La UE elimina la obligación de presentar cuentas trimestrales

La Comisión Europea ha cambiado hoy las reglas del juego de las empresas: no tendrán que presentar sus cuentas cada tres meses (es decir, menos información para aliviar los costes contables y administrativos en unos 1.700 millones de euros anuales), pero a cambio se verán obligadas a seguir normas mucho más duras en el uso de instrumentos financieros opacos. Entre estas nuevas exigencias, las compañías deberán aportar más datos sobre los pagos que realizan alrededor del mundo en impuestos, cánones y primas o bonus, especialmente en los proyectos energéticos, para evitar la corrupción, según una propuesta de la Comisión Europea.

La abolición de los balances trimestrales, anunciada por el comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, llega después de un estudio de impacto que demuestra que la protección de los inversores no requiere información detallada cada tres meses. El análisis también pone de relieve que actualmente esos datos no se elaboran con arreglo a los estándares más exigentes (algo que sí sucede con las cuentas semestrales o anuales), por lo que puede llegar a generar confusión entre los inversores.

Pero la nueva directiva tiene otras aristas que afectan directamente a los grupos energéticos europeos. Las grandes empresas que coticen en las Bolsas europeas y que se dediquen a la extracción de recursos naturales deberán desglosar los impuestos, cánones y primas que pagan a cada país. La Comisión Europea ha presentado hoy esta iniciativa en el marco de una serie de medidas destinadas a fomentar las buenas prácticas en el sector privado.

Unas 600 empresas de los sectores del gas, los hidrocarburos, las minas o la explotación de bosques se verán afectadas por esta reforma de la Directiva de Transparencia, que busca evitar la corrupción hasta ahora encubierta a través de informes que las empresas publicaban con datos a nivel mundial, pero que no llegaban a desglosar país por país.

Las principales compañías energéticas ya han protestado por esa nueva exigencia: en una carta al regulador financiero europeo, firmas como Rio Tinto, Xstrata, BPO, Repsol, Shell o Total critican que las nuevas medidas les impedirán adjudicarse proyectos supranacionales.

Otras medidas incluyen el fomento de las empresas sociales, aquellas que a parte de su propio beneficio contemplen lo que aportan a la sociedad. Estas, que según datos de la Comisión representan un 10% de las sociedades europeas, gozarán de ventajas para acceder a la financiación de Bruselas. La medida se enmarca dentro del creciente interés de la Unión Europea en tratar los asuntos sociales y medioambientales conjuntamente con el sector privado con vistas a compensar las crecientes restricciones que sufren los presupuestos nacionales y las arcas europeas.