Zoido afronta su primer conflicto urbanístico por el nuevo Ikea

Las negociaciones entre el Ayuntamiento de Sevilla y la multinacional Ikea para instalar en la capital la segunda tienda de la marca en la provincia van camino de convertirse en el primer gran brete en el que se mete Juan Ignacio Zoido (PP). Desde que ganó las elecciones, el alcalde ha señalado el inminente desbloqueo del proyecto como una de las pruebas de la diligencia de su gobierno, pero, a medida que pasan los días, empieza a comprobar que no era tan fácil.

Ayer Zoido ya apuntó a la Junta como hipotética futura culpable si el proyecto no sale adelante. Fue a preguntas de los periodistas y Zoido no concretó si en las negociaciones que el gobierno municipal mantiene con Ikea se está hablando de una operación urbanística de envergadura que tenga que contar con la aprobación del Ejecutivo regional.

Las pretensiones de la multinacional pasan por hacerse con 149.000 metros cuadrados en la zona de San Nicolás Oeste, frente al aeropuerto de San Pablo, para instalar una tienda y un parque comercial en el que quepan otras superficies a las que, supuestamente, vendería los suelos.

"Modificación puntual"

El problema es que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) solo admite que las superficies comerciales ocupen el 49% de la edificabilidad total del suelo (en este caso, 219.574 metros cuadrados) por lo que la propuesta de Ikea excede en 41.409 metros ese tope máximo (107.591,26 metros cuadrados). Zoido siempre se ha mostrado partidario de "modificaciones puntuales" del PGOU que sirvan para crear empleo, pero lo que pide la multinacional parece más que un cambio puntual.

"Que la Junta ponga inconvenientes en Sevilla para poner un Ikea y lo facilite en otro término, poniendo en riesgo 4.000 puestos (...), no quiero ni pensarlo", advirtió ayer Zoido. La Junta solo tendría competencias para vetar el acuerdo entre el Ayuntamiento e Ikea si éste implica una modificación estructural del PGOU, no un mero cambio "puntual", pero el regidor prefiere no avanzar ningún extremo de la negociación hasta que no esté cerrada.

El portavoz del PSOE, Juan Espadas, advirtió ayer de que, en los términos planteados hasta ahora, el proyecto de Ikea "no es ajustado a derecho" y se mueve "al margen de la legalidad".