El Banco de España, en el punto de mira de la Comisión sobre Caja Badajoz

El Banco de España se ha situado en el punto de mira de la Comisión que investiga la integración de Caja Badajoz en Caja3, pues se cree que perjudicó los intereses de la caja extremeña al remitir después de crearse el SIP las actas que recogían graves riesgos inmobiliarios de las otras dos entidades.

Esta es la principal conclusión que se extrae de la Comisión No Permanente de Investigación sobre el SIP de Caja Badajoz con Caja Círculo de Burgos y Caja Inmaculada de Zaragoza, abierta en el seno del Parlamento extremeño.

Por ella, han pasado en las últimas semanas diferentes cargos del Consejo de Administración de Caja Badajoz y ex altos cargos del anterior Gobierno regional, entre otros.

Las comparecencias orales ya han finalizado y solo resta que los grupos formulen sus preguntas al exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien se ha amparado en el "deber de secreto" al que se debe por su anterior cargo para no asistir a la Comisión aunque se ofrece a colaborar por escrito.

La intención de este grupo de trabajo es que el dictamen de resolución, que recoge las principales conclusiones derivadas de la misma, esté listo para el mes de enero.

Hasta entonces, lo que sí ha quedado de manifiesto es el perjuicio que ha ocasionado la integración de Caja Badajoz en el SIP, no en vano, su presidente, Francisco García Peña, reconoce la pérdida de alrededor del 50 % de recursos propios de la entidad hasta poco más de 100 millones aunque se ha congratulado de que haya "sobrevivido" en un proceso en el que muchas cajas han desaparecido.

No comparte esta opinión el actual consejero de Economía, Antonio Fernández, quien en su comparecencia a petición propia, ha asegurado que Caja Badajoz "se malfusionó" y que para "salvar algunas cajas, se sacrificaron otras" como ha sucedido en el caso de Caja Badajoz.

"Caja Badajoz no existe, no tiene ninguna autonomía", ha lamentado Fernández, para quien lo único que queda es "la nostalgia de que fueron nuestras, pero ya hace algún tiempo que perdimos las dos", en alusión también a Caja Extremadura, integrada en Liberbank.

Precisamente, la fusión que se barajó en su día entre Caja Badajoz y Caja Extremadura ha salido a relucir en esta Comisión, pues algunos intervinientes han señalado que hubiera sido la mejor opción, ya que hubiera permitido garantizar la identidad de ambas cajas pero, han dicho, no se llevó a efecto por "personalismos".

En lo que sí han coincidido todos es en sostener que la mejor "novia" que podía tener en estos momentos Caja3 es Ibercaja, donde la entidad extremeña representa el 4 % del grupo.

En cualquier caso, ha sido la actuación del Banco de España, por "negligencia" al remitir tarde esas actas, lo que ha centrado todas las comparecencias.

Los intervinientes han apuntado que, tras conocerse esas actas de inspección, el proceso ya era irreversible por la desorbitada penalización que suponía salirse del SIP, del 30 % de los recursos propios de la caja, tal y como se ha puesto de manifiesto.

Algunos miembros del Consejo de Administración han hablado de "amenazas" y "presiones" por parte del Banco de España para evitar esa ruptura, incluso referidas a una posible "intervención" de Caja Badajoz como había sucedido con la CAM.

En cambio, el presidente de la entidad ha indicado que él no recibió presiones ni las admitiría y que si otros las recibieron debieron haberlas expuesto en los órganos de Caja Badajoz.

Por su parte, PP e IU, así como el propio consejero de Economía, Antonio Fernández, han defendido que se tenía que haber declarado la nulidad del SIP alegando "vicio oculto" por la falta de información en el momento de firmar el acuerdo, y, para Fernández, incluso haber recurrido a la vía judicial.