El juez declara ilegal una obra aprobada por el alcalde de Gádor

Medio año después de que el Tribunal Supremo acordase el sobreseimiento de la causa penal especial abierta contra el alcalde de Gádor y senador del PP, Eugenio Gonzálvez, por presunta prevaricación en la adjudicación de una obra municipal, se ha dado a conocer una sentencia dictada a finales de febrero por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo 1 de Almería que declara "ilegal" la adjudicación de la obra por parte del regidor.

El magistrado Tomás Cobo deja ahora sin efecto la resolución de Alcaldía por la que se ordenaba el pago de 156.062 euros a las empresas adjudicatarias de la construcción de la Escuela Municipal de Música y Danza de esta localidad del Bajo Andarax al considerar que la adjudicación no se hizo conforme a derecho y a la que, incluso, el interventor había puesto "reparos".

En este sentido, el juez refleja en su sentencia el informe realizado por el interventor municipal sobre la resolución del alcalde en la que figuran una serie de acuerdos técnicos que "no constan" en el departamento de Intervención. "No consta expediente de contratación alguno para la terminación de las obras de la Escuela de Música y Danza y si existió, sería verbal", refleja el informe del funcionario.

El alcalde aprobó fraccionar el pago para la contratación de la obra, pero el interventor argumentó que la normativa no permitía hacerlo, como tampoco un procedimiento negociado sin publicidad, como se hizo.

"Calvario judicial"

El Ayuntamiento de Gádor interpondrá un recurso de apelación ante el TSJA. El equipo de gobierno "acata y respeta" la sentencia del magistrado Tomás Cobo aunque "no la comparte", asegura la teniente de alcalde y portavoz, Lourdes Ramos, quien cuenta por "miles" los actos administrativos "que declaran nulos los juzgados, por lo que un error administrativo no es ni mucho menos un delito". En su blog, Eugenio Gonzálvez, relaciona causa y efecto. "No es coincidencia que tras la denuncia del PP de la Diputación del llamado escándalo de los asesores en mi etapa como portavoz popular, comenzara mi calvario judicial".

El Supremo archivó la causa por la presunta prevaricación de Gonzálvez al considerar que no actuó "dictando resoluciones arbitrarias a sabiendas" y que, con independencia de que fueran correctas o no, no incurrió en prevaricación.