Condenado a 30 años de prisión al miembro de los GRAPO Silva Sande por ordenar un asesinato

La Audiencia Nacional ha condenado a 30 años de prisión al ex dirigente de los GRAPO Fernando Silva Sande por ordenar el asesinato en 1990 del médico José Ramón Muñoz, uno de los doctores que se encargaban de la alimentación de los presos de esa banda terrorista en huelga de hambre. En la sentencia que se ha hecho pública hoy, el tribunal, que le juzgó el pasado 22 de junio, establece también que el terrorista deberá pagar a la familia del médico una indemnización de 400.000 euros.

El tribunal condena a Silva Sande por un delito de asesinato en calidad de autor por inducción a partir del testimonio incriminatorio que realizó ante la policía y el juez de instrucción el ya condenado miembro del GRAPO, Guillermo Vázquez Bautista. A esta prueba los magistrados unen la prueba pericial practicada durante el juicio, que acredita que en la vivienda que Silva Sande ocupaba antes de su detención se encontró la pistola semiautomática marca Star que fue utilizada en este asesinato. Durante el juicio, que se celebró el pasado 26 de junio, Silva Sande negó su participación en el asesinato y aseguró que él no dio la orden de asesinar al doctor.

De acuerdo con el fallo, Silva Sande viajó a Logroño en marzo de 1990 para entrevistarse con los ya condenados por estos hechos María Jesús Romero Vega y Guillermo Vázquez Bautista, a quienes ordenó desplazarse a Zaragoza para matar a alguno de los doctores que tenía encomendado el cuidado de los miembros de la banda encarcelados y en huelga de hambre.

Ya en Zaragoza, Romero y Vázquez decidieron asesinar a José Ramón Muñoz porque era el jefe del equipo y el atentado resultaba más fácil. El 27 de marzo de 1990 acudieron a su consulta, donde Vázquez le disparó a la cabeza y le causó la muerte inmediata.

En otra sentencia, la Audiencia Nacional ha condenado a 11 años de prisión a cada uno de los tres dirigentes del GRAPO, Juan García, Carmen Cayetano y María Aranzazu Díaz, por los delitos de pertenencia a banda armada y falsedad documental con finalidad terrorista. Los tres, que fueron detenidos el 9 de julio de 2006 en Reus (Tarragona), fueron juzgados el pasado 29 de mayo en una vista en la que los guardias civiles que testificaron coincidieron con el fiscal en que eran dirigentes de la rama política de los GRAPO, según los documentos intervenidos en su domicilio.