Las empresas denuncian demoras de más de un año en el pago de los Ayuntamientos

Entre las graves dificultades que tienen que afrontar las empresas en estos tiempos de crisis se encuentra la extensión de los plazos de pago por parte de las distintas Administraciones. Hay unanimidad entre las empresas de diversos sectores en señalar a los Ayuntamientos como las instituciones con más dificultades para afrontar sus pagos en plazo. Muchas empresas no se atreven a denunciar estos retrasos ya que prefieren cobrar sus facturas, aunque sea tarde, antes de arriesgarse a un impago o a que las Administraciones dejen de contratarles.

Sin embargo hay Ayuntamientos que están superando todos los límites y se registran facturas que llevan más de un año sin ser pagadas. Curiosamente las dificultades parecen multiplicarse en aquellos municipios que han tenido dificultades para ser gobernados, como es el caso de Mos o Silleda, donde se registraron sendas mociones de censura en los últimos años.

La morosidad causa el cierre de uno de cada cuatro negocios que fracasan

La Xunta presume de que en los últimos años ha avalado a más de 1.600 empresas para que encuentren financiación de circulante y puedan hacer frente a las dificultades que suponen estos elevados índices de morosidad, pero la Administración gallega tampoco se escapa al incumplimiento de los plazos legales para el pago de facturas a proveedores. Diversos sectores denuncian que el plazo medio de 29 días alcanzado el año pasado no se está cumpliendo en 2011.Un informe con datos estatales presentado hace unos días en Santiago indicaba que el plazo medio de pago de las Administraciones a sus proveedores asciende a unos cinco meses pero hay empresas que estarían muy satisfechas si este plazo (que no cumple la normativa legal) se mantuviese, especialmente en lo que se refiere a los Ayuntamientos. Fuentes de diversos sectores productivos apuntan que el plazo de pago en los municipios gallegos se extiende con mucha frecuencia más allá de un año. La Xunta es mejor pagadora que los Ayuntamientos pero esto no le exime de que se produzcan retrasos y en ocasiones no se cumpla el plazo legal de 50 días estipulado por la normativa modificada en 2010.

Fuentes de una empresa de servicios que contrata habitualmente con distintas Administraciones señalan que los Ayuntamientos prácticamente nunca cumplen los plazos de pago legales. Eso sí, indican que los hay mejores pagadores como los de A Coruña y Vigo, mientras que otros como Mos y Cangas mantienen deudas que llegan a dos y cuatro años, respectivamente. Esta empresa también ha tenido problemas con el Sergas, que el año pasado pagaba sus facturas a 60 días y a principios de este año extendió este plazo de pago a 150 días. Actualmente la situación ha mejorado algo y las facturas se pagan a 120 días.

Estos retrasos son una bomba de relojería para empresas que realizan servicios y tienen que pagar cerca de un 90% de sus facturas al contado, ya que van destinadas principalmente al pago de las nóminas y seguros sociales de sus trabajadores. En el caso de la citada empresa de servicios, sus gestores han tenido que solicitar un crédito equivalente a un cuarto de su facturación anual para hacer frente a sus obligaciones de pago.

En lo que se refiere a la construcción, fuentes de la Federación Galega da Construcción señalan que tampoco se cumple el plazo de pago en 29 días, que fue la media de pago de la Xunta a sus proveedores según datos ofrecidos hace unos días por el conselleiro de Economía e Industria Javier Guerra. Las citadas fuentes indican que el plazo de pago por parte de la Xunta se ha ampliado en los primeros meses de 2011, aunque apuntan que la situación no es comparable a los retrasos sistemáticos registrados en los municipios.

Hay sectores donde las cosas funcionan mejor. Por ejemplo, desde la Federación de Farmacias de Galicia (Fefga) su presidente, José Luis Rodríguez Dacal, apunta que la Xunta está cumpliendo los plazos de pago establecidos aunque se habían registrado retrasos a finales de 2010. El presidente de la Plataforma Gallega de Asociaciones Proveedoras de la Construcción, Manuel Espiño, también alabó hace unos días la rapidez en el pago por parte de la Xunta tras la implantación del sistema de factura electrónica.

Sin embargo, las dificultades a las que se enfrentan las empresas que tienen que hacer frente a sus obligaciones (nóminas, impuestos) antes de cobrar sus facturas sigue siendo un grave problema. Se calcula que una de cada cuatro empresas que han cerrado sus puertas durante la crisis se han visto obligadas a ello por los efectos de la morosidad.