Qué fue de la Presidencia Europea

Este reportaje solo se puede realizar cada 13 años y medio. Y serán 17 y medio si otros ocho Estados entran en la UE a partir de 2030 y acceden al carrusel de las presidencias rotatorias. Más difícil será que tenga como telón de fondo dos conflictos a las puertas de Europa (Ucrania y Palestina); el shock de unos inciertos comicios anticipados en los prolegómenos de la presidencia (los del 23 de julio); un Gobierno en funciones (el de Sánchez) ensimismado durante cuatro meses en su investidura y actuando en ocasiones como un pato cojo al frente de una presidencia europea en estado...

Este reportaje solo se puede realizar cada 13 años y medio. Y serán 17 y medio si otros ocho Estados entran en la UE a partir de 2030 y acceden al carrusel de las presidencias rotatorias. Más difícil será que tenga como telón de fondo dos conflictos a las puertas de Europa (Ucrania y Palestina); el shock de unos inciertos comicios anticipados en los prolegómenos de la presidencia (los del 23 de julio); un Gobierno en funciones (el de Sánchez) ensimismado durante cuatro meses en su investidura y actuando en ocasiones como un pato cojo al frente de una presidencia europea en estado de vida latente; y una oposición zancadilleando en Bruselas la actividad de ese Ejecutivo y usando lo comunitario como un arma política. Y, a la vuelta de la esquina, unas elecciones al Parlamento Europeo, que suponen un fin de ciclo legislativo.

Y, por si fuera poco, según explica el ministro de Asuntos Exteriores —en funciones en el transcurso de esta conversación— (y de la UE), José Manuel Albares, “en el momento más complejo para Europa desde la caída del muro”. La combinación de esos elementos es diabólica. Y se ha concretado en los 184 días de presidencia española, que concluirá en la práctica con la reunión de jefes de Estado y Gobierno los próximos 14 y 15 de diciembre en Bruselas. Ahí tendrá que cuajar la tortilla y ver qué resultados tangibles aporta. Algunos ya son un hecho, como la reforma del mercado eléctrico (un éxito de Teresa Ribera) o la tarjeta europea para personas con discapacidad, que beneficiará a 87 millones de ciudadanos; el desatasco del Pacto de Migración, la aceleración de la transición ecológica, la apuesta por el turismo sostenible o la tímida apertura a la ampliación de la UE hacia Ucrania, Moldavia y los Balcanes. Sin embargo, muchos asuntos de la agenda aún se encuentran a distintos puntos de horneo en las cocinas del Consejo. Y se servirán en la próxima presidencia, la belga, a partir del 1 de enero de 2024. Después vendrán las elecciones europeas y el frenazo legislativo. El País Semanal ha accedido durante siete meses a la génesis de la presidencia española; a sus tripas; a las cumbres de líderes, y ha hablado con los responsables de su forma y contenido. Y con la oposición. La conclusión es que el semestre ha sido una montaña rusa.

Hace cinco meses, el 1 de julio, con un viaje relámpago a Kiev para entrevistarse con Zelenski, Pedro Sánchez iniciaba la Presidencia española del Consejo. Era un gesto de solidaridad y firmeza. Un golpe de efecto. Según diversas fuentes, Sánchez es un europeísta al que le gusta, comprende y conoce la maquinaria comunitaria y sus pasillos; se maneja en idiomas y tiene predicamento entre sus líderes. En especial, cuenta con la complicidad de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que contempla el éxito de la presidencia española como el broche a su mandato de cinco años, y el trampolín para (si así lo decide) repetir un cargo codiciado por muchos.

