Dos ofertas compiten con la de Vilanova por el pazo de Charlín

La del Ayuntramiento de Vilanova de Arousa no ha sido la única puja que se hizo ante la Agencia Tributaria, en sobre cerrado, para adquirir el pazo de Vista Real que hace ahora 21 años compraron Los Charlines. Ayer se dieron a conocer otras dos ofertas, que fueron presentadas cuando se cerraba el plazo para optar a la compra de la propiedad.

Ahora se abre un segundo plazo para valorar las ofertas presentadas y proceder a la adjudicación del pazo pontevedrés y de los bienes que no pudieron ser vendidos en octubre, cuando quedaron desiertas las subastas de 25 garajes, pisos y seis bateas pertenecientes a polígonos mejilloneros en la ría.

Por el momento se desconoce qué cantidades se han ofrecido por el pazo de Vilanova, cuyo precio de salida se fijó en dos millones de euros. Esta cantidad se rebajó en un 25% en una segunda subasta que, aun así, quedó desierta. El Ayuntamiento de Vilanova encargó a unos técnicos un peritaje de la finca aunque no llegó a informar de la cantidad que ha ofrecido para comprarla y destinarla a un centro de día.

El acuerdo por unanimidad del pleno de Vilanova de Arousa -por el que se pretende declarar el uso público de la propiedad e incluso llegar a la expropiación si fuera necesario- no ha impedido finalmente que se presentasen otras ofertas a la subasta. Eso sí, el acuerdo plenario ha dejado en posición de ventaja a la Administración local.

Hacienda espera que la mesa de subasta pueda proceder a la adjudicación directa en los próximos días, a no ser que las ofertas recibidas no alcancen el valor mínimo estipulado por la Audiencia Nacional, lo que obligaría a abrir un nuevo plazo de adjudicación.

Por otro lado, un nutrido grupo de trabajadoras del cocedero Charpo, una empresa también intervenida por la Justicia a Los Charlines, se concentraron ayer ante la delegación de la Agencia Tributaria de A Coruña para exigir que se les abonen las indemnizaciones que todavía se les adeudan y que cifran en dos millones de euros.

La caída de Charpo

Las antiguas trabajadoras reclamaron una reunión con algún responsable del proceso de adjudicación de los bienes de la familia de narcotraficantes, pero un portavoz de Hacienda les requirió para que presentasen su reclamación por escrito.

Cuando la empresa Charpo fue intervenida y administrada por la Audiencia Nacional, las trabajadoras fueron despedidas y sólo recibieron una parte de la indemnización que les corresponde por parte de la familia Charlín. Ahora pretenden cobrar el resto de la deuda con el dinero que el Estado va a recaudar con las subastas que se están celebrando y que continuarán en febrero próximo con otro lote de propiedades.

Una portavoz de las trabajadores culpó ayer a la Administración judicial de no haber mantenido activa la empresa y de proceder al despido de toda su plantilla. La representante de las empleadas cree que fue "un error" porque económicamente la empresa podía haberse mantenido a flote cuando en los años noventa estaba saneada. Dejó de estarlo a raíz de su intervención.