La Comisión Europea amenaza con desmembrar las compañías energéticas que abusen de su posición dominante

La Comisión Europea ha amenazado hoy con obligar a desmembrar las grandes compañías de energía que abusen de su posición dominante, además de imponerles fuertes multas de hasta el 10% de su volumen de negocios. La responsable de competencia, Neelie Kroes, lanzó varias inspecciones en mayo y en diciembre sobre las empresas sospechosas de vulnerar la legislación comunitaria, entre las que se podría encontrar la alemana E.ON según se ha publicado en la prensa europea, y espera tener las conclusiones definitivas a lo largo de este año.

Kroes ha hecho públicas esta tarde las conclusiones definitivas de la investigación sobre el funcionamiento de los mercados del gas y la electricidad de la UE, en la que se ha constatado que existen "graves problemas de competencia", y que los consumidores y las empresas son los que sufren las consecuencias de la ineficacia y elevado coste de estos mercados. "Este informe no será una lectura grata para muchas empresas energéticas", dijo la comisaria.

La titular de Competencia ha insistido en que, pese a la liberalización promovida desde Bruselas los últimos años, los operadores históricos siguen dominando sus respectivos mercados nacionales y frenan la entrada de nuevos competidores. En particular, la investigación del Ejecutivo comunitario demuestra que existen importantes obstáculos para estas nuevas compañías. En primer lugar, muchos mercados energéticos están excesivamente concentrados, como es el caso de Francia (un actor dominante), España (duopolio) o Alemania (oligopolio), según los ejemplos que utilizó la propia Kroes. Ello permite a los operadores históricos "imponer altos precios".

En segundo lugar, la mayoría de los mercados energéticos europeos están caracterizados por un alto grado de integración vertical y una separación insuficiente entre las actividades de producción y distribución. Ello permite a los operadores históricos impedir la competencia discriminando a las nuevas empresas a la hora de acceder a las redes y resta incentivos a la inversión, especialmente en los las interconexiones. Otro grave obstáculo para la competencia lo constituyen los contratos a largo plazo porque bloquean los mercados.

Bruselas constata además que tampoco hay competencia transfronteriza porque los operadores históricos se limitan a sus mercados nacionales y en pocas ocasiones entran en los de otros Estados miembros. Como resultado, los precios de la energía para los usuarios comerciales varían de manera significativa de un país a otro de la UE, a lo que contribuye también la falta de transparencia.

Inspecciones a empresas desde mayo

A raíz de esta investigación, el Ejecutivo comunitario lanzó en mayo sus primeras inspecciones sobre empresas concretas por vulnerar la legislación comunitaria. Estos casos se refieren, según explicó Kroes, a la exclusión de rivales de los mercados mayoristas y el uso de infraestructura por parte de los operadores históricos, así como a posibles pactos entre éstos para repartirse el mercado. La segunda ronda de inspecciones se llevó a cabo en diciembre y se centra en la reducción de la capacidad de producción en mercados eléctricos para aumentar los precios y en posibles abusos en los mercados eléctricos de balance.

Kroes ha querido recordar que si la Comisión concluye que alguna de estas empresas ha vulnerado las normas de competencia de la UE puede imponerles multas de hasta el 10% de su volumen de negocios anual, así como "medidas correctoras estructurales de amplio alcance". La comisaria respondió afirmativamente al ser preguntada por si ello significa que Bruselas podría obligar a los grandes grupos energéticos a desmembrarse.

Primera opción: separación entre producción y transporte

Kroes publicó los resultados de su investigación sobre los mercados del gas y la electricidad como parte de la estrategia del Ejecutivo comunitario para lograr una política energética europea hecha pública este miércoles, en la que se contemplan varias propuestas dirigidas a crear un auténtico mercado interior que garantice precios justos para los consumidores. La más importante se refiere precisamente a la separación entre las actividades de producción y de transporte para evitar la discriminación de los operadores.

Tras recibir fuertes presiones de Francia y Alemania, el Ejecutivo comunitario ha eludido presentar como opción única la separación total de propiedad entre la producción y la distribución, pese a que así lo había anunciado en los últimos meses. No obstante, insiste en que es la opción "más eficaz", según recalcó la comisaria de Competencia.

Segunda opción: operador independiente

La otra opción que propone Bruselas consiste en crear un operador independiente que gestione la red, independientemente de quien sea el propietario, siguiendo el modelo energético vigente en Escocia. En todo caso, el Ejecutivo comunitario advierte de que los líderes europeos deben escoger en la cumbre del 8 y 9 de marzo entre uno de los dos modelos y aplicarlo por igual a todos los Estados miembros para que el mercado interior funcione bien. Kroes ha subrayado que con la separación total de propiedad se garantiza mejor una mayor inversión en las infraestructuras de transporte, mientras que la creación de un operador independiente de red exige una mayor burocracia y su resultado es más incierto.

En su estrategia energética, la Comisión vuelve a la carga con su idea de crear un regulador a escala de la UE, que ya ha sido rechazada por países como Alemania, o al menos una red europea de reguladores independientes que debería tener en cuenta los intereses comunitarios y en la que tendría que participar Bruselas. Finalmente, el Ejecutivo comunitario prestará una especial atención a los derechos de los consumidores y a la energía como servicio público.

Lanzará una Carta de derechos de los consumidores de energía, que incluya cuestiones como la pobreza energética, las exigencias de información para los consumidores sobre la posibilidad de escoger entre diferentes suministradores, acciones para reducir la burocracia cuando se haga el cambio y medidas para proteger a los ciudadanos de prácticas de venta ilegales.