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Corredor se suma la teoría de Solbes y rechaza "impedir artificialmente el necesario ajuste" inmobiliario

La ministra califica de "solución imaginativa" el nuevo Plan de Vivienda de Castilla-La Mancha que crea un nuevo tipo de vivienda de protección de iniciativa público-privada

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha explicado hoy que "impedir artificialmente el necesario ajuste" del sector de la construcción sólo serviría para "aplazar un problema", por lo que el reto del Gobierno "es que el ajuste se produzca de forma inteligente", tal y como sostuvo la pasada semana el vicepresidente Pedro Solbes. En este marco y mientras su Departamento continúa estudiando diferentes propuestas para reactivar el mercado de cara al próximo Plan Estatal de Vivienda, Corredor ha destacado como "una solución imaginativa" el nuevo tipo de pisos de iniciativa público-privada incluida en el Pacto por la Vivienda de Castilla-La Mancha.

Este acuerdo implica a las administraciones y a los agentes económicos para promover un nuevo tipo de vivienda de iniciativa público-privada (VIIP) con el fin de facilitar su acceso a los 50.000 demandantes que hay en la comunidad y que pondría a su disposición pisos de unos 70 metros cuadrados a un precio no superior a los 150.000 euros.

El prototipo de esta nueva VIPP es una vivienda de 70 metros cuadrados con un precio no superior a los 150.000 euros

Tras la firma del plan, acto al que la ministra ha acudido invitada por el consejero castellano-manchego del ramo, Corredor ha subrayado la importancia de acuerdos como este para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos y para "amortiguar los efectos del ajuste brusco" que sufre el sector.

El objetivo del Ministerio, ha destacado, no es impedir ese ajuste, sino propiciar que se haga de forma inteligente "para que sean las empresas más competitivas, innovadoras y productivas las que salgan reforzadas". Por ello, ha añadido que el pacto firmado hoy parte de un análisis certero y "aporta una solución imaginativa a la coyuntura que atraviesa la región".

La ministra ha destacado que el objetivo de su Departamento es conseguir un punto de encuentro entre la satisfacción del derecho constitucional de acceso a la vivienda y el fomento de la actividad económica y laboral del país, y todo ello desde el respeto a dos restricciones básicas: la de recursos y la de dinero.

Horizonte óptimo de equilibrio

Así, ha apuntado la importancia de que, además de lograr el primer objetivo, se conduzca al sector de la construcción "hacia un horizonte óptimo de equilibrio" que permita "diversificar el crecimiento económico" en España.

Para ello, las administraciones deben "trazar una hoja de ruta común" que culmine en la firma del Pacto Estatal de Vivienda, un acuerdo "incluyente" que defina qué medidas han de adoptarse en el medio y largo plazo.

En este camino, la Federación de Municipios y Provincias elabora ya un estudio sobre la demanda real de vivienda protegida en España y sobre la cantidad de suelo público disponible.

La ministra ha iniciado una ronda de contactos con los consejeros del ramo de las diferentes comunidades y con los representantes empresariales y sindicales, conversaciones que culminarán en una Conferencia Sectorial de Vivienda que se celebrará en próximas semanas y de la que saldrán las líneas maestras del Plan Estatal de Vivienda 2009-2012.

La ministra ha subrayado que la receta a seguir ahora es la aplicada en Castilla-La Mancha: información concreta y actualizada, diagnóstico certero, imaginación y voluntad política para llegar a acuerdos.

El Pacto por la Vivienda de Castilla-La Mancha ha sido firmado hoy por el presidente de la Junta, José María Barreda, por Jesús Bárcenas, presidente de la patronal castellano-manchega; José Luis Gil, secretario regional de CC OO, y Carlos Pedrosa, secretario regional de UGT.