Una denuncia en Lugo destapa una red de estafadores en Internet

Una denuncia presentada en Monforte (Lugo) por un ciudadano inglés ha sido la clave para el desmantelamiento de un grupo integrado por tres ciudadanos rumanos residentes en España que supuestamente han realizado estafas telemáticas en 12 países de Europa y norte de África. La investigación está siendo coordinada desde el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Monforte.

La investigación dio comienzo en marzo de 2010, a raíz de la denuncia monfortina, donde un ciudadano advertía de varios cargos en una tarjeta de crédito por valor de 529 euros. La Guardia Civil de Lugo arrancó ahí la Operación Botosani, en referencia a un distrito del norte de Rumania. La estafa consistía en ofertar productos en páginas web de diversos países dedicadas a operaciones de compraventa.. Luego, una vez realizada la transacción económica por parte de los compradores, éstos nunca llegaban a recibir la mercancía. Los estafadores procuraban que las ventas no superaran los 400 euros para que no fuera un delito.

Las víctimas compraban en una web productos que nunca recibían

Por esta razón, unida al hecho de que apenas se han tramitado 30 denuncias, los detenidos en Zaragoza han quedado en libertad con cargos y medidas cautelares, aunque tendrán que responder de los presuntos delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil, blanqueo de capitales y asociación ilícita.

Bicicletas, electrodomésticos, instrumentos musicales, menaje de hogar, vehículos, maquinaria agrícola y embarcaciones eran algunos de los productos ofertados. La banda creaba todo tipo de páginas web, tenía registrados varios dominios y simulaba todo el proceso de transporte e intermediación usurpando identidades a personas o empresas.

Los imputados, dos de ellos de 24 años y otro de 27, alternaban su residencia entre Zaragoza, Valencia, Madrid y Guadalajara, aunque no solían residir más de tres meses en una localidad. En la primera de las ciudades los investigadores llevaron a cabo un registro en un domicilio y lograron intervenir varios ordenadores, dispositivos de conexión a Internet, memorias USB, documentaciones, 1.000 euros en efectivo, tarjetas y libretas bancarias, agendas y teléfonos móviles.

Todos estos efectos permitían a la banda disponer de hasta 40 identidades distintas y tener activadas 80 líneas telefónicas con varias operadoras. La juez ordenó el bloqueo de una cuenta bancaria con 10.000 euros. Los investigadores creen que las estafas empezaron a producirse en enero de 2009.