”. En el Ministerio de Presidencia, cuyo titular, Félix Bolaños, preside la comisión preparatoria de los Consejos de Ministros, no les consta la petición de ese parecer a Exteriores al que hace referencia Interior. Sí mantienen que aún se está “trabajando” en el Reglamento y “puliéndolo”. Aseguran que se llevará al Consejo de Ministros “en cuanto concluyan los trabajos”.

Otras fuentes conocedoras de las negociaciones, sin embargo, afirman extraoficialmente que Interior alegó “razones de oportunidad” para sacarlo de la agenda. Es decir, razones políticas. Según las mismas fuentes es el único ministerio que planteó reticencias para que la iniciativa llegase al próximo Consejo de Ministros.

Efecto llamada

El departamento de Fernando Grande-Marlaska ya había puesto pegas a esta medida. Interior considera que eliminar parte de las trabas burocráticas para que los menores y los jóvenes extranjeros que migran solos pueden residir y trabajar legalmente en España supondrá un efecto llamada. No aportó datos, pero así lo expresó el pasado 16 de julio cuando el texto se debatió entre ministerios de forma oficial por última vez. Interior, según fuentes conocedoras de esa reunión, mantuvo que la reforma impactaría en su política de lucha contra la inmigración irregular, que inquietaría a los socios europeos y que supondría un incentivo para las mafias y para “millones” de jóvenes.

Desde aquella reunión el texto, que pasó por el Consejo de Estado, ha sufrido algunas modificaciones. En general, los cambios no alteran el sentido de la nueva norma, pero satisfacen algunas de las demandas planteadas por Interior y Exteriores. Una de ellas, por ejemplo, amplía los plazos para comenzar a tramitar los papeles de los menores y pasa de los 15 días que proponía la primera versión a tres meses (actualmente eran nueve meses y se incumplían). Ninguna de las fuentes consultadas confirma si habrá nuevas alteraciones del texto.

Las organizaciones sociales que trabajan con los menores reivindican hace años esta reforma y lanzaron una campaña semanas atrás para apremiar al Gobierno a que la apruebe. Las comunidades autónomas, responsables de la tutela de los niños, también se han mostrado favorables al cambio.