Interior estima que "en dos o tres años" habrá dos millones de inmigrantes legales en España

"El cálculo que nosotros hacemos es que con el proceso de regularización en marcha y los procesos de reagrupación familiar previstos en la actual legislación -que afecta ascendientes, descendientes, cónyuges y otros- en no demasiado tiempo es probable que estemos llegando a los dos millones de personas extranjeras con residencia legal en España", ha señalado.

Rajoy ha presidido hoy en Madrid la constitución del Consejo Superior de Política de Inmigración, del que forman parte 46 vocales en representación del Estado, las comunidades y las corporaciones locales, y que será el órgano de coordinación de la política inmigratoria, con funciones en la programación de los criterios para una política global en materia de integración social y laboral de los inmigrantes.

El vicepresidente primero ha señalado en una conferencia de prensa posterior a la reunión que España es un país de acogida, "igual que antes lo fue de emigración", y que esa tendencia ha ido incrementándose desde el año 97, cuando había casi 610.000 residentes extranjeros, hasta llegar a 1.075.000 "a fecha de hoy".

Además, ha indicado que se va a prestar "especial atención" a agilizar los trámites de regularización, a través de una mejora de los procedimientos administrativos y de las oficinas de Extranjería, y que aumentará el número de Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) así como las plazas de acogida.

La agilización de los trámites se abordará, según una nota del ministerio del Interior, a través de la simplificación de los procedimientos administrativos y la mejora de las Oficinas de Extranjería.

Con las últimas regularizaciones el porcentaje de población inmigrante en España ronda el 2,6%, por debajo de la media europea, ya que, según datos de Interior, en Alemania, por ejemplo, el porcentaje era del 8,9% en 1998, y en Gran Bretaña del 3,8%.

Rajoy ha explicado que "el periodo transitorio" -iniciado con la aprobación de la Ley de Extranjería- finalizará antes de verano con la aprobación del Reglamento que desarrollará la Ley, y con la constitución del nuevo Foro para la Inmigración y el Observatorio Permanente de la Inmigración.

Además, ha dicho, están "inmersos" en un proceso de revisión de oficio los 50.000 expedientes que se rechazaron en el anterior proceso extraordinario de regularización, de los que "hasta hace dos días" ya se habían estudiado 29.000.

Operación Ecuador

En cuanto a los 24.000 ecuatorianos que estaban en España en situación ilegal, y que se apuntaron a la oferta del Gobierno de regresar a Ecuador para tramitar desde allí sus visados, Rajoy ha señalado que ya ha "dado por zanjado" el proceso de retorno voluntario.

"Se han ido cerca de 3.000 (3.420), han regresado 2.500 y el resto o bien no desean volver o bien lo harán próximamente. No viajarán más", aseguró el ministro, quien apostilló que no se está dando ni se va a dar un "trato preferente" a los ecuatorianos. Rajoy ha zanjado así las protestas que ha suscitado la Operación Ecuador entre inmigrantes procedentes de otros países, como Marruecos o Colombia, que entienden que las ventajas dadas a los ecuatorianos suponen una "discriminación".

Rajoy ha garantizado que se regularizará la situación de los restantes 21.000 ecuatorianos a través del proceso de relectura de expedientes y del artículo 31.4 de la Ley de Extranjería (arraigo y razones humanitarias).

Rajoy ha expuesto durante la reunión, a la que también asistió el Secretario de Estado para la Extranjería y la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, que la política de inmigración española "hace una apuesta" por la inmigración legal, "utilizando las figuras del convenio y el cupo"; pretende la integración social de los extranjeros, "para lo que está en marcha el Plan Greco"; y la "lucha sin cuartel" contra las mafias.

La Administración General del Estado está representada en el Consejo por 17 vocales; cada comunidad autónoma y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tienen un representante; y las entidades locales están representadas por 10 vocales.

En la reunión, que se inició con una condena al último atentado de ETA, se trató la designación de los vocales representantes de las autonomías y entidades locales en el Observatorio Permanente de la Inmigración y el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.