Cabré anuncia que potenciará una justicia más moderna

El consejero de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, se marcó ayer como objetivo fundamental esta legisltura modernizar la justicia. Así, Cabré anunció, para empezar, que potenciará la digitalización de los expedientes judiciales.

El titular de Justicia se expresó así tras una reunión mantenida con el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, dentro de la ronda de conversaciones que el jefe del Consell mantiene estos días con sus consejeros para revisar las líneas generales de la política de cada área en la presente legislatura.

"La situación presupuestaria no da para muchas alegrías", apuntó Cabré en su intervención. Por ello, el consejero explicó que, en Justicia, se priorizarán las políticas "que no admiten esperas". Entre ellas, la citada modernización del área y la resolución de los problemas con el turno de oficio, cuyos abogados acusan al Consell de poner en peligro la gratuidad de la justicia por los reiterados impagos a sus letrados. En este sentido, Cabré reclamó al Gobierno una regulación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, algo que, según el consejero, reclaman todas las comunidades autónomas.

A pesar de la precariedad presupuestaria, tanto Fabra como Cabré consideran que las infraestructuras son prioridad, ya que el consejero confirmó su intención de iniciar, pese a las dificultades económicas, la construcción de la Ciudad de la Justicia de Alicante, un proyecto que lleva 12 años paralizado y cuyo presupuesto asciende a 42 millones de euros.

Reproches al Gobierno

La financiación de la justicia es algo que para el consejero pasa por que el Gobierno central devuelve a las comunidades autónomas el dinero generado por el pago de las tasas, depósitos judiciales o multas. Ese dinero, en el caso de la Comunidad Valenciana, supondría 30 millones de euros con los que Cabré considera que "quizá no en otras consejerías, pero en Justicia, dan para mucho".

Cabré evitó pronunciarse sobre la devolución de competencias de su área al Estado. El consejero aseguró que considera que la Generalitat es la administración "adecuada" para gestionar la justicia y que valora la cercanía que eso concede. Para el titular de Justicia, es el Gobierno, en todo caso, quien debe comprometerse con la financiación. "No me importa quién gestione, sino cómo lo hace", concluyó.