La Junta se queja al Gobierno por cuestionar su solvencia económica

La dinámica electoral entre PSOE y PP sobre las cuentas y la gestión de la Junta ha traspasado el ámbito puramente partidario hasta convertirse en un conflicto institucional. El Ejecutivo andaluz ha elevado una queja formal ante el Gobierno de Mariano Rajoy después de que la vicepresidenta y portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, dijera que ve "con gran preocupación" la situación económica andaluza.

Santamaría respondió de esta forma en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a una pregunta sobre una supuesta suspensión de pagos de la Junta, publicada por el diario Abc, que han negado reiteradamente tanto José Antonio Griñán como su consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo.

Griñán pide a Montoro una reunión para exigirle respeto

Esta información se suma a las declaraciones el fin de semana pasado en Málaga del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, quien aseguró que en la Administración autonómica existía un "agujero negro". Y también a las insistentes insinuaciones del candidato del PP, Javier Arenas, respecto a que los cajones del Palacio de San Telmo están repletos de facturas sin contabilizar ni pagar.

Griñán anunció ayer que la Junta protestará formalmente porque lo que ha dicho Santamaría "no tiene fundamento y es mentira", al tiempo que solicitará una reunión con Montoro para pedirle "respeto". En su opinión, el Gobierno pretende "ocultar que las Administraciones del PP son las menos diligentes" en el cumplimiento de la estabilidad y del endeudamiento.

Fuentes de San Telmo precisaron que la consejera de Hacienda ha enviado ya una carta a Cristóbal Montoro en la que le reprocha la "deslealtad institucional bajo la intencionalidad de defenestrar la imagen" del Gobierno andaluz. Aún más cuando Andalucía no ha pedido auxilio, ni siquiera puntual, para ninguna de sus obligaciones.

También le recuerda que Andalucía dispone de liquidez y que declaraciones como la de Santamaría pueden ocasionar consecuencias "imprevisibles" y crear "alarma social".

La consejera de la Presidencia de Andalucía, Mar Moreno, por su parte, señaló a EL PAÍS que se va a dirigir por carta a la vicepresidenta. "Le pido seriedad ante un asunto de extrema importancia porque, fuera del debate político, se cuestiona la solvencia de Andalucía ante las entidades financieras", dijo. Moreno consideró especialmente sangrante que Santamaría se haya hecho eco de informaciones "totalmente infundadas", desmentidas por la Junta y que "puede verificar porque el Gobierno tiene la información de todas las comunidades autónomas". "Si su Gobierno está preocupado por Andalucía, debería intervenir en media docena de comunidades gobernadas por el PP", agregó la consejera, quien recordó a la vicepresidenta que ya no habla como representante del PP: "Se pronuncia en nombre del Gobierno y tiene el escudo de España detrás".

Javier Arenas insistió ayer en el mensaje de sospecha: "Griñán ha decidido que el año 2011 tenía 11 meses en lugar de 12, y ha cerrado el ejercicio presupuestario en noviembre". "Que nos diga con claridad cuánto debe la Junta. Parece que resulta obvio que hay ocultación de datos y de facturas", agregó.