Jerónimo Arozamena, juez demócrata

Jerónimo Arozamena Sierra era como aparece en la magnífica fotografía que acompañaba el obituario publicado por EL PAÍS el pasado 9 de abril, dos días después de su fallecimiento: inteligente, sonriente, afectuoso, noble, modesto, capaz de entender los asuntos más complejos y dispuesto siempre a ayudar sin pedir nada a cambio.

Le conocí el año 1966, en Barcelona, donde él era magistrado de lo Contencioso-Administrativo y ya había conseguido un gran prestigio personal y profesional. En aquella fecha yo empezaba a prestar servicios como fiscal. Muy pronto me sentí atraído por su capacidad intelectual y su bondad. Gran trabajador, excelente conversador, le gustaba reunirse con sus compañeros jueces, fiscales y secretarios para hablar de todo lo divino y lo humano. Aunque predominaban los temas jurídicos, una parte de la conversación se centraba en el futuro de España.

Su papel en la legalización del Partido Comunista fue decisivo

Pese a ser tiempos de dictadura, en los que desde el poder se transmitían mensajes de alejamiento de la política, que se presentaba como actividad peligrosa y dañina, Jerónimo llevaba en la sangre su preocupación por los problemas de la colectividad. Supe después que era hijo de quien, durante la Segunda República, había sido alcalde de Reinosa (Cantabria) y secretario general de la UGT de la zona.

Terminada la Guerra Civil, su familia estableció el domicilio en Barcelona. Estudió Derecho. Ya licenciado, ingresó por oposición en la carrera judicial.

Como juez elaboró una jurisprudencia tendente a combatir las arbitrariedades del poder y a proteger los derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la tutela judicial efectiva, lo que le impulsaba a dar respuesta motivada y rápida a las pretensiones de los ciudadanos. En unión de un equipo de magistrados del Tribunal Supremo, puso en orden una Sala que adolecía de enorme retraso. Y en su condición de primer presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, consiguió que ese tribunal funcionase desde el inicio con celeridad y rigor. Sometía a sus componentes a intensísimas horas de trabajo. Deliberaba con exhaustividad y elegía para sí los asuntos más difíciles. Cualquier tipo de queja quedaba excluida porque despachaba -y ayudaba a despachar- más asuntos que nadie. Tras la muerte de Franco, su compromiso con la democracia lo llevó a atender la llamada de su amigo Manuel Jiménez de Parga, ministro de Trabajo en el primer Gobierno democrático del presidente Suárez, y aceptó el cargo de subsecretario. Continuando el trabajo de anteriores ministros de UCD, participó en el desmontaje de los sindicatos verticales, facilitando el paso a los sindicatos democráticos. Y cuando el presidente del Gobierno tomó la decisión política de proceder a la legalización del Partido Comunista, Arozamena, junto con algún compañero de profesión, ofreció al Gobierno una solución técnica jurídica que, en ejecución de la sentencia de la Sala Cuarta del Supremo, facilitó la adopción de tan trascendental decisión.

Todavía era joven, sobre todo de espíritu, y por ello estaba en condiciones de prestar nuevos servicios al Estado democrático. En cumplimento de la encomienda que le hizo el ministro de Justicia Iñigo Cavero, presidió la comisión (de la que formaron parte, entre otros, los magistrados Ángel Rodríguez y Juan Antonio Xiol) que elaboró un anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, decaída, pero que constituyó un invalorable instrumento de trabajo para la elaboración del proyecto de ley con idéntica denominación que presentó a la Cámara el Gobierno socialista elegido en octubre de 1982.

Mas, quizá, sus más relevantes trabajos como prelegislador y juez fueron los de su participación, junto con los profesores García de Enterría y Rubio Llorente, en la preparación del proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y su posterior ejercicio como magistrado de dicho tribunal, del que fue vicepresidente bajo la presidencia de Manuel García Pelayo. El indudable prestigio que el Tribunal Constitucional se ganó en aquellos años fundacionales se debió, sin duda, a todos sus integrantes, entre los que se hallaba Arozamena, protagonista indiscutible en la instauración y consolidación del Estado social y democrático de derecho.

Agotado su mandato en el Constitucional, Arozamena fue nombrado consejero permanente de Estado, puesto desde el que, hasta su voluntaria renuncia en 2009, cumplió con lealtad, altura de miras, respeto al Derecho, honestidad y profundo sentido de Estado las funciones que la Constitución encomienda al supremo órgano consultivo del Gobierno.

Conocedor como pocos de la complejidad del Estado autonómico, del que era firme defensor, puso su poder consultivo al servicio de una concepción tendente a reforzar la cohesión social, reducir los desequilibrios interterritoriales e impedir que el Derecho pudiera ser utilizado para la venganza política.

Vivió felizmente en el seno de una familia admirable. La alegría y el optimismo de María Jesús, su esposa, lo contagiaba todo. Las tardes que sus compañeros pasábamos junto al matrimonio y sus hijos dejaban en nosotros esa agradabilísima sensación de bienestar que transmite la amistad.

Amó mucho a su tierra cántabra. Se enamoró de Cataluña, donde cuajo su personalidad. Y como hombre de Estado su prioridad absoluta estuvo siempre en la defensa de la convivencia democrática y pacífica de los españoles. Estas líneas han sido escritas para mantener vivo su recuerdo y rendir al maestro el justo homenaje que se merece.

Fernando Ledesma Bartret es consejero permanente de Estado.