CiU da marcha atrás en la 'ley ómnibus'

El Gobierno catalán ha modificado algunos de los aspectos más polémicos de su ley de agilidad administrativa, conocida como ley ómnibus, con el ánimo de encontrar apoyos en la oposición que le permitan aprobar el texto. Este mantiene buena parte de los elementos que la izquierda juzga como "neoliberales" pero el Gobierno de Convergència i Unió ha dado marcha atrás en aspectos tan sensibles como permitir que las instalaciones de los hospitales públicos se puedan ceder a la actividad privada, así como las limitaciones que se imponían en un primer borrador a los recién empadronados para acceder a la sanidad pública.

La ley tendrá cambios en el fondo y en la forma. De entrada ya no será una única ley ómnibus como pretendía inicialmente el presidente de la Generalitat, Artur Mas. Serán tres. Las cerca de 90 leyes que se pretendían modificar de una sola tacada se dividen en tres proyectos de ley: uno de simplificación de trámites, otro de agilidad administrativa y un tercero de promoción económica. Para acercarse a la oposición se ha decidido dejar fuera de las tres leyes asuntos como la reforma de la ley de urbanismo o de los órganos de gobierno de los medios de comunicación públicos.

El texto mantiene que las motos puedan circular en espacios protegidos

CiU necesita del apoyo de al menos un grupo de la oposición para aprobar la ley y quiere evitar dar la imagen de ser rehén del Partido Popular, que ya le ayudará con los presupuestos. De ahí que los nacionalistas hayan focalizado los cambios en contentar al PSC. En esta línea el Gobierno ha aparcado la idea de alquilar quirófanos e instalaciones sanitarias públicas a mutuas privadas porque sería difícil de explicar después de los recortes que ha sufrido la sanidad pública. La atención sanitaria a los recién empadronados también está garantizada por la Ley de Extranjería. Con todo, el Gobierno de CiU quiere poner barreras al sistema e intentará evitar el llamado "turismo sanitario" de extranjeros que acuden a operarse a España pidiendo el certificado de empadronamiento en determinadas situaciones.

- Motos en zonas protegidas. Se mantienen aspectos como que las motocicletas puedan circular por vías de zonas protegidas hasta ahora vetadas a estos vehículos. El portavoz del Gobierno, Francesc Homs, avanzó ayer que no se ha podido aplicar por falta de tiempo una modificación en este asunto que se hará a corto plazo: se trata de que los titulares de los terrenos por los que transcurran los caminos puedan decidir si quieren o no abrirlos a la circulación rodada. El Gobierno justifica esta medida como un incentivo para aumentar las ventas de motocicletas.

- Parque del Cap de Creus. Donde el Gobierno no se ha movido ni un ápice es en su decisión de dejar fuera del ámbito de protección del parque del Cap de Creus el núcleo conocido como Vall de Santa Creu, en El Port de la Selva (Alt Empordà). El Ejecutivo mantiene que no se trata de desproteger para construir y el PSC está abierto a estudiar la medida.

- Vivienda. La tercera ley, la de llamada "promoción" que agrupa las tres materias, mantiene la derogación en la práctica de la ley del derecho a la vivienda que impulsó hace más de dos años ICV tras una ardua negociación con el Gobierno tripartito del que formaban parte. No habrá alquiler forzoso de casas vacías en zonas con necesidad de vivienda, ni inspecciones para detectar si hay edificios desocupados. Los promotores tendrán la obligación de reservar menos suelo para vivienda pública y se suprime la obligación de tener que construirla por todo el territorio.