Se retrasa al próximo martes el juicio por el 'caso BOE'
Ocho personas se sientan en el banquillo acusadas de cohecho y estafa
No obstante, otras fuentes han explicado que el motivo de la prórroga puede ser la negociación entre los abogados de los acusados y el fiscal de una condena de conformidad.
El caso se ha visto salpicado por multitud de contratiempos, el último de los cuales ha sido el retraso anunciado hoy. Además, dio un giro el 17 de enero de 2000, con la muerte por cáncer de la principal imputada, la directora del BOE Carmen Salanueva. El fiscal solicitaba para ella 14 años de prisión, 30 de inhabilitación y 150 millones de pesetas de multa. Entre el inicio de la investigación y el juicio también falleció el ex responsable del Departamento de Producción Julio Fernández.
El fiscal sostiene que el total de adjudicaciones irregulares entre el 30 de marzo de 1989 y el 31 de mayo de 1991 ascendió a 2.385 millones de pesetas, causando un perjuicio cifrado en más de 653 millones de pesetas para el BOE y la Hacienda Pública. Según el Ministerio Público, se pagaron al menos 207 millones de pesetas en comisiones ilegales a algunos de los procesados.
En su escrito de acusación, el fiscal pide nueve años de prisión por estafa y cohecho para los directivos de la empresa Tecnicel Santiago Sánchez Ezquerra y Luis Sánchez Acebedo, representantes en España de las papeleras Steirermuhl Paperfabriks y Wellbourne Paper. Según el ministerio público, ambos mantuvieron negociaciones con Toixima, que resultó beneficiaria de seis contratos para suministrar papel al BOE por 1.325 millones de pesetas.
Para el responsable de esta sociedad, Guillermo Cervera, el fiscal pide cinco años de cárcel por estafa. Además, el Ministerio Público solicita otros cinco años de cárcel para José María Olmo, fundador de la empresa Grolpinsa, encargada de almacenar el papel destinado al BOE, y para Lorenzo Cavanillas, administrador único de Papel-6, entidad adjudicataria de contratos con el Boletín Oficial del Estado por otros 546 millones de pesetas.
Según el fiscal, la empresa Grolpinsa tuvo relación con Antonio Soroa, consejero delegado de Udalar, que obtuvo contratos por 511 millones de pesetas, con Enrique Vidal Lorenzo, empleado del grupo papelero finlandés Enso, y con el directivo de esta sociedad, Otto Mikael Nouttamo. La acusación pública pide penas de cinco años de prisión para este último y de nueve para los dos anteriores.
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