El PSOE exige al Gobierno que haga cumplir la ley sobre la venta de alcohol a menores

El grupo parlamentario del PSOE ha presentado una iniciativa en el Congreso en la que exige al Gobierno que ponga los medios necesarios para se aplique con eficacia la ley que regula la venta de alcohol a menores a la vista del "escaso grado de cumplimiento" de la actual normativa.

La propuesta del PSOE demanda también que el Ejecutivo acuerde con las comunidades que tengan transferidas las competencias sobre esta materia el marco de cooperación para el cumplimiento de dicha legalidad.

A juicio de la portavoz del PSOE en la comisión mixta sobre el Problema de las Drogas, Carmen Romero, autora de la iniciativa, es preciso que el Gobierno adopte medidas para incrementar el control sobre aquellos establecimientos que venden bebidas alcohólicas a menores para su consumo en la calle.

Mientras tanto, el ejemplo de Madrid en la lucha antibotellón se extiende a otras comunidades. Ayer, el consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía, Alfonso Perales (PSOE), expresó su "simpatía" con el proyecto de ley madrileño para limitar el consumo de alcohol en calle y ha recordado que la Junta prepara una ley "inmediata" de contenido "muy parecido", "incluso más dura" en algunos aspectos. Así, Andalucía y Madrid se suman a las seis comunidades que ya disponen de medidas antibotellón.

En declaraciones a los periodistas, Perales definió el acuerdo del Gobierno madrileño como una "buena iniciativa" que, a su juicio, se constituirá en un "buen instrumento" para evitar las molestias que el consumo masivo en la calle genera al vecindario. Perales afirmó que la Junta andaluza también contempla adoptar esta prohibición a partir de las 22.00 horas, así como tratará de evitar de manera especial la "venta de alcohol a menores".

Según informó, la comunidad cuenta con un "corpus normativo legal similar al de Madrid", con la diferencia de que ese ejecutivo regional ha decidido ya "agruparlas en un proyecto de Ley", al estilo de lo que en la actualidad prepara la Junta.

Mientras tanto, el ministro portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, mostraba ayer su "completo acuerdo" con el proyecto de ley madrileño. Según informó Cabanillas, esta iniciativa autonómica sienta las bases para la ley estatal que verá la luz antes de fin de año.

Los que no están tan contentos son los sindicatos policiales, que temen que su jornada laboral se alargue sin ninguín tipo de contrapartida. Así, el portavoz del sindicato CC OO de Policía Municipal de Madrid, Emiliano Herrero, ha manifestado que la nueva ley "supondrá

un pisoteo de los derechos de los trabajadores del cuerpo porque las jornadas se verán dobladas, llegando a las 14 ó 16 horas".

Según ha infirmado, las medidas antibotellón "ya están afectando a las condiciones de trabajo de los agentes, que se ven obligados a duplicar sus turnos". En su opinión, las medidas adoptadas por el Ayuntamiento y la próxima ley "están convirtiendo Madrid en un estado de sitio", porque "los problemas se están atajando con medidas policiales y dada la

extensión de Madrid y la cantidad y diversidad de problemas que existen, se deberían duplicar el número de efectivos o trabajar 16 ó 20 horas sin ningún derecho a la propia vida personal o al descanso".

Por su parte, el portavoz del sindicato UGT de Policía Municipal, José María Hernández señaló, ha indicado que la ley secaz "supondrá duplicar el volumen de trabajo con la misma plantilla, pese a que han anunciado a bombo y platillo que se incorporarán 700 policías en un año".

A pesar de las quejas, desde que se puso en marcha el dispositivo, el primer fin de semana de febrero, en Madrid han sido denunciados un total de 27 locales y cinco personas han sido detenidas.