Facenda recurre la ley que convierte las cajas en bancos

Hipotecas basura, expansión inmobiliaria incontrolada, endeudamiento insostenible. Los mismos argumentos que explican la crisis económica planetaria volvieron ayer al Parlamento de Galicia para ilustrar, en palabras de la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, lo que está ocurriendo en Novacaixagalicia.

De nuevo el discurso oficial: "El Gobierno de España no actuó a tiempo. Su comportamiento típico de nuevo rico arruinado alentó una expansión crediticia inasumible". La munición verbal la dirigió contra Zapatero por negar la crisis mientras "toda Europa actuaba rápido". Y con ese preámbulo, arrinconando sonados casos como el del Irish Bank o la crisis griega, la titular de Facenda abordó lo que en su opinión ha sido una "importante y larga batalla", de la Xunta contra los elementos (léase Banco de España y Ministerio de Economía) para que Galicia permanezca en el mapa financiero con una entidad "solvente y viable".

La oposición cree que es un anuncio de propaganda sin efectos prácticos

Currás critica que el Gobierno se comportó como "un nuevo rico"

Sin entrar en detalles sobre el motivo de las cuantiosas dotaciones que Novacaixagalicia tuvo que realizar en su balance tras la fusión, apuntó que éstas se hicieron siguiendo el criterio del Banco de España. Pero para reforzar el balance ante posibles impagos, la merma en otra partida, la del capital principal, dejó a NCG en el último puesto en la lista española de bancos y cajas, algo que le está pasando factura desde que se publicó la norma que eleva esas exigencias. Precisamente contra el bautizado como el decreto de reforzamiento del sistema financiero, Currás anunció que la Xunta presentará un recurso de inconstitucionalidad. Es la segunda vez en esta legislatura que lo hace contra un texto que añade nuevas reglas de juego para la gran banca. La primera fue en marzo del año pasado, cuando anunció un recurso contra el fondo de rescate (FROB) del que, por cierto, se benefició NCG durante la fusión.

Esta nueva contestación a la política económica del Gobierno se apoya en una posible "vulneración de competencias de las comunidades autónomas en todos los niveles". En especial, sobre los órganos de gobierno de las cajas. Porque con la conversión forzosa en bancos (requisito indispensable para recibir más ayudas públicas), las autonomías dejarán de ejercer la tutela, lo que en el caso gallego pisotearía el Estatuto de Autonomía. A la oposición le chirría el anuncio. El BNG lo ve más propagandístico que efectivo, y el PSdeG acusó a la Xunta de seguir la "estrategia de Mourinho: echar la culpa a todo el mundo para justificar el resultado del partido". La portavoz María José Caride tiró a dar contra la titular de Facenda: "Ahora usted habla de que la culpa es de la burbuja inmobiliaria. Pídale a su compañero Agustín Hernández [conselleiro de Infraestructuras] que explique cómo está inflando esa burbuja permitiendo construir en la costa, o con las rebajas fiscales para la segunda vivienda. Lo que no nos dice es qué van a hacer para evitar la exclusión financiera en Galicia o el recorte salarial mientras los directivos se suben el sueldo un 71%. Nosotros apoyaríamos cualquier iniciativa para controlar las retribuciones de los directivos".

Incluso dentro del PP, en los últimos meses se especulaba con el hecho de que el recurso no serviría de nada, porque las competencias en materia financiera son exclusivas del Estado. La propia Currás defendió por momentos la iniciativa sin mucho ánimo, reconociendo que los plazos de resolución pueden dilatar el proceso. El portavoz del PP, Pedro Puy, lo resumió a la perfección: "Cuando se resuelva, pondrá a cada uno en su lugar". Aunque las cajas ya no existan.