La apuesta de Sánchez en el reto semestral ha sido avanzar hacia una mayor integración frente a los euroescépticos. La palabra “unidad” ha sido la más pronunciada. Se esperaba (¿se espera?) mucho de este semestre. Que avanzara y concluyera expedientes clave para el futuro de Europa, desde el reglamento de la inteligencia artificial hasta la gobernanza institucional y económica de la UE, las nuevas reglas fiscales, para que cada socio acometa y reduzca su deuda pública y su déficit presupuestario (sin cargarse su crecimiento), y la autonomía estratégica del continente, hoy (como se comprobó durante la pandemia) dependiente de la tecnología, las materias primas y la energía de terceros países, en ocasiones no aliados. Una agenda presidencial que se pergeñó meses antes del adelanto electoral del 23 de julio (las elecciones iban a ser a finales de año) y que la realidad ha demostrado extensa en exceso.

Según Pablo García-Berdoy, exembajador en la UE, asesor del Partido Popular y líder de Asuntos Públicos Europeos en la consultora Llyc: “El presidente Sánchez sabe y domina. Decide él. Entra a todas las peleas. Le gusta el protagonismo. Se mete en todo. A veces más de lo que puede. Y quizá la presidencia española tenía que haber dejado expedientes en el cajón y no ir a por todas. Es una agenda estupenda, de final de legislatura europea (la definen como golden presidency), pero excesiva. Y, al adelantar las elecciones, se la cargaron antes de empezar”. Para otro embajador que oficia de consejero de Núñez Feijóo: “Es una presidencia que ha carecido de impulso político al haber adelantado Sánchez las elecciones. Un semestre con un Gobierno en funciones y que ni siquiera tiene comunicación con la oposición (porque no pactó sus prioridades con el PP como sí lo hicieron Zapatero y Rajoy en la presidencia de 2010) carece de nervio. Ha quedado desdibujado. Ha salido adelante gracias a la solidez de nuestra Administración en Madrid y Bruselas. Pura tecnocracia”. En el otro extremo del arco político, la diplomática María Lledó, secretaria general de la Unión Europea, a cargo de todo el fárrago técnico de la presidencia, rebate: “Lo más importante no es el protagonismo de concluir tantos expedientes el 31 de diciembre con tu firma, sino avanzar y tirar para adelante en la construcción europea; demostrar que eres un país sólido, serio, capaz de organizar y moderar. Como presidencia, no tomamos las decisiones; nuestro éxito es conseguir una orientación general, una posición común de los 27. Y avanzar”. Para el también diplomático Gerardo Fernández-Gavilanes, del equipo de Sánchez en La Moncloa: “Es una presidencia en la que se han abierto todos los grandes debates formales sobre el futuro de la UE”.

Son seis meses en los que ni España (y menos aún su jefe de Gobierno) ha presidido la UE (que no tiene presidente), ni gobernado el aparato de Bruselas, ni su política exterior (asuntos de los que se encarga el alto representante, Josep Borrell); ni su presupuesto, el euro y el Eurogrupo. Tampoco tiene autoridad sobre la presidenta del ejecutivo, Ursula von der Leyen, a la cabeza de la institución que propone las leyes. Ni siquiera convoca (desde el Tratado de Lisboa, de 2009) a los jefes de Estado y de Gobierno a reunirse en el Consejo Europeo, que tampoco preside (lo hace, a tiempo completo, el belga Charles Michel).

La Presidencia rotatoria del Consejo es, en realidad, una suerte de poder blando que permite y organiza la continuidad de la labor legislativa de la Unión; un ejercicio de sillas calientes en el que cada Estado, según un orden rígidamente establecido, se hace cargo cada seis meses de los expedientes legislativos en marcha (el 80% propuestos por la Comisión a partir de la orientación de los líderes europeos), con un escasísimo margen para las iniciativas propias; dirige durante un semestre sus tareas en miles de reuniones de los grupos de trabajo técnico y en la determinante Comisión de Representantes Permanentes (que reúne en Bruselas a los embajadores de los 27). Y elabora y encabeza el orden del día de los consejos de ministros europeos a través de sus 10 formaciones (desde Pesca y Salud hasta Turismo o Transición Ecológica).

