Educación privatizará la gestión de colegios de nueva construcción

El modelo de privatización sanitaria de Alzira llega a la gestión de la enseñanza. La Consejería de Educación negocia desde hace tres años con las patronales de los centros privado-concertados la cesión de suelo a empresas privadas para construir colegios y gestionarlos durante, al menos, 75 años. Pasado este plazo, el concierto educativo podría salir a concurso público. Una fuente de la Consejería de Educación fue muy gráfica a la hora de resumir la iniciativa del departamento de Alejandro Font de Mora: "Es el modelo de Alzira puro y duro". Eso sí, precisa, las concesiones solo se autorizarán en aquellas zonas donde exista una demanda suficiente de plazas escolares y se rechazarán las peticiones de aquellas empresas que pretendan acceder a los conciertos con una oferta elitista.

La Generalitat estudia el modelo implantado hace siete años en Madrid por la presidenta de la comunidad Esperanza Aguirre. Un modelo que el PP incluirá en el programa electoral que presentará en las elecciones autonómicas del año próximo.

La consejería y la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval), la patronal que agrupa a la mayoría de los centros concertados no religiosos, apuestan por poner en marcha el modelo en la ciudad de Valencia, especialmente en aquellos barrios que tienen una mayor presión demográfica y un déficit acuciante de plazas escolares, como Campanar, la zona de la Avenida de Francia, Malilla y el distrito de Ciutat Vella. Excepto en este último, en las otras tres zonas urbanas se ha producido una expansión inmobiliaria en la última década, que ha dado lugar a barrios nuevos sin ningún equipamiento público.

El Consistorio valenciano ya ha planteado "una revisión del Plan de Ordenación General Urbana (PGOU) para recalificar suelo que inicialmente estaba previsto para equipamientos escolares y zonas verdes", según Amadeu Sanchis de Esquerra Unida, en dos barrios: la avenida de Francia, que desemboca en la Ciudad de las Artes y las Ciencias; y Campanar.

Ante las dificultades financieras de la Generalitat y sus problemas para obtener créditos, la Consejería de Educación pretende que sean las empresas privadas las que se hagan cargo de la construcción de los colegios. Pero Feceval exige contrapartidas para hacer viable el proyecto. Una de ellas, y no la menor, es tener garantizado por ley el acceso al suelo. Otra, que los centros se construyan en aquellas zonas donde el riesgo económico sea mínimo habida cuenta de la demanda de plazas escolares.

Estas dos condiciones son fundamentales para que los empresarios de la enseñanza arriesguen su capital. La Administración autonómica se ha comprometido a mediar con las entidades financieras para que se les faciliten créditos a un precio inferior al del mercado.

Pero el primer escollo que tiene que salvar el Consell de Francisco Camps es poder garantizar el suelo. "El problema serio es el suelo", confirma la patronal Feceval, que admite que de momento sus empresas estarían más interesadas que los colegios religiosos. "Habría que ver si el Ayuntamiento de Valencia dispone de solares ya expropiados, o en su defecto si estaría dispuesto a hacer una permuta", añade Feceval. "Y todos sabemos que no anda muy sobrado de suelo. Reunir todo el proceso podría durar dos años", advierte este portavoz.

Otra cuestión que preocupa sobremanera a la patronal es que el concierto sea "automático, desde el primer momento en que el centro estuviera ocupado". La ley prevé hasta cinco años para homologar el centro y concederle el concierto. La patronal no está dispuesta a "invertir entre 3, 5 o 10 millones de euros, según las líneas que tenga el nuevo centro a construir", sin tener garantías oficiales y legales de que ingresará por concierto todos los conceptos (financiación de la nómina del profesorado y gastos de funcionamiento) desde que se inaugure.

Finalmente, la patronal exige un "blindaje legal" que impida que el proceso de concierto sea reversible, si entrara a gobernar otro partido diferente del PP. "La garantía de irreversibilidad es muy importante, porque estamos hablando de inversiones fuertes", matiza Feceval.

La negociación de la futura privatización de la construcción de centros escolares se inició "poco después de las últimas elecciones autonómicas". El peso de la negociación se lleva con la secretaria autonómica de Educación, Concha Gómez, confirman los interlocutores implicados. "De vez en cuando, se ha hablado también con el consejero Alejandro Font de Mora", puntualiza la patronal. Pero es Gómez quien encarga los estudios jurídicos para llevar a cabo la privatización.

"Para evitar los problemas de Madrid con grandes empresas, aquí se haría con empresas familiares y cooperativas", explica este portavoz. En Madrid, Esperanza Aguirre se ha enfrentado a las denuncias de la oposición en bloque por concertar con grandes empresas vinculadas a la prelatura del Opus Dei, que por norma separa por sexos a los alumnos de las alumnas, lo que contraviene la propia normativa estatal de conciertos educativos.

Desde Educación apuntan que "no es incompatible con Ciegsa, hay colegios públicos y habrá que seguir construyendo". No obstante, la deuda que arrastra la empresa pública de construcciones escolares está siendo muy cuestionada por la oposición. En siete años, Ciegsa ha construido 365 centros por valor de 1.782 euros, pero su deuda actual es de 3.000 millones.