El PP estudia recurrir el fallo del 'caso Nevada' y pedirá más derribos

Los condenados por el caso Nevada anunciaron ayer la presentación de un recurso contra la sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de Granada, mientras que el Partido Popular, que se personó como acusación, dejó abierta la puerta a una apelación en la que reclamaría más derribos.

El juez ha impuesto penas leves a tres de los principales acusados -el ex alcalde de Armilla José Antonio Morales, el ex concejal de Urbanismo Gabriel Cañavate, ambos socialistas, y al promotor inmobiliario Tomás Olivo- a los que ha condenado a siete meses de prisión y siete de inhabilitación por prevaricación urbanística en la tramitación de la construcción del centro comercial Nevada en la localidad granadina de Armilla. Los tres anunciaron ayer la presentación de un recurso. Los otros ocho acusados -cuatro concejales, dos arquitectos y dos abogados- han sido absueltos.

Los Verdes dice que los delitos contra el territorio "salen bien baratos"

Pero lo más llamativo de la sentencia es que apenas sí tendrá incidencia sobre el centro comercial de 275.000 metros cuadrados, uno de los más grandes de Andalucía, ya que el juez ordena derribar sólo un 1% de la gran superficie. El fiscal pedía su demolición "íntegra".

El vicepresidente del PP de Granada, Antonio Ayllón, aseguró que, si interponen el recurso, irá orientado también a que se tenga en cuenta el informe elaborado por peritos "neutrales" que establecía más derribos puntuales del centro que los que decreta la sentencia.

IU también anunció un recurso, aunque al no ser acusación particular tendrá que acordarlo con alguna de las partes personas. El portavoz de Los Verdes, Mario Ortega, anunció que recurrirá el fallo y criticó que, pese a a que la sentencia deja claro que ha existido un delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio, a los responsables "les sale bien barato" porque no han recibido el castigo de la demolición del edificio. En su opinión, la sentencia no hace ver a la población que hay que pagar por los delitos urbanísticos. Tanto el PP como los conservacionistas consideraron responsables a la Junta de Andalucía por no actuar a tiempo.

La delegada del Gobierno andaluz en Granada, María José Sánchez, expresó ayer el "máximo respeto" por la resolución judicial del caso Nevada y resaltó que "la Junta de Andalucía en todo momento hizo bien su trabajo y ha defendido siempre el cumplimiento de la legalidad urbanística, independientemente del color político de los ayuntamientos".

El Ayuntamiento de Armilla, gobernado por el PSOE, se mostró "satisfecho" por el fallo, que "avala" la legalidad de la "casi totalidad" del centro comercial, por lo que confía en que se puedan reanudar las obras "en el más breve espacio de tiempo". En un comunicado, el Consistorio afirma que la resolución supone "una inyección de optimismo para la economía local y especialmente para aquellos vecinos que se encuentran desempleados". También reprocha al PP su actitud, al personarse como acusación particular en el proceso porque, opina, "solo ha buscado paralizar el proyecto y conseguir réditos políticos".

Por su parte, la Confederación Granadina de Empresarios considera que la apertura del centro comercial Nevada supondría un "enorme revulsivo" para la economía granadina, al sostener que el proyecto generará "miles de empleos" y atraerá a personas de toda la provincia y de Andalucía.