La presidencia de turno dispone también de una etérea labor de representación internacional y de altavoz de los valores de la UE. Apoyándose en ella, Sánchez ha luchado hasta el final para mediar en el conflicto palestino-israelí. Como explica Albares: “Cada presidencia tiene que enfrentarse a sucesos inesperados. Como Macron durante la suya, en la que Rusia invadió Ucrania. Y lo tienes que acometer sin trabajo previo, sin estrategia. Ahí tiene que funcionar el instinto y la visión política”. En ese marco se plasmó la declaración de Sánchez el 17 de octubre sobre la crisis en Palestina, en la que afirmó: “Solo a través de la solución de los dos Estados se podrá frenar la violencia y solucionar de modo definitivo un conflicto que causa tanto sufrimiento”; su viaje a Egipto el 21 de octubre o su llamada al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Y su rechazo en el Consejo Europeo del 27 de octubre a que Israel respondiera de forma fulminante a los ataques de Hamás mientras abogaba con vehemencia por un alto el fuego humanitario. Según una diplomática que asistió al citado Consejo: “Se empleó a fondo en la asistencia humanitaria en Gaza y la protección de la población; en el derecho internacional humanitario, en los corredores y, sobre todo, en pensar una solución para el futuro de la zona, con una conferencia de paz”. El último esfuerzo de Sánchez en nombre de la UE ha sido su viaje a Israel, Palestina y Egipto los días 23 y 24 de noviembre.

Además de ese impulso diplomático, la presidencia rotatoria tiene la potestad de convocar cumbres con terceros países y organizaciones internacionales. En el caso de España, las fijó (de acuerdo con sus intereses) con América Latina; el 17 y 18 de julio con sus líderes en Bruselas, y el 14 y 15 de septiembre con sus ministros de Economía en Santiago de Compostela. Sánchez llamó incluso a Lula da Silva, presidente de Brasil, para que asistiera. Ese ha sido uno de los hitos de la presidencia española, el acercamiento estratégico de la UE a Latinoamérica con unas inversiones iniciales de 45.000 millones para proyectos sostenibles. Sin embargo, aún está pendiente lograr un acuerdo comercial entre Mercosur y la UE.

Más que gobernar, la presidencia semestral representa a los 27 Estados miembros; los coordina y modera. Orienta los debates, desde su profusa base técnica hasta las decisiones políticas finales; construye puentes y muñe consensos. Se trata de conseguir mayorías cualificadas y sortear las minorías de bloqueo gracias a un preciso trabajo de fontanería y cabildeo. Y esos acuerdos, tras ser negociados a cara de perro con el Parlamento Europeo (en los trílogos que también coordina), se convertirán (tarde o temprano, con o sin maquillaje) en reglamentos y directivas: leyes de obligado cumplimiento. Según Manuel de la Rocha, asesor y sherpa económico de Pedro Sánchez en La Moncloa, “el 70% de la producción legislativa española ya viene condicionada por la UE”. El goteo de legislación llegada desde Bruselas es continuo, según el Parlamento Europeo: “El 57% de las leyes aprobadas en España en 2022 tienen su origen en directrices europeas”. Influir seis meses en el trabajo legislativo de la Unión y en la confección de su agenda estratégica (para 24/29), no es ninguna broma. Como resume el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, que fue embajador en la UE y está empeñado en la modernización y descarbonización de la flota pesquera con fondos europeos: “Bruselas es nuestro Washington”.

Ese es el poder real de la presidencia de turno, orientar (con mayor o menor ímpetu político y dotes de seducción) el trabajo legislativo comunitario en un sentido u otro. “Aunque no llegues a cerrarla, te toca poner la cuestión sobre la mesa”, explica Planas. “Marcar un camino conforme a tu ideología y posición geoestratégica. Poner el foco en lo que te interesa, retrasar lo que no te interesa, orillar lo que no te conviene, y engrasar los acuerdos”.

