La futura ley reconocerá como víctimas del terrorismo a las personas amenazadas

Un policía en el País Vasco que una mañana encuentra una pintada en su casa amenazándolo de muerte; un guardia civil que encuentra su coche rajado... las víctimas del terrorismo en España no solo se reducen a heridos y fallecidos en atentado, sino que hay miles de personas que viven cada día con miedo, con la sensación de que en cualquier momento les puede pasar cualquier cosa. Esos miles de amenazados podrán ser considerados víctimas del terrorismo con la nueva ley que prepara el Gobierno, norma que se está pactando con el Partido Popular.

Organizaciones de víctimas, sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil se han reunido esta mañana en el Congreso con el director general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, José Manuel Rodríguez Uribes y con los diputados Antonio Hernando (PSOE) y Alfonso Alonso (PP). Las asociaciones han tenido acceso a la exposición de motivos de la futura Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo y a un guión del texto normativo que se está ultimando y que se presentará el próximo jueves; también les han explicado las líneas maestras de la reforma legal.

La ley concretará aspectos como las ayudas para los amenazados y los requisitos para que alguien pueda ser considerado como tal. Además, otra de las novedades de la ley es su aplicación retroactiva hasta el 1 de enero de 1960 a todos los efectos. La norma actual solo reconoce los atentados cometidos a partir de 1968.

Por otro lado, se considerarán víctimas todos aquellos españoles que hayan sufrido atentados en el extranjero independientemente de que el ataque se haya dirigido o no contra intereses españoles. Así, un español que resulta herido en un hotel en el Mar Rojo por un atentado tendrá derecho a las ayudas, que se amplían también a los extranjeros que sean víctimas de un acto terrorista en España.

El texto establecerá un baremo con cuantías máximas y mínimas para las indemnizaciones por responsabilidad civil. Se intenta con ello introducir criterios objetivos que eviten que haya grandes diferencias entre las cantidades que deciden unos jueces y otros ante hechos similares.

La ley ampliará también las ayudas para las víctimas del terrorismo a cuestiones que persiguen facilitar su inserción social y laboral. Tendrán, por ejemplo, cierta preferencia a la hora de optar a ofertas de empleo público.