La defensa de la Llei d'Ús ante Europa aglutina más apoyos
El polémico borrador de decreto del Gobierno de Francisco Camps -que elimina la enseñanza vehicular en valenciano y la sustituye por un modelo único donde el castellano y el valenciano se equiparan y se introducen unas horas de inglés- fue denunciado ayer por diversas entidades culturales ante expertos del Consejo de Europa por considerar que favorece un "uso irregular" de la lengua minoritaria e "incumple" la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias.
La reunión, que tuvo lugar en el Octubre Centre de Cultura Contemporània (OCCC), estuvo organizada por Acció Cultural del País Valencià y asistieron el sindicato STEPV, miembros del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València y de la asociación El Tempir de Elche, así como de la entidad Escola Valenciana.
En el encuentro, según fuentes de Acció Cultural, no sólo tuvieron ocasión de "informar extensamente sobre los incumplimientos de la Carta Europa", sino que además profundizaron en "las carencias del informe facilitado por el Estado español sobre su aplicación".
La delegación valenciana también denunció ante la secretaria del Comité de la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, Simone Klinge, la ausencia de normativa sobre los derechos lingüísticos en una comunidad con dos lenguas cooficiales y el "nulo" despliegue de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià de 1983.
Censura a TV3
En el apartado de medios de comunicación, Acció Cultural denunció la "censura" del Gobierno valenciano sobre las emisiones de la televisión pública catalana TV3 y la imposición de "cuantiosas multas" a la propia entidad cultural por mantener abiertos los repetidores de la televisión autonómica catalana.
El déficit del valenciano en las webs oficiales y el bloqueo institucional tanto del Consell como del grupo parlamentario del PP en las Cortes a aprobar una norma que exija la doble capacitación en valenciano y castellano a los funcionarios, completan la lista de "irregularidades" y de "incumplimientos" atribuidas al gobierno de Francisco Camps.
La delegación valenciana también solicitó al Comité de la Carta Europea que "no haga un trato diferenciado entre el valenciano y el catalán en sus informes".
En los últimos días, alcaldes y concejales de todos los partidos han expresado su oposición al decreto.