Detrás hay un enorme trabajo de prospectiva, como la elaboración del informe Resilient EU2030, realizado en La Moncloa bajo la dirección de Diego Rubio, uno de los gurús de Sánchez, presentado al Consejo Europeo en la cumbre de Granada, el 6 de octubre, que es una hoja de ruta hacia la autonomía estratégica abierta de Europa, uno de los mantras del presidente. Un semestre en el que también ha primado el pilar social, la agenda verde o la igualdad. Con esas cartas se trata de seducir al resto. “Todo debe fluir en la forma para alcanzar el fondo: pura diplomacia”, analiza Oriol Escalas, del equipo del presidente.

Para conseguirlo, la secretaria general para la UE, María Lledó (que además de diplomática es matemática), puso en marcha cuando llegó a su oficina en 2021 un complejo sistema de fichas en forma de aplicación informática alojada en una nube del Ministerio de Asuntos Exteriores en el que está reflejada la información de cada expediente del que se ha hecho cargo la presidencia española (en torno a 350). La primera parte de estos dosieres se compone de la documentación del asunto, los intereses de España, las expectativas de concluirlo y el calendario de votaciones. La segunda parte es una cartografía con la posición política de cada país socio y un análisis de las mayorías cualificadas y las minorías de bloqueo. “Antes de iniciar una negociación tienes controlada toda la información; ves qué países hay que apretar para cerrar un asunto. Y, a partir de ahí, se trata de hablar con todos. Tú eres primus inter pares”, explica Lledó.

Convencer al resto. Es el trabajo de los ministros y del jefe de Gobierno del país que preside, ya sea en las mesas imperiales de los 27, los discretos sofás desfondados de las reuniones bilaterales o los mejores restaurantes durante las reuniones informales. La presidencia es un enorme ejercicio de relaciones sociales; de diplomacia pública. Del país que asume el semestre, su Gobierno y su líder. Por ese orden. Y cada Estado que ocupa la presidencia la diseña según su coyuntura y conveniencia política. Las dos anteriores a España, República Checa y Suecia, que se mueven en el territorio del euroescepticismo, le otorgaron un perfil bajo. Preferían que pasaran inadvertidas. Los checos realizaron casi todas sus reuniones en Praga, y los suecos, en el Scandinavian XPO, una nave de congresos entre Estocolmo y el aeropuerto. Por el contrario, en la anterior, la de Francia, en el primer semestre de 2022, el Elíseo organizó las reuniones en 20 ciudades, tiró de cartera, gastó 148 millones de euros, y puso la guinda con una cumbre en el palacio de Versalles. Máxima grandeur. Su mensaje de liderazgo europeo era un reto lanzado a los euroescépticos.

Pedro Sánchez optó hace casi dos años por el modelo francés. No quería una presidencia low cost, sino por todo lo alto. Con coches híbridos fabricados en España y fulares para los líderes y ministros independientemente de su género. Y una cumbre al atardecer en los jardines de la Alhambra, en Granada.

Todos esos aspectos se desarrollaron en La Moncloa. Su tono y naturaleza. La presidencia se iniciaba en julio y concluía en diciembre, el mes en que estaba previsto se celebraran las generales. Lo cual se interpretó en el Partido Popular como una ventaja de su rival. Y la empezó a desacreditar desde el primer minuto. “Es que no estaba conceptualizada por Sánchez como una presidencia de Estado, sino socialista”, analiza la eurodiputada del PP Isabel Benjumea. “No se pactó. Era una presidencia de campaña, con tirón mediático, mucha exposición y una agenda muy cargada. Tenía la intensidad propia de la propaganda. Y ningún país serio hace eso”.

