"Engañó a los ancianos para quedarse con todo"

"Los engañó, manipuló y cambió su voluntad para quedarse con sus joyas, dinero y hasta la casa". La aseveración la realizó ayer el fiscal en su informe final del juicio celebrado en al Audiencia de Alicante contra la dueña de una residencia por amañar a su favor los testamentos de siete ancianos del centro. En la sesión de ayer, dos forenses certificaron que los ancianos afectados por la estafa tenían mermada su capacidad mental.

Los hechos ocurrieron entre 1996 y 2002 en la residencia Santa Teresa de Jesús de Mutxamel. La autora de la supuesta estafa es María Josefa Sánchez Díaz, dueña y directora del geriátrico. En sus conclusiones definitivas, el fiscal elevó un año la pena global para la procesada, que se enfrenta a un total de 12 años y nueves meses de prisión por siete delitos de estafa y otro en grado de tentativa. El ministerio público fijó una indemnización global de 224.000 para los familiares. El fiscal pidió, además, la nulidad de una decena de escrituras notariales en las que otros afectados cedían propiedades, dinero y joyas a la acusada.

Los forenses dicen que los afectados tenían mermada su capacidad mental

De los siete ancianos que variaron sus testamentos, los forenses sólo pudieron evaluar la capacidad mental de dos. Los cinco restantes habían fallecido antes de comenzar la investigación judicial. El primer médico forense explicó al tribunal que una de las afectadas que examinó, una señora de avanzada edad, presentaba un cuadro de demencia senil de grado medio. En su opinión, esta alteración mental le incapacitaba para tomar decisiones del calibre como declarar heredera a la directora del geriátrico. El segundo perito señaló que el anciano que evaluó no llegaba a presentar un cuadro senil, pero sí una pseudodemencia depresiva por la muerte de su esposa. Ese estado psicológico, según el forense, le provocaba una disminución de su capacidad mental que le impedían ser consciente de un acto como variar su testamento.

En su informe final, el fiscal enfatizó que, con independencia del grado de capacidad mental de los afectados, existen datos objetivos para sostener que la dueña del geriátrico logró, "mediante artimañas", que los ancianos la declararan su heredera universal. "Todas las operaciones de cambio de testamento se producen a los tres o cuatro meses de estancia de los ancianos en la residencia con la excusa de saldar la deuda contraída por la estancia, pero existían otras fórmulas de reclamar en vez de optar por quedarse con todos sus bienes, absolutamente todos", argumentó. "Y para ello, no dudó en aprovecharse de la situación de especial dependencia de los ancianos respecto a ella", añadió.

Por su parte, la defensa solicitó la libre absolución de la acusada. "Puede que la actuación no fuera normal, pero estos actos legales [modificación de testamenos y otorgamiento de poderes] no se corresponde a un delito de estafa", aseveró el letrado. La acusada en su alegato final dijo: "Siento los problemas, pero no me siento culpable de lo que me quieren acusar".