El Ejido paga 72.000 euros al año al cerebro de la trama corrupta

El que fuera interventor accidental del Ayuntamiento de El Ejido y al que las investigaciones policiales señalan como el presunto cerebro de la operación Poniente por malversación de fondos municipales, José Alemán Bracho, recibe 72.000 euros al año de las arcas que presuntamente esquilmó. Alemán ingresó en prisión a finales de octubre -al igual que el alcalde, Juan Enciso (PAL)- y salió el 29 de julio, tras pagar una fianza de 600.000 euros. A ambos se les imputan los delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil. El acusado de urdir la trama que supuestamente malversó 150 millones de euros de las arcas de El Ejido por medio de una trama de subcontrataciones con la empresa mixta de servicios municipales Elsur no salió de la nómina de los empleados municipales ni cuando estuvo en prisión.

El Consistorio suspendió a dos policías antes de la sentencia definitiva

El imputado cobró por productividad mientras estaba encarcelado

Alemán y su esposa, Isabel Carrasco -también imputada y en libertad provisional bajo fianza de 90.000 euros-, son funcionarios municipales y trabajan en el área de Hacienda. Carrasco se incorporó a su puesto el pasado lunes, después de diez meses de baja médica por depresión, y ahora es su esposo el que no cumple sus obligaciones laborales por prescripción médica.

Alemán fue cesado como interventor accidental, pero no como jefe de área de Hacienda y Contratación, puesto por el que se la paga en la actualidad. Se le contrató como economista hace 27 años, pertenece al Grupo A en la escala de funcionariado, cobra complementos de destino (nivel 30) y complementos específicos según la Ley de Presupuestos Generales del Estado al estar en el Grupo E9. Esto suma un total de 72.000 euros al año distribuidos en 14 pagas. Curiosamente, en diciembre, mientras dormía en una celda en la cárcel almeriense de El Acebuche por orden de la juez titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, cobró un complemento por productividad.

El equipo de gobierno municipal lo tiene claro. "Nosotros no podemos cesar a un funcionario público si no es por resolución judicial", argumenta Juan Enciso, quien entró a trabajar al día siguiente de su salida de prisión, el 15 de junio, después de ocho meses en la cárcel.

Sin embargo, desde la oposición se puntualiza que la Administración local puede abrir expediente en virtud del Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 que establece lo que se consideran "Faltas disciplinarias", que sí se aplicaron días antes del destape de la operación Poniente a dos policías locales acusados de tráfico de estupefacientes, que fueron suspendidos de empleo y sueldo mientras llegaba una resolución judicial definitiva.

El concejal y secretario de organización del PSOE en El Ejido, José Miguel Alarcón, aseguraba ayer que es un "derecho" de Alemán como cualquier trabajador público y, ante eso: "No podemos hace nada". "Por ética, debe dejar el cargo. Por su parte, candidato del Partido Popular a la alcaldía en El Ejido, Francisco Góngora, sostiene que: "En general, cuando un funcionario público comete una irregularidad se le abre expediente sancionador".

Desde Izquierda Unida -la coalición que, en 2007, puso los cimientos del caso judicial con el traslado a la fiscalía de documentación sobre la empresa en torno a la que, presuntamente, gira la trama- se considera una "barbaridad" que Alemán y su esposa mantengan su nómina del Ayuntamiento. La coordinadora local de esta formación, Rosalía Martín, defiende la apertura de un expediente disciplinario y que "sea la ley quien regule una posible sanción" a José Alemán.