El juez ve indicios de delito en la trama del PGOU de Alicante
El magistrado valida las escuchas que dieron pie al 'caso Brugal'
Manrique Tejada, titular del Juzgado número 5 de Alicante, instructor de la rama del caso Brugal sobre un presunto trato de favor del Ayuntamiento al promotor Enrique Ortiz en el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), considera que hay indicios de delito en los hechos investigados.
El magistrado hace este razonamiento en el auto, dictado el pasado viernes, mediante el que valida las escuchas telefónicas que dieron pie al inicio del caso. Aunque todavía no han sido calificados provisionalmente, los hechos investigados "revisten indicios de ser delictivos y han provocado una gran alarma social, debido al quebranto que suponen en la confianza de la actuación de las Administraciones", razona.
En el auto, Tejada rechaza los recursos de las partes a las escuchas y las valida porque, en su opinión, no es el momento procesal.
La resolución de Tejada difiere de la dictada el pasado 14 de junio por el juez de Orihuela Carlos San Martín, instructor general del sumario del caso Brugal, que anuló parcialmente las intervenciones telefónicas. El auto de San Martín ha sido apelado por el fiscal anticorrupción, Felipe Briones, ante la Audiencia de Alicante.
En el sumario del PGOU, el fiscal Anticorrupción acusa a 21 personas, entre ellas la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y su antecesor y actual diputado autonómico Luis Díaz Alperi. Briones atribuye a ambos los delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información. Del total de acusados, el juez ya ha imputado a nueve. Los más destacados son Ortiz y su mujer y los abogados urbanistas José Luis Castedo (hermano de la alcaldesa) y el exedil socialista Javier Gutiérrez.
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