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El Fiscal pide penas de hasta nueve años para 13 miembros de Askatasuna y D3M

El Ministerio Público acusa de colaboracion y pertenencia a banda armada a los miembros de las listas 'abertzales'

El juicio contra los miembros de Askatasuna y D3M, marcas blancas con las que la izquierda abertzale pensaba acudir a las pasadas elecciones vascas del 2009, continúa su curso en la Audiencia Nacional.

Hoy el Fiscal, Vicente González Mota, ha solicitado penas de entre siete y nueve años para los imputados, acusando de colaboración con banda armada a algunos y de pertenencia a banda armada a la mayoría. Tanto D3M (Demokrazia 3 Milioi) como Akatasuna ya fueron ilegalizados por el Tribunal Supremo y el Constitucional.

Los antiguos dirigentes abertzales fueron procesados por el juez Baltasar Garzón en 2009, y se encuentran en prisión provisional. Se trata de Amparo Las Heras, quien fuera cabeza de lista en Alava de D3M, Aranza Urkaregui, Elisabeth Subyaga, Iker Rodrigom Imanol Nieto, Agurtzane Solabarrieta Hodei Egaña, Unai Berrosteguieta y Zuriñe Zorrozua. El fiscal los acusa de pertenencia a banda armada y pide para ellos nueve años de prisión.

De colaboración con banda terrorista acusa al presidente de Askatasuna, Jose Antonio Munduate, a su secretario Xavier Isasa y a Fernando Antía y Aitor Liguerzana. Por estos delitos los acusados se enfrentan a penas de siete años.

En libertad bajo fianza de 18.000 euros tres presuntos miembros de Segi

La Audiencia Nacional ha decretado prisión eludible bajo fianza de 18.000 euros para tres presuntos miembros de la organización ilegalizada Segi Mikel Ayestaran, Xumai Matxain y BittorGonzález al descartar el riesgo de fuga porque se encuentran en un "entorno de localización permanente", informa Efe. Pese a que los magistrados consideran que el delito de integración la banda terrorista que se les imputa constituye un "presupuesto formal" para prolongar la medida de prisión provisional que el juez Fernando Grande-Marlaska ordenó en noviembre de 2009, en los acusados "concurren elementos que lo sitúan en un entorno de localización permanente y, por ende, de sujeción a la causa".

De esta forma, el tribunal atiende a los argumentos manifestados por las defensas de los supuestos terroristas, que aludieron en el caso de Ayestaran y Xumai Matxain a su edad, domicilio estable, su pertenencia a familia estructurada y la realización de estudios y en el de González a su trabajo en el sindicato LAB. Los tres fueron detenidos el pasado mes de noviembre en la operación dirigida por Grande-Marlaska en el País Vasco y Navarra contra la cúpula de la organización juvenil y desarrollada a raíz de la documentación incautada al responsable del aparato político de ETA Ekaitz Sirvent,arrestado en abril de 2009 en París.

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