El semestre español no solo contaba con la agenda más ambiciosa y extensa, también con reuniones informales de ministros (las formales se realizan en Bruselas) en 25 ciudades, en los mejores hoteles, restaurantes y destinos turísticos. Amplio contenido político y un contenedor premium. Empezando por una imagen corporativa ideada en el edificio de Semillas de La Moncloa por Carlos Spottorno y Manu Cavanilles. Y el dinero para ponerlo en marcha. El año pasado ya se contempló en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 una partida total de 145 millones de euros, de los que, según el auditor e interventor del Estado, Pablo Zurita, el hombre de los dineros de la Oficina para la Presidencia Española, en torno a 78 millones serían para la logística (transportes, alojamientos, restauración, comunicación, acreditaciones o traductores), y el resto, para los gastos de seguridad y personal. España pagaría el viaje y alojamiento de cada ministro europeo y un acompañante. ¿Demasiado gasto? Reflexiona Zurita: “Teniendo como referente la cumbre de la OTAN en Madrid, en junio de 2022, que costó 30 millones en un fin de semana, la factura de esta presidencia, en la que ha habido encuentros en 25 ciudades, no me parece excesiva”. Concluye el ministro Albares: “Vale la pena, es un momento en que miras más a la UE y la UE te mira más a ti”. La siguiente pregunta al ministro es la influencia real de la presidencia española en la Unión Europea: “Desde el Tratado de Lisboa (2009) ya no eres el maquinista del tren durante esos seis meses, pero eres el jefe de estación. Eliges los horarios y mueves las agujas. Y, sobre todo, fijas la agenda. Las prioridades son nuestras; el diálogo es nuestro”.

José Manuel Albares afirma que él puso en marcha la compleja preparación de la presidencia cuando fue nombrado ministro de Exteriores en julio de 2021, justo dos años antes del pistoletazo de salida. Asesor y persona del entorno inmediato de Sánchez, colocó a tres profesionales de su confianza a cargo de la gestión del contenido. Para empezar, al diplomático Marcos Alonso, que ya había trabajado en La Moncloa como embajador representante permanente de España ante la Unión Europea, el poderoso Reper, que dirige una suerte de delegación del Gobierno español en Bruselas, dotada de altos funcionarios de todos los ministerios. Los ojos y oídos del Gobierno en la capital comunitaria. “Un lugar de excelencia de la Administración española”, explica Luis Planas, que lo dirigió entre 2010 y 2011″. Y en Madrid, al embajador Pascual Navarro, como secretario de Estado para la UE, y a la también diplomática María Lledó, como su número dos. Ambos se encargarían de la coordinación con Bruselas, los ministerios y las autonomías; de la relación con los Estados miembros y de conocer al minuto el estado de cada negociación y las entrañas de cada asunto. Y de contabilizar los hitos.

La sede de la Oficina de Coordinación para la Presidencia Española de la UE, creada en octubre de 2021 y que depende del director del Gabinete de Pedro Sánchez, Óscar López, es un espacio peculiar entre los centros de poder político madrileño: moderna, transparente, luminosa, a mitad de camino del Manzanares y el palacio de Oriente, y por la que transitan un centenar de personas entre las que hay desde diplomáticos y militares a policías, politólogos y periodistas; desde expertos en gastronomía a ingenieros de Telecomunicaciones y programadores culturales. Su papel ha sido organizar las 25 reuniones de ministros comunitarios en suelo español. Un año antes del comienzo de la presidencia, ese equipo, que comenzó con 59 personas, se fue ampliando con los departamentos de logística, protocolo, transportes, acreditaciones, sedes y alojamientos, restauración y enlaces. Dominan los diplomáticos del Gabinete de Sánchez. Su directora es la embajadora Aurora Mejía, máxima asesora en materia comunitaria del presidente y su sherpa en las cumbres europeas. Si el PP hubiera alcanzado el poder, su cabeza habría sido la primera en rodar. A su lado, siete diplomáticos, de ellos dos mujeres recién diplomadas, Lola Casariego y María González, y tres séniores en política exterior: Oriol Escalas, Gerardo Fernández-Gavilanes y Gonzalo Álvarez Garrido.

