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El Gobierno obligará a los obispos a "justificar" los despidos de profesores de religión

Estos docentes, contratados por el Estado, podían hasta ahora ser apartados a principio de curso sin explicaciones

El Gobierno quiere obligar a los obispos a decidir de una forma que “justificada” y que “se ajuste a derecho” la continuidad o no de los profesores de Religión, a los que en la actualidad pueden despedir sin explicaciones. Los docentes serán contratados de forma “indefinida”, tal y como adelantó ya el Ministerio de Educación.

La última propuesta presentada por el Ejecutivo a los sindicatos preveía que los contratos fueran indefinidos salvo en los casos “tasados por la ley”. El anterior borrador ministerial establecía además que los profesores de religión (casi todos de catolicismo, apenas hay un centenar de otras confesiones) podían ser apartados de su función por los obispos al inicio de cada curso sin justificación alguna. Eso es lo que ocurre hoy por hoy.

Los docentes son contratados y pagados por el Estado. En la última década numerosos profesores de religión católica han obtenido el amparo de la justicia contra despidos episcopales por causas como divorciarse, casarse por lo civil o participar en una huelga legal, entre otros motivos.

Con el nuevo borrador, la retirada de la “acreditación” para impartir estas clases tendrá que ser “motivada”, tal y como ha confirmado hoy Educación tras concluir esta mañana su ronda de consultas con la Conferencia Episcopal Española. El Gobierno ha añadido además que la asignatura no será computable para obtener una beca o acceder a la Universidad, y que quieren opten por no cursarla recibirán “una debida atención educativa”.

La CEE ha respondido con una nota en la que asegura que “permanecen dificultades fundamentales” en la “tutela de los derechos” de los padres, los profesores y de la Iglesia, que “no han podido ser superadas” tras la negociación con el Gobierno. Los obispos agradecen el “esfuerzo”, en cualquier caso, y anuncian que harán una “valoracín detallada” de los textos legales que apruebe el Ejecutivo.