El Supremo explora vías para juzgar a Carles Puigdemont en España

No hubo sorpresas y el Parlamento Europeo levantó el martes la inmunidad de la que gozaban como eurodiputados el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí. La votación abre la puerta de nuevo a que Puigdemont sea entregado a España para ser juzgado por sedición y malversación. La decisión está en manos de Bélgica, pero el Tribunal Supremo ...

No hubo sorpresas y el Parlamento Europeo levantó el martes la inmunidad de la que gozaban como eurodiputados el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí. La votación abre la puerta de nuevo a que Puigdemont sea entregado a España para ser juzgado por sedición y malversación. La decisión está en manos de Bélgica, pero el Tribunal Supremo pidió el martes la implicación de la justicia europea ante el temor de que la belga rechace entregar al expresidente catalán con los mismos argumentos que ya esgrimió para denegar la entrega del exconsejero Lluís Puig.

La decisión del Parlamento Europeo de levantar la inmunidad a Puigdemont, Comín y Ponsatí es el primer paso para desatascar un proceso que lleva paralizado más de un año: desde que el Europarlamento reconoció como eurodiputados a los tres líderes independentistas fugados de la justicia española desde 2017 que habían concurrido a las elecciones europeas del 25 de mayo de 2019.

Pero la retirada de la inmunidad, siendo un trámite farragoso, era la fase más sencilla del camino que tiene que recorrer la justicia española para conseguir que Bruselas entregue al expresidente catalán y los dos exconsejeros, a los que el Tribunal Supremo pretende juzgar por sedición y malversación. Se daba por hecho que la Eurocámara concedería el permiso para actuar contra ellos, y así ha sido. A favor de levantar la inmunidad de Puigdemont votaron 400 diputados, frente a 248 que se opusieron y 45 abstenciones. En el caso de Comín y Ponsatí, hubo 404 votos a favor, 247 en contra y 42 abstenciones.

A partir de ahora se inicia una nueva fase con más incertidumbres que certezas, y el camino se vuelve menos seguro para el objetivo que persigue el Supremo. La decisión de entregar a Puigdemont está en manos de la justicia belga, que debe reactivar las euroórdenes que mantiene congeladas desde que los líderes independentistas quedaron blindados como eurodiputados. Bélgica puede retomar de oficio la tramitación de estas euroórdenes, pero el instructor de la causa del procés [referéndum ilegal del 1-O y declaración unilateral de independencia] en el Supremo, el magistrado Pablo Llarena, prevé reclamar oficialmente la reactivación una vez que se le notifique la votación del Europarlamento.

Los precedentes para que Bruselas acceda a entregar al expresident no son favorables al Supremo porque la interpretación del derecho europeo que está aplicando la justicia belga en la mayoría de decisiones que ha tenido que adoptar sobre los líderes secesionistas difiere de la que hace España. El último ejemplo, el rechazo a entregar al exconsejero Lluís Puig, ha encendido todas las alarmas en el Supremo y ha llevado a Llarena a pedir la implicación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Cuestión prejudicial

Horas después de conocer el resultado de la votación de la Eurocámara, Llarena remitió una cuestión prejudicial al tribunal europeo para plantear una serie de dudas respecto a cómo debe interpretarse el derecho comunitario en este caso. El objetivo último del magistrado español es obtener respuestas que le ayuden a decidir sus próximos pasos, pero también limitar las posibilidades de Bélgica de rechazar las euroórdenes dictadas contra Puigdemont, Comín y Ponsatí.

La justicia belga basó el rechazo a la entrega de Puig esencialmente en dos argumentos: que el Supremo no era competente para reclamar la entrega y juzgar a un exconsejero catalán, sino que debía hacerlo un tribunal de esa comunidad; y que no había garantías de que el alto tribunal español fuera a respetar los derechos fundamentales —entre ellos, la presunción de inocencia— de los líderes independentistas. Llarena discrepa de ambas, pero en el escrito enviado al TJUE, de 44 páginas, se detiene con especial énfasis en defender su competencia para actuar contra Puigdemont, una competencia que ya han analizado y avalado el propio Supremo y el Tribunal Constitucional. “Mal se confía en el sistema penal y procesal de otro Estado si lo primero que se pretende por el Estado de ejecución es poner en duda su competencia para emitir un instrumento de cooperación basado, precisamente, en la confianza y cooperación recíproca”, advierte Llarena, que lamenta que, con esta actitud, “el principio de confianza en los sistemas de los Estados de la Unión y de reconocimiento mutuo de sus resoluciones se transmuta en un principio de desconfianza”.

El instructor plantea al TJUE nueve preguntas concretas, entre ellas varias dirigidas a aclarar si el tribunal que decide sobre la euroorden (en este caso el belga) puede “valorar y fiscalizar” la competencia del tribunal que la emite (el Supremo español). Llarena considera también que no hay razones “objetivas” para insinuar que España pueda vulnerar los derechos fundamentales de los líderes secesionistas y pregunta al TJUE por el alcance del informe elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias que advertía de esta posibilidad. El instructor considera que las conclusiones de ese grupo (“que no está creado al amparo de ningún tratado internacional”) no son válidas como argumento definitivo para rechazar la entrega de los políticos fugados.

A la espera

Una vez enviada la cuestión prejudicial y tras solicitar la reactivación de las euroórdenes, el Supremo se mantendrá en principio a la espera de lo que decida la justicia belga. Fuentes jurídicas señalan que las preguntas planteadas por Llarena no obligan a Bélgica a frenar la tramitación de las órdenes de detención, aunque tendría sentido que lo hiciera por si las respuestas del TJUE le obligan a modificar alguno de sus argumentos.

Si Bélgica sigue adelante sin esperar al tribunal europeo y deniega la entrega del expresidente y los exconsejeros, a Llarena le quedaría la posibilidad de intentar lanzar una nueva euroorden cuando conteste la UE si sus respuestas son favorables a la tesis del magistrado español. El instructor de la causa del procés ya se prepara para esta posibilidad en la última pregunta del escrito enviado este martes, en la que interroga al tribunal sobre si el derecho europeo ampararía que se emitiera una nueva euroorden contra una misma persona y ante el mismo país que ya ha rechazado una anterior.

El fin de la inmunidad europea de Puigdemont provocó reacciones dispares en la política española. El más contundente fue el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, quien reprochó al PSOE su voto a favor de levantar el blindaje de los eurodiputados. “Si siguen así lo acabaran celebrando en sus casas, y no en La Moncloa”, advirtió. La portavoz socialista, Adriana Lastra, intentó quitar hierro al aviso de ERC y lo interpretó en clave postelectoral catalana por el “momento complejo” de negociación para la formación del Govern. PP y Ciudadanos celebraron la resolución del Parlamento Europeo y cargaron contra Unidas Podemos por votar en contra.