Antes del verano, ese equipo ya había visitado “de avanzada” cada una de las ciudades anfitrionas. El presidente había decidido que se desarrollaran en todas las comunidades autónomas. Había que buscar la sede para cada cumbre, los hoteles más representativos, los transportes más adecuados, los mejores platos de la región, el protocolo impecable, la mejor red de enlaces bilingües y el servicio de acreditaciones más preciso. Y, además, comunicaciones seguras y un sistema de información (y propaganda) eficaz. Y las banderas, bien planchadas. Semana tras semana durante cinco meses: de Vigo a Logroño, de Bilbao a Las Palmas y de Mallorca a Sevilla. Sin parar. Como un circo ambulante.

La mejor manera de entender el diseño y funcionamiento de una cumbre es asistir a la sesión de minutaje previa a su celebración. En torno a la gran mesa de reuniones de la planta séptima de la oficina en Madrid se citan los responsables de cada departamento. Se contempla hasta el mínimo detalle de cada una de las 25 reuniones. Se desmenuza todo: desde antes del aterrizaje de los asistentes hasta más allá de su partida. Por dónde llegan y se van, entran y salen; si hacen declaraciones o no; sus caravanas, escoltas armados y sus intolerancias alimentarias; cómo conseguir que no confluyan con los periodistas; la atención a sus ayudantes; el reparto de los distintos niveles de acreditación; la entrega de regalos con productos de la región; sus necesidades especiales. Minuto a minuto, con imágenes proyectadas en 3D del recinto de la cumbre, el aeropuerto (que se blinda para la ocasión), las carreteras, calles y rutas alternativas, y un control por GPS del vehículo de cada jefe de delegación. Son reuniones donde salen a relucir los puntos débiles. El secreto está en que la realidad se adapte al minutaje. No siempre se consigue.

El enlace de esta oficina con el Ministerio del Interior para el crucial asunto de la protección de los asistentes son dos hombres y dos mujeres, inspectores y oficiales del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, empotrados en ella. Su superior y responsable de la seguridad de todas las reuniones del semestre es José Antonio Rodríguez, director general de Coordinación y Estudios y número tres de Interior, que ya se ocupó de la cumbre de la OTAN en Madrid, en 2022, “que fue un buen entrenamiento, porque esta presidencia ha supuesto poner al aparato policial en situación de estrés”. El comisario Rodríguez nos recibe en la sala de crisis del ministerio, un espacio sin ventanas y al que dan acceso dos puertas estancas. Desde aquí se coordina el trabajo del Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, las policías autonómicas y locales, Protección Civil y las Fuerzas Armadas, y se integra toda la inteligencia (incluida la del CNI) antiterrorista, de infraestructuras críticas y ciberseguridad. José Antonio Rodríguez explica que las primeras reuniones preparatorias se llevaron a cabo en septiembre de 2021 y, ya en marzo de este año, la más completa, con el ministro Fernando Grande-Marlaska al frente, en la que se puso en marcha el Plan Especial de Seguridad, que a su vez se divide en planes específicos para cada ciudad y reunión. El más intrincado, el de la cumbre de Granada, con 9.000 efectivos, en el que participaron desde unidades de escoltas, información, tráfico, subsuelo, a caballo, con perros, drones y helicópteros hasta grupos de los GEO, vigilancia del espacio y baterías de misiles antiaéreos. Tenía su explicación: asistía como invitado Volodímir Zelenski, líder de un país en guerra.

Meses antes del comienzo de la presidencia, el diseño de su fondo y su forma era perfecto. Incluso el Instituto Nacional de Administración Pública había puesto al día en asuntos comunitarios a 1.000 funcionarios y un centenar de altos cargos, y reforzado su inglés. La embajada ante la UE se dotó con 80 personas más, hasta llegar a 300. Sin embargo, el 29 de mayo todo voló por los aires. A las once de la mañana, Aurora Mejía, directora de la oficina, reunida con los embajadores de los 26 en Madrid, recibió una inesperada llamada de La Moncloa: Sánchez acababa de adelantar las elecciones al 23 de julio. Esa convocatoria suponía que las tres primeras semanas de la presidencia española transcurrirían en campaña (lo que la pondría bajo el ojo inquisidor de la Junta Electoral Central para evitar que se usara por los socialistas como un rédito electoral). Y, lo que es más importante: ¿qué haría el PP si ganaba? ¿Cambiaría las prioridades? ¿Fulminaría al equipo? ¿Modificaría la agenda? Nadie tenía una respuesta. Ni siquiera el PP.

