El juez remite al TSJCV la causa de Bellver por su condición de aforado

El titular del juzgado de lo Penal número 4 de Valencia ha remitido a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la causa de los jardines de Monforte ante la condición de aforado del edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia y diputado en las Corts, Jorge Bellver.

La causa contra Bellver y otros cuatro funcionarios del consistorio por la construcción de un aparcamiento junto al Jardín de Monforte se abrió antes de las últimas elecciones locales de 2011 en el juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad, que en enero de este año acordó la apertura de juicio oral por dos supuestos delitos contra la ordenación del territorio, en su modalidad de prevaricación urbanística, y otro de prevaricación administrativa.

Tras varios recursos interpuestos por Bellver -contra el que el ministerio fiscal pide la pena de ocho años de inhabilitación para ejercer cargo público-, la sección segunda de la Audiencia Provincial confirmó el auto del juzgado al entender que existían "bastantes razones" para considerar que el hecho de no haber pedido una autorización a la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura para construir el aparcamiento podía constituir, dadas las características de las obras, "una manifiesta contravención o incumplimiento de la legalidad".

La Audiencia también señalaba que no era descartable que los técnicos municipales imputados y el secretario municipal, también imputado, conocieran, por su dedicación profesional y su formación, la "necesidad" de pedir esa autorización a Patrimonio.

Seguidamente, en junio de este año, el ministerio fiscal presentó un escrito ante el juzgado de lo Penal en el que informaba de que Bellver fue proclamado diputado electo de las Corts Valencianes tras las elecciones del 22 de mayo. Así, solicitaba que elevase el caso al TSJCV para que valorase su competencia para enjuiciamiento y fallo.

El juez ha decidido aceptar esta petición al considerar que es competencia de la Sala instruir y enjuiciar las causas penales que resulten imputables a quienes ostentan la cualidad de diputado de las Corts. Asimismo, cree necesario hacer un examen conjunto de los hechos y de los autores, "pues de otra forma se rompería la continencia de la causa, primando la especialidad del aforamiento frente a la competencia ordinaria".