Ayuso se apunta ahora el tanto de la bajada de tasas universitarias, pese a que las llevó a los tribunales para no reducirlas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha apuntado esta semana un tanto que no es suyo: “Aprobamos en Consejo de Gobierno: reducción de tasas universitarias: 20% grado, 30% en máster (...)”. Buenas noticias para los estudiantes. Tendrán que pagar menos por estudiar en una universidad de Madrid. Una supuesta buena noticia que la líder del PP madrileño anunciaba el martes en Twitter a bombo y platillo, como si fuera un éxito de su mandato. Pero esa decisión ha sido, en realidad, un gran fracaso para ella. El Gobierno madrileño lo hace por imposición legal y a pesar de hab...

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha apuntado esta semana un tanto que no es suyo: “Aprobamos en Consejo de Gobierno: reducción de tasas universitarias: 20% grado, 30% en máster (...)”. Buenas noticias para los estudiantes. Tendrán que pagar menos por estudiar en una universidad de Madrid. Una supuesta buena noticia que la líder del PP madrileño anunciaba el martes en Twitter a bombo y platillo, como si fuera un éxito de su mandato. Pero esa decisión ha sido, en realidad, un gran fracaso para ella. El Gobierno madrileño lo hace por imposición legal y a pesar de haber sido la única comunidad que votó en contra de la reducción de tasas de máster habilitante, en marzo de 2021 durante la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), donde discutían la medida el Gobierno central y los autonómicos. Enrique Ossorio, consejero de Educación, se quedó solo en aquel momento. Y hasta acudió en septiembre de 2020 al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), para evitar bajar las tasas universitarias de la carrera con un recurso contencioso-administrativo. Pese a todo, tanto Ayuso como la Administración autonómica lanzan ahora la noticia en redes como una gran medida de su gestión.

La postura de Ayuso quedó clara desde el principio. No quería recortar las tasas. Eso suponía un nuevo gasto, y bastante importante, ya que si se aprobaba, el Gobierno regional debía recompensar a las seis universidades públicas, ahogadas económicamente, por el dinero que las familias iban a dejar de abonar. Pero de nada ha servido. Toca acatar.

En el anuncio del martes de la presidenta de Madrid también había una imprecisión de fondo. Hablaba de una bajada del 30% en “másteres”, cuando en realidad solamente se reducirán ―como le obliga el CGPU― las tasas de los habilitantes, no de los másteres en general, y esos son una minoría de posgrados (hacia el 8%), los que se cursan obligatoriamente para ejercer como abogado, psicólogo, ciertos puestos de ingeniero o profesor de secundaria. El titular de la nota de prensa de la Comunidad de Madrid y el resumen ocultan también este dato.

Pero este tira y afloja no es nuevo. Pese a su oposición en los despachos, no es la primera vez que Ayuso celebra en público ser una abanderada del recorte de tasas. Lo hizo también en su segunda investidura, ya sin Ciudadanos al frente de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidades: “Trabajaremos para que ningún estudiante madrileño puede verse privado de estudios superiores por falta de recursos económicos. Por eso, este Gobierno va a reducir los precios públicos...”. El anuncio, de nuevo, ocultaba su discrepancia con la medida y provocó que Manuel Castells, entonces ministro de Universidades, respondiera indignado a la presidenta en público: “Me da absolutamente igual quién se ponga las medallas o quién se atribuya los méritos, lo que me importa es que los estudiantes paguen menos. Es un escándalo lo que han estado pagando”.

El camino para llegar hasta este punto ha estado lleno de negativas. En mayo de 2020, Castilla y León, Andalucía, Madrid y Murcia, todas gobernadas por el PP, votaron primero en contra de bajar las tasas de grado, es decir, las que pagan los alumnos cuando se matriculan en una carrera, y se abstuvo Galicia, donde era entonces presidente Alberto Núñez Feijóo, ahora líder del PP, ya que tenía una de las tasas más bajas de España. Casi un año después, en marzo de 2021, la CGPU metió tijera a los precios de los másteres habilitantes, mucho más costosos que el grado. Y este fue el momento en que Madrid se quedó sola, puesto que fue la única de las comunidades que votó en contra.