Los funcionarios de la Administración socialista a cargo del semestre entraron en pánico. Una recuerda: “Se nos cayó el alma a los pies, pero seguimos currando”. Para otro asesor monclovita: “Al PP se le olvidó que los funcionarios practicamos la eficacia indiferente, y trabajamos para nuestro país”.

Pero el PP (en aquel momento con esperanzas de gobernar) hizo caso omiso a ese razonamiento y comenzó a torpedear “la presidencia de Sánchez”. En su programa electoral, publicado el 4 de julio, añadió en cursiva: “Estamos preparados para asumir la presidencia de turno del Consejo de la UE. Una presidencia que concebimos como asunto de Estado”. En teoría, estaban listos. No era para tanto. Según explica un asesor en materia internacional de Núñez Feijóo: “El PP nunca tuvo un gabinete en la sombra para hacerse cargo de la presidencia. No ha habido un seguimiento real. Algunos participamos en la elaboración de su programa y aportamos conceptos generales, pero nunca nos reunimos. Nunca existió un equipo de Asuntos Exteriores de Feijóo. A la UE no le dieron importancia porque no da votos, a no ser que lo hagas muy mal, y los pierdas. Se utilizó la figura de algunos exministros de Exteriores, como Ana Palacio o Margallo, pero apenas se les consultó. Al resto se nos pidió desde Génova usar nuestro nombre para los medios. Pero apenas metimos cuchara”.

El PP pasó a la ofensiva. Durante el mes de campaña electoral y hasta hoy ha sembrado de minas la presidencia. Maniobró para que Pedro Sánchez suspendiera hasta en dos ocasiones la presentación de sus prioridades ante el Parlamento Europeo; boicoteó una reunión de Albares con los europarlamentarios populares, intentó que las reuniones de ministros de los 27 se realizaran en Bruselas (suspendiendo las programadas en España), utilizó al primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, y al presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber (que también se negó a encontrarse con el ministro Albares), como arietes contra Sánchez, y también lo intentó con Ursula von der Leyen, que se lavó las manos. Las críticas a la presidencia europea por parte del PP han seguido hasta el final. Por ejemplo, en el caso de la defensa por parte del ministro Albares del uso del catalán, gallego y euskera en la UE, para conseguir la investidura. Y en todo el espinoso asunto de la ley de amnistía.

España se hizo cargo al comienzo de la presidencia de 350 expedientes legislativos, que fue filtrando (según sus intereses) hasta llegar a 120 prioritarios. Esos se cruzaron con el programa de la Comisión Europea y quedaron 60, que a su vez se pasaron por el tamiz de las prioridades políticas del presidente Sánchez (reindustrialización, transición ecológica, justicia social y el refuerzo de la unidad de la UE) hasta destilar 30, de los que concluir 10 preferentes sería un avance para Europa. Y un éxito para España. En 11 días se celebra el crucial Consejo Europeo en Bruselas. Sánchez llegará con la lengua fuera tras su investidura, pero en plenitud política. Es su última ocasión. Y, a partir de ahí, habrá que echar un vistazo al contador de logros. Diego López Garrido, que ocupó el puesto de secretario de Estado para la UE en la última presidencia de España, en 2010, cuando gobernaba Zapatero, lo tiene claro: “El último mes es clave para cerrar cosas. Y más con un Pedro Sánchez que estará en plenitud. El 70% de los expedientes los liquidas en las últimas semanas. Lo importante se deja para el final. Y esta vez no va a ser una excepción”.