Las gasolineras convocan un cierre patronal el 25 de mayo para presionar a Cepsa y Repsol

La Asamblea de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) ha acordado hoy convocar un cierre patronal el próximo 25 de mayo. El objetivo, presionar a las petroleras y exigir a la Administración una mayor competencia en el sector. El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), por su parte, ha respondido instando a Repsol a dejar de fijar los precios de los carburantes en sus estaciones y amenazó a la compañía con imponerle una multa de 3.000 euros por cada día que se retrase en cumplir esta exigencia.

Las estaciones de servicio que secunden la iniciativa tendrán que hacerlo de una manera muy peculiar: abrirán una hora y cerrarán las 23 restantes, ya que a pesar de que las gasolineras disfrutan de libertad de horarios, no pueden realizar paros patronales, según explicó el presidente de la CEEES, Juan Prats.

La citada asociación, que agrupa a 3.999 gasolineras, tiene como objetivos que Cepsa y Repsol YPF cumplan las sentencias del Tribunal de Defensa de la Competencia que les obligan a dejar de fijar los precios de los carburantes, así como a la supresión de los contratos de exclusividad de duración superior a la establecida por Bruselas con las petroleras. La CEEES señala en un comunicado que la medida se ha adoptado "tras el análisis de la situación del mercado y las difíciles condiciones en que las gasolineras tienen que desarrollar su trabajo".

El Tribunal de Defensa de la Competencia, por su parte, ha exigido hoy a Repsol YPF que deje de fijar los precios de los carburantes en sus estaciones y ha avisado a la compañía de que le impondrá una multa de 3.000 euros por cada día que se retrase en cumplir esta exigencia. La petrolera hispano-argentina deberá acreditar el cumplimiento de la resolución ante el Servicio de Defensa de la Competencia (SDC). Sin embargo, la multa coercitiva no comenzará a aplicarse hasta que hayan transcurrido dos meses desde la notificación de la resolución

Quieren vender alcohol y tabaco

El pasado 12 de abril, Repsol YPF y la Comisión Europea llegaron a un acuerdo mediante el cual la petrolera se comprometió a permitir a las estaciones de servicio abanderadas bajo su marca rescatar de forma anticipada sus contratos, que en algunos casos tenían una duración de 25 años, para cambiar de suministrador a cambio de una compensación económica.

Por otra parte, mediante esta convocatoria la patronal quiere mostrar su desacuerdo con las normativas que impiden que este tipo de establecimientos ofrezcan a sus clientes tabaco y alcohol, ya que, según Prats esta práctica recorta su capacidad de negocio y es discriminatoria. "Somos establecimientos comerciales, al igual que bares y quioscos, y queremos vender tabaco cumpliendo los mismos requisitos que ellos", exigió el presidente de la CEEES.

La facturación de las tiendas de las gasolineras se ha reducido un 30% en los dos primeros meses del año, después de que el pasado 1 de enero entrara en vigor la ley antitabaco, según datos de la Asociación Española de Operadores Petrolíferos.

Una batalla que comenzó hace tiempo

La batalla de las gasolineras contra la fijación de precios por parte de las grandes petroleras comenzó hace tiempo. Tras la adhesión de España a la UE, en 1986, el mercado de carburantes para motores se fue liberalizando progresivamente: se desmanteló el antiguo monopolio de Campsa y se suprimieron las restricciones a la construcción de nuevas estaciones de servicio. En España, que contaba con número menor de estaciones de servicio por habitante en comparación con otros países comunitarios, se produjo una construcción y renovación de gasolineras a gran escala.

Algunos propietarios del terreno o de los edificios de las antiguas estaciones de servicio suscribieron contratos a largo plazo con los principales proveedores de combustibles de la época, en particular Repsol. De conformidad con los contratos firmados con Repsol, los propietarios del terreno constituyeron un derecho real de usufructo de larga duración (entre 25 y 40 años) a favor de Repsol sobre su terreno o sobre el terreno y el edificio: Repsol CPP financiaba a continuación la construcción y renovación de la estación, arrendaba, a su vez, la estación al propietario y, durante la vigencia del derecho real, era el exclusivo proveedor de carburantes para motores de la estación.

Todavía hoy están en vigor unos 500 contratos de ese tipo firmados por la petrolera que, en virtud de los compromisos adquiridos, permitirá a los propietarios poner fin a sus contratos, de modo que podrán ganar márgenes más elevados por litro de carburante vendido y convertirse en estaciones plenamente independientes. Eso sí, Repsol obtendrá una compensación por la extinción del derecho real.

Las primeras sanciones se produjeron en mayo de 2001, cuando el TDC multó a Cepsa con 1,2 millones de euros y dos meses después hizo lo mismo con Repsol YPF, empresa a la que impuso una multa de 3 millones de euros. Las dos petroleras recurrieron ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo y pidieron la suspensión cautelar de la resolución del TDC, pero ambas instancias lo denegaron sin pronunciarse sobre el fondo del asunto.