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CRISIS FINANCIERA

El Congreso rechaza una moción del PSOE sobre la gestión de Sareb

El portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Valeriano Gómez. EFE/Archivo
El portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Valeriano Gómez. EFE/ArchivoEFE

El Congreso de los Diputados ha rechazado hoy una moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el PSOE, relativa a la política de gestión de activos derivados del rescate bancario y, en concreto, sobre la situación y gestión de la Sareb.

La moción, que fue debatida ayer y que el Pleno del Congreso ha votado esta mañana, ha recibido 131 votos a favor, 15 abstenciones y 169 en contra, por lo que ha sido rechazada.

El texto, en el que se instaba a una gestión "más profesional y transparente" de Sareb, incorporaba una enmienda presentada por Izquierda Plural, sobre la retirada del recurso de inconstitucionalidad de la ley antidesahucios promulgada por la Junta de Andalucía, y otra de UPyD.

Este último grupo pedía utilizar parte de las viviendas adquiridas por la Sareb para aumentar el parque de viviendas de alquiler social, y así destinarlas a ayudar a los inquilinos con menores ingresos y a aquellos que hayan perdido su vivienda como consecuencia de una situación de insolvencia sobrevenida.

El PP también ofreció modificaciones al texto, y durante su debate ayer, el diputado socialista Valeriano Gómez se mostró dispuesto a aceptar al menos tres de las enmiendas presentadas por el Partido Popular.

No obstante, ambos grupos no han alcanzado un acuerdo y el texto ha sido votado esta mañana tal y como establecía la moción del PSOE, más las incorporaciones de Izquierda Plural y UPyD.

Durante su debate en la sesión de ayer, el portavoz de Economía del PSOE, Valeriano Gómez, defendió la necesidad de garantizar que los resultados de la Sareb no supongan finalmente un coste para el contribuyente, y de que la sociedad tenga una gestión más "profesional" y sobre todo más "transparente".

Por su parte, el diputado del PP Juan Antonio Abad recordó que Sareb tiene previsto ceder entre unas 2.000 viviendas a las comunidades para que sean éstas quienes las destinen a alquiler social.

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