"Sin terrenos, ni cuartos, ni nada"

Los ocho afiliados de la Asociación de Veciños da Recta no respiran arrepentimiento por esa sentencia del Tribunal Supremo que ellos suscitaron con su demanda y que ha puesto en jaque la continuidad del mayor polígono industrial de Galicia, la Plataforma Logística Industrial Salvaterra-As Neves (Plisan) o puerto seco de Vigo. Nunca han estado en contra de su implantación y la sentencia tampoco les reconoce los derechos que vienen reclamando, pero con ella han recibido la satisfacción íntima de ver en la picota a los promotores (Xunta, Autoridad Portuaria de Vigo y Zona Franca), a quienes acusan de someterles a un acoso sistemático para lograr su desalojo de viviendas y propiedades.

"Nos amenazaban como si fuéramos 'okupas' de nuestras propias casas"

"Ya pregunté a mi abogado si podríamos meter a todos en la cárcel"

"Nunca, en todos estos años, han tenido un momento para hablar con nosotros, para buscar una salida negociada", dice Alfonso Porto, presidente de la asociación. Los ánimos se crisparon con el proceso expropiatorio, en 2004. "Lo único que mostraban eran prisas, el polígono tenía que estar listo en tres años, decían, y que teníamos que aceptar sus condiciones".

Pero enseguida, cuando desde la Xunta se remitió a los propietarios las hojas de aprecio para proceder a las expropiaciones, afloró el desastre. El censo motivó las primeras protestas y manifestaciones de los afectados, gracias a las cuales se paralizó el proceso: en la revisión subsiguiente, aparecieron 2.600 propiedades que no figuraban en la primera relación.

En A Recta, el tramo de carretera de esa condición que cruza el polígono entre Salvaterra y As Neves, había cuatro viviendas, dos de ellas junto a sendas granjas y otra junto a la casa-almacén de Jesús Valenzuela, que es la única que aún sobrevive. "Ofrecían cantidades irrisorias, que no daban ni para construir la cimentación en otra parte, y durante semanas no paraban de llamar por teléfono, a casa y a los trabajos, para preguntar si ya habías retirado los muebles porque venían a derribar", recuerda Porto. "Nos amenazaban como si fuéramos okupas de nuestras propias casas. Las formas han sido insoportables, de pura dictadura".

En el verano de 2007 se ejecutaron los derribos manu militari, con imponentes despliegues policiales a la vista de todo el vecindario y sin siquiera pagar la ridiculez que decían. Menos el almacén mayorista de ultramarinos y la casa de Jesús Valenzuela, que siguen en pie. "Hace 30 años pagué por este terreno cinco veces más de lo que quieren pagarme ahora por él", afirma el comerciante

Valenzuela acordó una indemnización por trasladar su almacén al área prevista para las pymes, al norte del propio polígono. "No me habían dado ni cuartos ni terrenos y un buen día [en 2006] aparecieron 50 policías y guardiaciviles para echarme de aquí. '¡Solo faltan los carros de combate!', les dije. ¡Querían cerrar el almacén y que todo se pudriera dentro, cientos de millones de pesetas!".

No lo consiguieron. El mismo juez que autorizó el desalojo anuló su propio auto "cuando comprobó la ocultación de datos y las mentiras que había fabricado el abogado de la Xunta". Un día acudieron con un notario para hacerle entrega del terreno comprometido y allí mismo, en el erial del polígono, clavaron unas estacas: "'Este es tu terreno', me dijeron. 'Pero si no lo hemos medido', protesté. 'Es igual, ya lo ajustaremos más adelante'. 'Pero, para poder construir, tendría que estar urbanizado...' No lo quise recibir, y aquí seguimos con la bronca". Los inspectores de la Xunta han levantado decenas de actas de infracción de su negocio. "Cuando no era el de Industria, era el de Sanidade, o el de Comercio, o el de Traballo, sin pies ni cabeza... Hemos sufrido lo indecible. A mi mujer le dio un derrame cerebral, estuvo a punto de morir, yo también he andado desquiciado".

El almacén, una nave de 1.000 metros cuadrados, se ha quedado pequeño, y toneladas de mercancías se amontonan por los pasillos, que deberían estar expeditos para facilitar su trasiego y ordenamiento en los estantes. Por eso le han denunciado. "No puedo ampliarlo. Estoy en un limbo: sin terrenos, ni cuartos, ni nada. Ya pregunté a mi abogado si podríamos meterlos a todos en la cárcel".

Cuando entró la Xunta bipartita pensaron que las cosas cambiarían, "pero ya nos han demostrado que son todos igual", dice Porto. "Les ha faltado a todos mucho tacto, y nosotros no vamos a dejar de defender nuestros derechos hasta donde haga falta", promete.