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El juez fija 2,4 millones de fianza para el patrón del 'Pepita Aurora'

La cantidad se establece en previsión de indemnizaciones

El juzgado número tres de Algeciras (Cádiz) ha impuesto una fianza de 2,4 millones de euros al patrón y armador del Nuevo Pepita Aurora, el barco en cuyo naufragio murieron ocho marineros de Barbate (Cádiz) en septiembre de 2007. Las diligencias siguen en fase de instrucción y ahora se decide esta cantidad como una previsión en caso de que se termine aprobando una indemnización para los ocho supervivientes, las víctimas y sus familias. El patrón, José Vega, es el único imputado en la causa hasta ahora y llegó a cobrar tras el naufragio 400.000 euros del seguro del pesquero.

El patrón del barco fue uno de los supervivientes a la tragedia. Como dueño y responsable empresarial del resto de la tripulación, el juzgado le señaló como único imputado tras constatarse en un informe del Ministerio de Fomento que el barco tenía un exceso de carga y que algunos salideros de agua estaban taponados, lo que podría haber facilitado el hundimiento, que se produjo a su regreso de faenar en Marruecos en medio de un fuerte temporal.

José Vega, único imputado, cobró del seguro 400.000 euros tras el naufragio

Vega nunca ha estado en prisión, pero sí tuvo que declarar ante el juzgado en calidad de único acusado. La fianza millonaria es la medida más contundente que se toma contra él hasta ahora. Los abogados de los supervivientes y de las viudas habían reclamado información para que parte de la indemnización del seguro, que cubría el valor físico del barco y no a su tripulación, se repartiera entre todos.

Si Vega no puede entregar la fianza, el juzgado advierte de que le serán embargados bienes y propiedades que cubran la cantidad exigida. Así lo anunció ayer uno de los abogados que representan a las viudas, Ramón Dávila. El letrado del patrón, Jesús Gómez Grosso, calificó como habitual este tipo de fianzas y se esforzó ayer en insistir en la inocencia de su cliente. Su versión es que el verdadero responsable está en el astillero que construyó el barco y en la Administración que revisó el pesquero varias veces y permitió su navegación durante varios años.

Tres años después de la tragedia este caso sigue sin fecha de juicio. A la fase de instrucción todavía le queda la declaración de varios buzos que participaron en las labores de rescate de los marineros. Sus primeros testimonios han venido a ratificar el informe de Fomento, ya que su análisis visual comprobó que los salideros de agua estaban bloqueados. Otra información fundamental a la que se aguarda es la que puede aportar el reflotamiento del barco, aunque esta medida, que fue aprobada por el juzgado, no tiene tampoco plazo de ejecución. Nadie asume el coste de esa operación, cuyo precio no se ha fijado pero que podría ser un millón de euros. Lo último resuelto en los juzgados es que esta operación debe pagarla quien la ha pedido, es decir, el único acusado. El letrado del patrón cree que nadie debería tener que asumir tan alto coste por demostrar su inocencia.

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