La letra pequeña retrasa el acuerdo laboral en las cajas

La letra pequeña, y quizá el hecho de estar a menos de una semana de la huelga general, ha impedido que los sindicatos firmen el pacto laboral perfilado con las cajas de ahorros. Los impulsores del preacuerdo (CSICA, CC OO y CIG) recularon en la reunión de ayer porque ven muchos puntos difusos en el borrador del documento que les ofrecen las cajas, tanto en lo que respecta a las prejubilaciones como en la homologación de condiciones.

El criterio general del ERE que quieren aplicar las entidades pasa por prejubilaciones a través del despido (desvinculación con la empresa y cobro de paro los primeros años) con el compromiso de que completarán el salario bruto hasta el 85% del actual. Según los cálculos de CIG, la fórmula que quieren aplicar las entidades está lejos de lo que prometen: implica el cobro de entre el 73% y el 80% de la retribución. Las centrales buscan garantías claras sobre otros "detalles". Como por ejemplo qué pasará si el trabajador rechaza una oferta de los servicios de empleo público y pierde la prestación por desempleo. Otro tanto sucedería en el caso de que se amplíe la edad de jubilación, ya que las empresas sólo contemplan los pagos hasta los 64 ó 65 años. "Estamos lejos del acuerdo, encontramos grandes diferencias en la práctica totalidad de los puntos", subrayó Clodomiro Montero desde el sindicato nacionalista.

La parte sindical también se esforzó ayer en presentar el ERE como una ventaja y no como un lastre para las arcas públicas, en sintonía con lo que se ha pactado en otras fusiones. En nombre de CSICA, Juan Álvarez insistió en que las entidades se ahorrarán una parte de las prejubilaciones y la plantilla se beneficiará de exenciones fiscales. "No perjudica a nadie", aseguró. Según los cálculos de UGT, los despidos tendrán un coste para la Seguridad Social y Hacienda de 90 millones, que Comisiones rebaja a 50.

Otra de las lecturas que internamente se hacen del ERE es más favorable para los trabajadores. Podrían llegar a alcanzar un salario neto de hasta el 98% de su nómina actual por el efecto de la menor fiscalidad.

Entre los acuerdos prácticamente cerrados está el de la retribución por traslados en la futura caja única que presidirá Julio Fernández Gayoso. El borrador fija una cantidad que se abonará al empleado por cada kilómetro, a lo que se sumará, durante dos años, una cantidad de 7.500 euros anuales para alquiler y la posibilidad de pedir por segunda vez un préstamo hipotecario para compra de vivienda. Para José Ramón Pliego (UGT), se trata de un documento deficiente en muchos aspectos, y recuerda que todavía no se ha hablado del número concreto de oficinas que cierran y de los traslados.