El juez da la razón al presidente de Sacyr en la pugna con sus principales accionistas

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid ha dado la razón a Sacyr Vallehermoso frente a la demanda presentada por tres de los principales accionistas de la empresa -Demetrio Carceller, Juan Abelló y grupo Satocán- contra el nombramiento como consejeros dominicales de sendos representantes por parte del presidente de la compañía, Luis del Rivero, y del consejero delegado, Manuel Manrique, según el auto dictado este miércoles.

El juez Carlos Nieto desestima íntegramente la petición de medidas cautelares solicitadas por los demandantes consistentes en anotar de forma preventiva la impugnación de estos nombramientos en la hoja de Sacyr en el Registro Mercantil y su publicación en el Boletín Oficial de este registro (BORME). También condena a los demandantes a abonar las costas del proceso.

De esta forma, acepta los argumentos esgrimidos por Sacyr tras la vista celebrada este miércoles, cuyo abogado defensor quiso dejar claro que "la realidad del interés del procedimiento es que hay unas personas que mandan y otras que quieren mandar". Contra el auto cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días.

El juez concluye que existe una "ausencia de instrumentalidad de la medida cautelar solicitada y falta de concurrencia de los dos requisitos que legalmente su adopción exige (el peligro de la mora procesal y la apariencia de buen derecho)". En concreto, el auto desestima impugnar la aprobación por parte del consejo de administración de Sacyr de la propuesta de nombramiento de dos consejeros dominicales en nombre de las sociedades patrimoniales de Del Rivero y Marique - Rimefor y Cymofag- adoptada el pasado 11 de mayo con ocho votos a favor y cinco en contra.

Esta propuesta fue ratificada por la junta de accionistas (representada por 19 accionistas) ocho días después, decisión que también ha sido impugnada ante los tribunales por Carceller, Abelló y grupo Satocán y que el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid resolverá mañana tras la celebración de una vista.

En primer lugar, el auto dictado este miércoles rechaza la existencia de un conflicto de intereses, al concluir que se trata de "un mero conflicto entre los distintos accionistas en relación con la composición del órgano de gobierno de la sociedad" y que esta es "una situación perfectamente pública y notoria, en la que únicamente se pretende una ampliación del consejo de administración" por parte de una parte del capital social.

En segundo lugar, el juez concluye que no existió una vulneración de los estatutos internos de la compañía porque la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Sacyr entendió que carecía de competencia para valorar la propuesta de nuevos consejeros y delegó la decisión al consejo de administración, lo que está previsto en el reglamento interno de la compaña.