Valcárcel desbloquea ayudas para 1.763 víctimas de Lorca

En plena refriega política entre el Ejecutivo de Ramón Luis Valcárcel (PP) y el Gobierno, la comisión encargada de tramitar las ayudas del terremoto de Lorca tomó ayer su decisión de mayor calado: la aprobación de 1.763 subvenciones (nueve millones de euros). El dinero, que representa la inyección de fondos más grande desde el seísmo, se destinará a reparar las viviendas dañadas (siete millones) y a abonar los alquileres de los vecinos realojados. Más de 3.000 afectados continúan sin poder ocupar sus casas.

La decisión desbloquea la llegada de fondos a Lorca, azotada por un terremoto que dejó un reguero de 1.000 millones en pérdidas y 1.160 viviendas demolidas. Sin embargo, el dinero, según explica el alcalde del municipio, el popular Francisco Jódar, resulta insuficiente para paliar la "parálisis" que atenaza a la localidad. Las 2.442 subvenciones aprobadas desde el temblor suponen un exiguo 17% de las solicitudes (14.192). "Si Lorca sufriese una herida, se habría desangrado", lamentó el regidor.

El desbloqueo se produce después de que el ministro de Fomento, José Blanco, acusase a los responsables de la Región de dejadez. El reproche encendió al Ejecutivo de Ramón Luis Valcárcel, que reclama 1.650 millones al Gobierno. El ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, visitará hoy Lorca para aplacar la polémica y evaluar nuevas iniciativas para la reconstrucción.

Ayuda al patrimonio

El Gobierno concedió ayer 1,7 millones de euros a rehabilitar el patrimonio histórico de Lorca. La partida, que forma parte del presupuesto del 1% cultural, se destinará a reparar el Palacio de Guevara, un ejemplo del barroco civil; la restauración de la muralla de la ciudad, que data de la época de la dominación islámica; y la restauración del porche de la Iglesia de San Antonio, del siglo XIV, y cuya estructura corre riesgo de desplome.

Por otra parte, la asociación mayoritaria de afectados, Lorca 11 de mayo, anunció ayer la campaña "Stop a los políticos", una iniciativa que pretende cargar contra la "dejadez" de los responsables públicos. "Denunciaremos a los candidatos que vengan solo a hacerse la foto durante la campaña electoral y no a solucionar los problemas", dijo su portavoz, Juan Carlos Carrillo.