El Gobierno abre la puerta a la regularización del inmigrante que perdió un brazo
El ministro de Tranbajo espera que recaiga "todo el peso de le ley" sobre el empresario que abandonó a Franns Rilles
La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, ha asegurado que el Gobierno está dispuesto a estudiar la posibilidad de regularizar al inmigrante que perdió el brazo izquierdo en una máquina de amasar en una panificadora de Gandía y que fue abandonado por su jefe a 50 metros de llegar al hospital. Rumí ha señalado que el caso puede encajar en los supuestos de regularización por razones humanitarias.
Rumí hizo estas declaraciones en Alicante, donde inauguró una jornada técnica sobre la futura ley de Extranjería, al ser preguntada por la posibilidad de regularizar la situación del herido. La secretaria de Estado destacó que "la ley contempla actualmente situaciones donde se puede estudiar la posibilidad de la documentación en función de razones humanitarias".
Atendiendo a ese supuesto, "si se solicita" la regularización, "se va a estudiar", puesto que "es evidente que es uno de los casos que pueden" acogerse en él. "Esto llevará sus trámites por parte de la Subdelegación del Gobierno correspondiente", añadió.
Según Comisiones Obreras, otra de las condiciones que reúne Rilles es carecer de antecedentes penales en España y en su país de origen, así como poder demostrar la existencia de relaciones laborales "cuya duración no sea inferior a un año". El sindicato estudiará además la posibilidad de solicitar una pensión de invalidez si se reconoce la relación laboral entre el empleado, que estaba contratatado en situación irregular, y la panficadora.
Asimismo, la secretaria de Estado ha afirmado que su departamento ha requerido al Observatorio del Racismo y la Xenofobia un análisis del caso para estudiar qué medidas se pueden adoptar si se constatan los hechos. Rumí calificó de "repugnante" la conducta del empresario y manifestó que si los hechos se constatan, "puesto que está abierta una investigación, se tomarán todas las medidas que ya hoy tenemos en nuestro alcance en el ámbito legal". No obstante, añadió que prefiere "esperar a tener todos los resultados de esa investigación", para adoptar una decisión.
En este sentido, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha asegurado que "debe recaer todo el peso de la ley" sobre el empresario que, presuntamente, no asistió al inmigrante boliviano. Corbacho, durante una rueda de prensa en Valladolid, ha comentado que en época de crisis muchas personas "aceptan cualquier puesto de trabajo y alguien puede tener poco escrúpulo para obtener un beneficio económico" sin respetar derechos de los trabajadores. Por ello, añadió se ha incrementado en lo que va de año un 30% la labor de la Inspección de Trabajo contra "la economía irregular". "Quienes contratan tienen que saber que la Inspección será contundente", ha advertido.
Corbacho ha reiterado que espera que "recaiga todo el peso de la ley" sobre un empresario que "no le prestó la atención necesaria" al trabajador herido, al que supuestamente abandonó en las cercanías de un centro sanitario antes de arrojar el brazo amputado a un contenedor.
Investigación de la Guardia Civil
En este sentido, la Fiscalía de Siniestralidad Laboral de Valencia ha pedido informes a la Guardia Civil y a la Inspección de Trabajo para investigar lo ocurrido. Según fuentes próximas a la investigación, el fiscal de Siniestralidad de Valencia, Jaime Gil, ha requerido al fiscal de Gandía que oficie a la Guardia Civil y a la Inspección informes "en la mayor brevedad posible", para determinar en qué delitos pudieron incurrir los jefes de este joven, de 33 años.
Con los informes, la Fiscalía decidirá qué actuaciones adoptará para esclarecer este asunto y determinar las posibles responsabilidades, indicaron las mismas fuentes, que aseguraron que por este caso se ha interesado también el fiscal de Sala de Siniestralidad, que ha pedido un seguimento puntual por parte del ministerio público.
La Guardia Civil ya detuvo la semana pasada a los dos jefes del joven, hermanos propietarios del horno, por un delito contra los derechos de los trabajadores, ya que, supuestamente, tenían empleados a su cargo a personas sin ningún tipo de contrato. Respecto a la denuncia del joven de que uno de los jefes lo abandonó, la Guardia Civil está investigando los hechos por si adopta cualquier otra medida. Por el momento, ha clausurado el establecimiento.
El brazo, en la basura
El joven, de origen boliviano, que se encuentra "bien" e ingresado en el Hospital Virgen del Consuelo de Valencia, llevaba trabajando en esa empresa de Gandia algo más de un año y medio, sin contrato de trabajo, al igual que el resto de los compañeros, según denunció su hermana, Silvia.
En el momento del accidente se encontraba amasando 40 kilogramos de harina y, cuando se le cayó un plástico, se le quedó enganchado el brazo izquierdo en la máquina. Según su hermana, "perdió el brazo, pero la máquina podía haberlo tragado si no la hubiera apagado".
Tras el incidente, el jefe del joven lo subió a su vehículo y dijo que iba a llevarlo al hospital San Francisco de Borja de Gandia, aunque unos 50 metros antes de llegar lo obligó a bajar y lo abandonó en plena calle, "mientras perdía mucha sangre". La hermana afirma que el empresario se comportó de esta manera porque "no tenía permisos ni licencias" y, además, "tenía a sus trabajadores sin contrato, sin papeles".
Un viandante ayudó al joven a llegar al servicio de Urgencias del hospital de Gandia, donde los médicos se pusieron en contacto con el cirujano Pedro Cavadas y su equipo para ver si le podían reimplantarle el brazo. Por este motivo, los facultativos trasladaron al joven hasta el Hospital Virgen del Consuelo de Valencia, donde el doctor Cavadas no pudo hacer nada por reimplantarse el brazo, puesto que éste "se encontraba en muy mal estado, ya que los empresarios, tras lo ocurrido, lo tiraron a un contenedor", denunció Silvia, quien también recordó que "limpiaron todo para no dejar restos de nada".
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