Las autonomías ahora tienen hasta el próximo curso para volver a cobrar las tasas de 2011, año en el que el entonces ministro de Educación, José Ignacio Wert, forzó a los Gobiernos autonómicos a que las familias sufragaran entre el 15% y 25% del precio final de la matrícula de grado de cada estudiante sin beca. El resto lo tiene que pagar la Administración.

Muchas de las autonomías empezaron a bajar el precio de las tasas justo tras aprobarse la medida, en el curso 2020/2021, sin necesidad de apurar hasta el último momento. Y, a día de hoy, todas, menos Baleares, País Vasco y Madrid, han comenzado con los recortes. Galicia y Canarias no ha tenido que hacerlo, porque su precio ya estaba al nivel de 2011.

Según los cálculos del ministerio, esta medida va a suponer un gasto extra para Madrid de cuatro millones de euros anuales en másteres habilitantes. La Comunidad de Madrid estima que el gasto total con los grados ascenderá a 46 millones.

Desde que se creó el Ministerio de Universidades, sus responsables se han cuidado mucho de no entrar en guerras con Madrid, pese a que Ayuso no ha dudado en mostrar sus diferencias en público. “La nueva ley de universidades ataca los fundamentos de la vida universitaria: la libertad, la responsabilidad, el esfuerzo, la búsqueda de la verdad y el saber, sin ideologías ni censura”, aseguró en un tuit en septiembre, al inicio del curso pasado en la Universidad Carlos III.

Finalmente, el ministro de Universidades, Joan Subirats, terminó entrando al trapo el siguiente mes de abril, en el Congreso: “En la reunión con los rectores [de Madrid], la preocupación era enorme. Los comentarios que recibí fueron muy preocupantes, en el sentido de que había una estrategia muy clara de erosionar el concepto de universidad y de lo público. Y, a su vez, hay una mirada muy generosa hacia iniciativas, digamos, estrictamente especulativas. Me comprometo a trabajar con los servicios jurídicos del ministerio y del propio Gobierno, para ver qué se puede hacer”. Con esta alusión a la generosidad se refería a la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UNIT), la decimotercera privada de Madrid que ha nacido con informes en contra del propio Ejecutivo y el ministerio.

En paralelo, Ayuso presumía de su inversión en universidades en la investidura del nuevo rector de Alcalá el pasado mayo y así se reflejó en la nota de prensa: “Se destina un 4,5% del presupuesto a su financiación, una cifra muy por encima de la media española, que es del 1,6%”.

Pero, de nuevo, estas cifras no casan con la realidad. “Madrid destaca por ser la segunda región con más ingresos por alumno en el capítulo de tasas, precios públicos y otros; y la de menos transferencias corrientes y de capital recibidas, si estas se dividen por el total de estudiantes”, subraya el último informe por comunidades de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (FCYD), que cuenta en su patronato con algunas de las mayores empresas españolas. Es decir, la región de Ayuso se encuentra a la cola de toda España. “En el lado de los gastos es también la de menor gasto corriente por alumno”.

En definitiva, Madrid destaca por dos datos importantes: es la segunda que más cobra a las familias, tras Cataluña, y la que menos invierte en sus alumnos.

Y entre tanto tira y afloja y medallas por rebajar las tasas, más preocupación para las universidades públicas madrileñas. En uno o dos años dejarán de recibir la partida de 259 millones (más intereses) que la Comunidad ha tenido que pagarles tras perder en el Tribunal Supremo por dejar de abonar entre 2008 y 2011 las partidas destinadas a financiación e inversiones. Aquello ocurrió en tiempos de Esperanza Aguirre. Ayuso ahora coge su relevo, y se encuentra en medio de una polémica por destinar 43,4 millones en becas para familias con rentas superiores a 100.000 euros que quieran llevar a sus hijos a centros no universitarios privados.

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