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RTVV carece de un plan para paliar la rebaja del 30% de la partida del Consell

El consejo de administración de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) aprobó ayer con los votos de los miembros propuestos por el PP (cinco votos a favor y cinco en contra) y mediante el voto de calidad del presidente de la institución pública, José López Jaraba, la propuesta de este último para negociar un crédito a largo plazo y con una carencia de un año por un importe de 32,48 millones de euros. Un crédito que según los términos de la propuesta de Jaraba se destinará, en una redacción dual, o bien amortizar los dos créditos que vencen en 2011 y que los que los bancos que los concedieron se han negado a renegociar, o bien, en el caso de que el Consell asumiera esa amortización, destinar el dinero "a incrementar el fondo social de RTVV".

Una decisión polémica que el consejero Miguel Mazón tachó de "ilegal" y que, a su juicio, supondrá endeudarse a largo plazo para usar el dinero en gasto corriente. La cantidad de los créditos es similar a la cifra que representa el recorte del 30% que el Consell ordenó para todas las partidas de la administración en los capítulos del presupuesto 4 (transferencias corrientes), 6 (inversión) y 7 (transferencias de capital). Como los presupuestos de la Consejería de Hacienda prevén para RTVV una cifra de 124 millones de euros del capítulo 4, la reducción supondrá una merma de 37 millones de la aportación del Consell a la televisión pública. Y según Mazón, que preguntó ayer a Jaraba cómo iba a paliar la reducción de esa aportación, el director general aseguró a los miembros del consejo "que no iba a acatar esa reducción", y que "estaba discutiendo con la consejería" la aportación.

El consejero José Ignacio Pastor confirmó que RTVV no ha presentado ningún plan para paliar el recorte en una empresa que tiene una deuda de 1.099 millones (se gasta 60 al año en intereses). También criticó que si Jaraba ya sabe la deuda de 2010 por qué no presenta al consejo la liquidación del año. Y lamentó que Jaraba no haya previsto medidas para garantizar la pluralidad de Canal 9 en periodo electoral y se negara a suprimir el programa DBT, "de propaganda del PP".

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