La dependencia no sale del atasco
Un 50% de las personas con derecho a ayuda no la reciben
El gran atasco en la aplicación de la ley de la Dependencia en la Comunidad Valenciana está en las decenas de miles de personas a las que la Generalitat ya les ha reconocido el derecho a acogerse a las ayudas que establece la ley pero no se las paga.
Según últimos datos oficiales, de principios de mes, la suma asciende a 36.989 personas. Y, en términos relativos, se trata de un cuello de botella que se le está atragantando a la Consejería de Bienestar Social, hasta el punto de que en un año ha crecido este problema. El informe del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, del 1 de febrero, refleja que en la Comunidad Valenciana se ha reconocido a 74.595 personas con derecho a recibir una prestación por no poder valerse por sí mismas y acogerse a los criterios que establece la ley de Dependencia. De ellos, solo 37.606 reciben alguna de la prestación que les corresponde, lo que supone el 50,4% de quienes tienen derecho a percibirla.
En 2011 se ha abierto la cobertura y hay más beneficiarios, según el Consell
"No se pagan las ayudas porque no hay dinero", señala Antonio Torres
Es una tasa baja si se compara con otras autonomías. El informe mensual del ministerio publica una tabla que refleja el porcentaje de población que cuenta con prestaciones relacionadas con la Dependencia. La media de todo el Estado arroja una cobertura del 1,45%. La tasa de la Comunidad Valenciana es del 0,74%, la segunda por la cola solo por delante de Canarias (0,47%). En el otro extremo está La Rioja (2,43%), Cantabria (2,39%) y Andalucía (2,21%).
Hace un año, la situación era muy similar. Los datos de febrero de 2010 del ministerio recogían 58.311 beneficiarios con derecho a prestación y 26.411 personas con ayudas. De esta forma, en un año se ha pasado de 31.900 personas sin prestaciones a 36.989. "A este ritmo, harían falta tres años para acabar con esta lista de espera, y ello sin contar las nuevas incorporaciones que habrá", comenta el diputado socialista Antonio Torres.
El portavoz socialista de política social en las Cortes denuncia que hay distintas personas en este limbo de espera para acceder a los servicios que reconoce la ley. Por un lado, quienes ya tienen reconocimiento de su grado de dependencia pero aún no cuentan con un Plan Individual de Atención (PIA). Aquellos que tienen PIA pero falta el certificado que lo confirma y los que tras la resolución final del proceso aguardan que se les abonen las ayudas. "No pagan porque la Administración no tiene dinero", sostiene Torres.
El Observatorio de la Dependencia, un informe elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha insistido repetidamente en el elevado número de personas que permanecen en este limbo administrativo en la Comunidad Valenciana. Junto a Canarias, es en el territorio valenciano donde es "más preocupante esta situación". En su último informe, de diciembre, esta entidad suspendió a la Comunidad Valenciana con una puntuación de 2 en la aplicación de la ley (la media española fue de 5,6).
Fuentes de Bienestar Social explican que este año ha entrado en vigor un nuevo grado de dependencia moderada, lo que implica unas 10.000 personas más en el sistema de la dependencia. Ello, sostienen, tiene un impacto estadístico ya que todas estas personas antes no estaban contempladas entre los beneficiaros con derecho a ayudas. "Ello explica que el diferencial [entre las personas con derecho a recibir ayudas y las que efectivamente los reciben] no se haya reducido", argumentan.
"No sabemos cuándo ni cómo vamos a cobrar"
Ana Bosch, de 60 años, ingresó a su madre Dolores, de 86 años, en una residencia de El Puig cuando el alzhéimer hizo imposible atenderla en casa. "Se nos llegó a escapar, se rompió la nariz...", rememora. Fue en julio de 2007.
Poco antes, su hija inició los trámites para que la ley de Dependencia asumiera parte de los 1.800 euros que le cuesta la asistencia a su madre. Año y medio más tarde, en diciembre de 2008 comenzaron a cobrar las ayudas, algo más de 800 euros. "En la residencia nos comentaron que teníamos derecho a cobrar las ayudas de forma retroactiva desde que ingresó", relata Dolores. Solicitaron este dinero y aún siguen esperando.
La ley de Dependencia establece que las Administraciones han de cargar con el coste de los servicios desde el día siguiente a la solicitud de las ayudas siempre que el beneficiario cumpla con los requisitos que establece la normativa. Es el caso de Dolores, pero sus familiares no están teniendo nada fácil conseguir que se cumpla la ley. El procedimiento administrativo fue muy engorroso. "Tuvimos que presentar toda la documentación varias veces, siempre nos comentaban que nos faltaba algo", sostiene Jesús, el marido de Ana.
Lo peor llegó después, cuando finalmente Bienestar Social reconoció el derecho a cobrar las ayudas de los 18 meses comprendidos entre julio de 2007 y diciembre de 2008. "En septiembre de 2010 aprobaron la retroactividad y nos pidieron los datos bancarios para hacer el ingreso", relata Jesús. "Pasó octubre, noviembre, diciembre, enero y seguimos esperando. No sabemos ni cuándo ni cómo vamos a cobrar".
Ana muestra su agradecimiento a la residencia, que adelantó el dinero de Bienestar Social correspondiente al pago retroactivo. "Han sido muy comprensivos". Pero no entiende cómo después de haber pedido explicaciones en todas las dependencias que tiene Bienestar Social en Valencia la respuesta sea siempre la misma. "Nos dicen que enseguida vamos a cobrar, y nada. Así llevamos cuatro meses".
Radiografía del último informe del Gobierno
- El limbo de la dependencia: Hay 74.595 personas que Bienestar Social considera que tienen derecho a recibir una prestación de la ley por cumplir los requisitos que establece la norma. De ellos, solo 37.606 reciben alguna de las ayudas (estancia en residencia, prestación económica de cuidados familiares, de asistente personal, teleasistencia, centros de día). Ello supone que el 49,6% de los dependientes con derecho a recibir ayudas no las disfrutan.
- A la cola en beneficiarios con prestaciones: Un 1,45% de la población española recibe alguna prestación de la ley de la Dependencia, según los últimos datos oficiales. La Comunidad Valenciana está en la mitad con una tasa de 0,74%, la segunda más baja solo por delante de Canarias (0,47%). En la cabeza de la clasificación está La Rioja (2,43%).
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